jueves, 9 de julio de 2015

UN REPRESOR CAYÓ EN bRASIL : Roberto González es uno de los acusados por el crimen de RODOLFO WALSH

La policía de Rio Grande do Sul arrestó a González, de 64 años, prófugo de la Justicia argentina. El ex policía está imputado por su participación en delitos de lesa humanidad que son juzgados en la megacausa ESMA.

El represor Roberto Oscar González, uno de los prófugos históricos de la megacausa ESMA, acusado del asesinato del periodista y militante Rodolfo Walsh, fue capturado por la Policía Federal de Brasil en Rio Grande do Sul. Agentes de esa fuerza, que representan allí a Interpol, arrestaron al ex policía González, de 64 años, requerido por la Justicia argentina por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

De acuerdo con la información relevada por medios brasileños, el represor prófugo con pedido de captura de Interpol residía desde hace casi una década en la ciudad de Viamao, a poco más de 40 kilómetros de Porto Alegre, una de las ciudades más importantes de Brasil y capital del estado de Rio Grande do Sul. González fue uno de los responsables del asesinato del periodista, escritor y militante montonero Rodolfo Walsh.
Según la investigación judicial del crimen, Walsh fue asesinado el 23 de marzo de 1977 entre las 13.30 y las 16, cuando intentó sacar su pistola calibre 22 para que no pudiera capturarlo con vida un grupo de represores que lo esperaba en una cita “cantada”, como se denominaba cuando los militantes eran infiltrados por sicarios del terrorismo de Estado y acudían a un encuentro sin saber que serían secuestrados o asesinados. Cuando Walsh intentó sacar su arma, “un grupo de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, integrado por unas 30 personas, comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó en la avenida San Juan, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos”, consta en el expediente.

Pese a versiones previas, según las cuales lo secuestraron herido pero vivo, la investigación judicial concluyó que la muerte se produjo inmediatamente y que lo cargaron ya sin vida en un auto para trasladarlo a la ESMA “sin poderse precisar, al día de la fecha, el destino dado a sus restos”. Además de González, están acusados por el asesinato de Walsh Julio César Coronel, Enrique Yon, Ernesto Frimon Weber, Pedro Osvaldo Salvia, Juan Carlos Fotea, Juan Carlos Linarez, Gonzalo Sánchez, Roberto Naya, Carlos Orlando Generoso y el ya fallecido Héctor Antonio Febres. También estuvieron involucrados en el crimen Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Rédic y Jorge Vildoza.

Salvia, de 63 años, vivía con González en Viamao, pero falleció el 18 de junio último en el hospital de Cardiología de esa ciudad, según un comunicado de la policía local. “Los dos eran buscados en Brasil hacía más de diez años y fueron localizados en Viamao, en donde vivían”, señaló el mismo informe policial. Tras el arresto, González fue alojado en celdas de la Policía Federal en Porto Alegre hasta su próximo traslado a una prisión regional, en la que aguardará que el Supremo Tribunal Federal de Brasil se pronuncie sobre la extradición pedida por la Argentina. González era uno de los represores prófugos, acusados de delitos de lesa humanidad, por los que el gobierno argentino ofrecía recompensas.

En febrero de 2013 había sido detenido en un balneario de Angra dos Reis, al sur de Río de Janeiro, el ex prefecto Gonzalo Sánchez, otro miembro del Grupo de Tareas 3.3 de la Armada, con el que participó del operativo en el que fue asesinado Walsh. Sánchez había logrado burlar a la Justicia durante más de siete años y era uno de los cinco prófugos históricos de la megacausa ESMA, entre ellos el capitán retirado Jorge Vildoza, sobre quien nunca pudieron ser confirmadas las versiones acerca de su muerte, y el ahora capturado González.

En abril de 2010 durante el juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA, Patricia Walsh, hija de Rodolfo, había reclamado por el destino del escritor. “Yo le pido al Tigre Acosta que nos digan qué hicieron con su cuerpo, qué hizo con los restos mortales de Rodolfo Walsh.” En su testimonio, pidió a los represores sentados en el banquillo la devolución del original del último cuento escrito por su padre, “Juan que iba por el río”, robado por los militares que allanaron la quinta donde vivía en San Vicente luego de abatirlo. La ex diputada pidió que se preserve el campo de deportes de la ESMA, donde presume fue “quemado” el cuerpo de su padre y el de muchos otros detenidosdesaparecidos que no eran arrojados al río en los “vuelos de la muerte”. Patricia Walsh destacó que en su Carta Abierta a la Junta Militar, enviada por el escritor el mismo día en que fue asesinado, Rodolfo Walsh no sólo consideraba violaciones a los derechos humanos la tortura y el secuestro, sino también la deuda externa, el hambre y la desocupación. Y expresó su voluntad de que los responsables de los delitos de lesa humanidad pagaran con el máximo de la condena.

jueves, 2 de julio de 2015

Impulsan expropiación del predio de la Sociedad Rural de Junín

Así lo anunció Edgardo Moyano, abogado del CeProDH y precandidato a primer diputado provincial por la Cuarta Sección por el PTS en el FIT. También señaló la protección judicial que impera sobre José Luis Camarro, ex policía bonaerense, denunciado por ser autor de desapariciones, torturas y violaciones durante la dictadura. Sin embargo, Camarro sigue trabajando en el Poder Judicial.
Gloria Pagés  -  Hermana de desaparecidos | CeProDH

Las denuncias se conocieron por parte de víctimas de Camarro durante el juicio que se lleva adelante en el Juzgado Oral número 1, en la localidad bonaerense de Junín, contra siete ex militares y policías bonaerenses por secuestros y torturas a 24 personas.

Los testimonios de víctimas y sobrevivientes abrieron una verdadera caja de Pandora, ya que además de las acusaciones contra Camarro, que no estaba entre los acusados, se denunció a la Sociedad Rural de Junín por haber sido el sitio donde se alojaba a los detenidos desaparecidos, más precisamente en un sector dentro del predio llamado Punto 1.

Junín está conmocionada porque Camarro se desempeña hoy en la ayudantía de la Fiscalía de Lincoln. Y, a pesar de testimonios escalofriantes que lo sindican como autor de graves delitos, ni siquiera el Poder Judicial lo ha removido de su cargo. Simplemente le otorgaron una licencia por el tiempo que dure el juicio.

Sobre estos graves hechos, Edgardo Moyano anunció que “con los diputados del PTS-FIT, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, presentaremos en el Congreso Nacional un proyecto de expropiación del predio de la Sociedad Rural donde funcionó el denominado “Punto 1” como lugar de detención de victimas del terrorismo de Estado. La Sociedad Rural no solo apoyó el golpe, sino que participó activamente en el terrorismo de Estado y es una de las principales beneficiadas al día de hoy con el modelo económico implementado por la dictadura”.

Christian Castillo, desde la Legislatura provincial, ya impulsó un proyecto de estas características con el predio denominado “el quincho” de la fábrica Ford, en general Pacheco, donde funcionó un centro clandestino de detención. La aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se logró con una intensa campaña, y se está a la espera que lo apruebe el Senado.

Sobre la designación de Camarro en la la ayudantía fiscal de Lincoln, Edgardo Moyano, quien también integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, afirmó que “presentaremos un repudio y pedido de explicaciones al Ministerio Público Fiscal desde el Congreso Nacional sobre esta nefasta situación, y exigiremos la expulsión de Camarro y el juicio y castigo por su participación en el terrorismo de Estado”. Esta situación cobró mayor notoriedad cuando se supo, a fines del año pasado, que era el chofer del Fiscal General del Departamento Judicial Junín, Juan Manuel Mastrorilli.

La figura de Camarro es siniestra: durante el proceso que se desarrolla se lo señaló como quien participó en la desaparición de Adrián Romié y Gilberto Mesa, dos víctimas del juicio. “Camarro me levantaba en cualquier lugar y me llevaba al hotel Los Pinos, a un monte que está cerca de Roca, y me violaba. Hacían lo que querían conmigo”, dijo María Elena Etchart una de sus víctimas, también en su cruda declaración en el juicio.

Varios testigos lo ubican como un torturador de la Comisaría Primera (uno de los centros clandestinos de detención de la ciudad) e indican que además Camarro era el carcelero, quien abría y cerraba los cerrojos cuando los secuestrados por el Estado eran trasladados a las sesiones de tortura.

“La impunidad que ostenta Camarro no sería posible sin el aval del poder político local. El Ministerio Público Fiscal, que es quien debe impulsar la investigación, debe dar explicaciones sobre la nueva designación”, dijo Moyano y agregó que “cuando Sergio Massa dice que hay que mirar para adelante y no hablar mas del pasado, cuando el FpV propone a Scioli como presidente y ninguno de los candidatos locales se pronuncia sobre esta grave situación, se prepara el terreno para que personas como Camarro sigan impunes y caminando por las calles”