domingo, 28 de febrero de 2016

Histórica condena de 360 años contra dos militares en Guatemala por delitos de lesa humanidad

Un tribunal de Guatemala dictó este viernes condenas de 120 y 240 años de prisión a un teniente coronel retirado y a un exparamilitar, respectivamente, por los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y asesinato durante el conflicto armado interno que vivió el país centroamericano.EFE/Esteban Biba

La jueza Jazmín Barrios, del Tribunal A de Mayor Riesgo, dio lectura este viernes a la sentencia, al entender que tanto el teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el excomisionado (colaborador civil) del Ejército Heriberto Valdéz Asij hicieron con sus actos "un daño irreparable" a "toda una población".

El teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón (d) y el exparamilitar Heriberto Valdéz Asij (i) escuchan condena ante un tribunal en Ciudad de Guatemala 


Reyes y Valdez fueron juzgados por someter a esclavitud sexual a 15 mujeres de la etnia maya q'eqchi' y fueron acusados de los delitos de asesinato, desaparición forzada y de lesa humanidad (deberes contra la humanidad según la calificación legal guatemalteca).


Durante 20 días, la Fiscalía presentó ante el Tribunal las pruebas y argumentos para demostrar la participación de los dos imputados en crímenes de guerra entre 1982 y 1983 en el destacamento de Sepur Zarco, en el departamento caribeño de Izabal.
Mujeres víctimas de esclavitud sexual asisten a una audiencia de condena contra el teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el exparamilitar Heriberto Valdéz Asij en un tribunal en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

En la fase final del juicio destacaron los testimonios de 11 mujeres que sufrieron abusos sexuales y que fueron forzadas a cocinar para los integrantes del Ejército en el destacamento castrense, sin que Reyes lo impidiera. La sentencia reconoce que se cometieron vejámenes contra las mujeres de la región, quienes sufrieron esclavitud sexual, violaciones, desapariciones forzadas de sus esposos e hijos, malos tratos, discriminación, así como la perdida de sus viviendas.

Durante el proceso los imputados negaron su participación en los hechos.

La Fiscalía había solicitado penas de 340 años de cárcel contra Valdéz Asij, por el delito de desaparición forzada de Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc; y 60 años por el ilícito de deberes de humanidad.
La premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú asiste a la audiencia de condena contra el teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el exparamilitar Heriberto Valdéz Asij  en un tribunal en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Para Reyes Girón el MP había pedido 1.290 años de prisión inconmutables: 360 años de prisión por esclavitud sexual; por esclavitud domestica, otros 360; por violencia sexual, 360; por delitos humillantes y degradantes, 60, y 150 por el asesinato en agravio de Dominga Coc y las niñas Anita Seb Coc y Herlinda Coc.

El juicio por esclavitud sexual durante el conflicto armado es el primero que se celebra en Guatemala y ha sido seguido de cerca, entre otros, por las premios Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú y la estadounidense (1997) Jody Williams.

Barrios citó a las partes para el próximo 4 de marzo, a las 15:00 hora local (21:00 GMT), para dar lectura "íntegra" a la sentencia. 

martes, 23 de febrero de 2016

¡¡ ARRIBA LOS QUE LUCHAN !! NO AL PROTOCOLO REPRESIVO !! 23


 Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
Buenos Aires, Argentina

COMUNICADO DE PRENSA

CABA, 23/2/2016

Organismos de Derechos Humanos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se autoconvocarán este martes 23 de febrero a las 19hs en Callao y Corrientes para denunciar al "Protocolo Contra la Movilización en la Vía Pública" sancionado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich

A poco de cumplirse 40 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, esta medida del gobierno del gobierno de Mauricio Macri es un tremendo retroceso en las libertades democráticas y un atentado a la democracia

Es por esta razón que organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia asumiendo, como siempre lo hicimos ante todo gobierno,  nos concentraremos este martes a las 19hs en Callao y Corrientes para denunciar esta nueva violación a los Derechos Humanos

Así como en los años anteriores nos opusimos a proyecto de leyes similares impulsadas por el gobierno de Cristina Fernández, hoy convocamos al Pueblo y a sus organizaciones a oponerse y movilizarse contra este nuevo Protocolo de Limitación de la protesta. 

Y el 24 de marzo  marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Congreso a Plaza de Mayo

Reivindicando a los 30000 COMPAÑEROS DETENIDOS – DESAPARECIDOS
Exigiendo el Juicio y Castigo a todos los genocidas por todos los compañeros
Contra el Protocolo de Limitación de las Manifestaciones
Por la Derogación de las Leyes Antiterroristas y toda legislación represiva
No a la criminalización de la Protesta, la Pobreza y la Juventud


ASOCIACION DE EX – DETENIDOS DESAPARECIDOS


 (Fotos Olga Morales)















lunes, 15 de febrero de 2016

Italia, el país donde la tortura no es delito

Ficha de la Interpol del sacerdote italoargentino Franco Reverberi. EM

El vacío legal facilita la impunidad de prófugos de la dictadura argentina como el sacerdote italoargentino Franco Reverberi" Italia se está convirtiendo en un refugio de torturadores"

Roma@monicabernabe1

Hasta cuatro testimonios identificaron al sacerdote italoargentino Franco Reverberi como el capellán del ejército que asistía a las sesiones de tortura en los calabozos de la denominada Casa Departamental, en la localidad argentina de San Rafael, durante la dictadura de Jorge Videla. El 15 de noviembre de 2012, el juzgado federal de San Rafael ordenó la detención inmediata del cura por negarse a declarar ante el tribunal por su presunta implicación en las torturas, y solicitó a Italia su extradición a Argentina, ya que Reverberi vive ahora en un pueblecito cerca de Parma. 

Y ahí sigue, porque la Justicia italiana rechazó la extradición del capellán. 

¿Por qué? Aunque suene surrealista, el delito de tortura no existe en el código penal italiano, y el de lesiones ya prescribió. Los hechos que se imputan al sacerdote ocurrieron en 1976, y el delito de lesiones vencía a los 22 años y seis meses. Ahora ya es tarde para juzgarlo."Italia se está convirtiendo en un refugio de torturadores", lamentan fuentes oficiales de la embajada argentina en Roma, que prefieren mantener el anonimato. La legación diplomática recurrió al Tribunal Supremo de Casación italiano la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Bolonia que denegaba la entrega del cura, y también ha solicitado extraditar a otros dos militares italoargentinos por la misma razón.

 Pero, en todos los casos, se ha topado con el mismo muro: un vacío legal inaudito. El Parlamento italiano lleva siglos discutiendo un borrador de ley para introducir el delito de tortura en el código penal, sin que los partidos lleguen a un consenso, ni se produzcan avances significativos. "Existe gran presión de los sindicatos policiales. Consideran que introducir el delito de tortura supone criminalizar a las fuerzas de seguridad", explica Patrizio Gonnella, presidente de la asociación Antigone, impulsora de una campaña por el reconocimiento de la tortura como delito, en la que participa Amnistía Internacional. 

El padre Reverberi, de 78 años, vive ahora en Sorbolo, un plácido pueblo situado a una decena de kilómetros de Parma, en el norte de Italia. Allí es una persona respetada. Es el párroco que se encarga de las confesiones y también oficia algunas misas. Reside en una habitación en la rectoría, justo detrás de la iglesia."El domingo es el peor día para encontrarlo porque está en misión. 
Va de una aldea a otra, lo invitan a comer las familias, no tiene teléfono móvil y regresa tarde por la noche", explicó a esta periodista otro párroco de la iglesia, Aldino Arcari, para asegurar que era imposible localizar al padre Reverberi en Sorbolo el domingo pasado. "No sé qué ocurrió en Argentina. Sólo sé que la última vez que un periodista vino a preguntarle por ello se puso violeta", añade el cura, sin dar más explicación. En el pueblo nadie quiere hablar. Tres personas que conversan ante la iglesia tras la misa callan de golpe cuando se les pregunta si saben que la Justicia argentina reclama a Reverberi. "No, no lo sabemos", acaba respondiendo uno con cara de circunstancias. "¿Cómo puedes decir eso? ¡Acabamos de tomar la comunión!", exclama una señora escandalizada. "Bueno, sí, lo sabemos. Pero eso ya es una historia pasada. No lo extraditaron", justifica un tercero. "El padre Reverberi es una persona buena y tranquila. No lo podemos juzgar por lo que hizo en el pasado. Dios dirá", concluye. 

Pero para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael no se trata de una historia pasada. La organización argentina ya ha enviado dos cartas al Papa Francisco solicitando que interceda en el caso. En la primera recibió acuse de recibo. En la segunda, ni eso. "Reverberi llegó a declarar ante el tribunal de San Rafael en 2010", explica por teléfono desde Argentina Silvana Yomaha, secretaria coordinadora de la APDH. 
"Varios testigos lo identificaron y entonces es cuando escapó", detalla. La asociación no entiende que el cura pueda vivir tranquilamente en Italia y nadie haga nada. "Todo el mundo recurre al Papa como si él lo pudiera solucionar todo", se defiende el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. "Si la Justicia italiana no lo ha extraditado, ¿qué podemos hacer?". 

Arturo Salerni, uno de los abogados contratados por la embajada argentina, intentó conseguir la extradición apelando a las normas de carácter internacional firmadas por Italia, como la Convención de la ONU contra la tortura. Pero ni por ésas. "Es necesaria una ley que convierta la prohibición internacional de la tortura en un delito", afirma la sentencia del Tribunal Supremo de Casación.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno italiano en abril del año pasado a indemnizar con 45.000 euros a Arnaldo Cestaro por haber sido víctima de tortura por parte de las fuerzas del orden italianas durante la celebración del G-8 en Génova en 2001 y no haber conseguido Justicia en Italia.
 Existen casos similares en el país. Roma está indemnizando directamente a estas supuestas víctimas para evitar que recurran a Estrasburgo.