La Tablada: la Corte ordenó reabrir la causa por los desaparecidos del MTP

Hay cuatro militantes desaparecidos

La decisión del máximo tribunal revocó el sobreseimiento que la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín le otorgó al general Arrillaga y al mayor Varando, ambos acusados por la desaparición de dos militantes del MTP.

Pablo Waisberg

En la última reunión del año, la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento por prescripción del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando. Ambos están imputados por el homicidio agra los fusilamientos de Iván Ruiz y José Alejandro “Maradona” Díaz, dos de los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que fueron detenidos con vida durante el copamiento del cuartel de La Tablada, en 1989, y continúan desaparecidos.

“Esta Corte comparte y hace suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones de la señora Procuradora General (Alejandra Gils Carbó), a cuyos términos se remite en razón de brevedad”, señaló la resolución en su primer párrafo. El texto, que fue aprobado por la ministra Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, revocó el sobreseimiento que había confirmado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible.

El 23 de enero de 1989,  un grupo de 46 militantes del MTP irrumpieron en el cuartel de La Tablada. El enfrentamiento duró dos días y durante ese combate se cometieron casi todos los crímenes de la última dictadura: torturas, fusilamientos extrajudiciales, desapariciones forzosas y rapiña de los bienes de las víctimas. Lo único que no  hubo fue apropiación de niños.

Ruiz y Díaz fueron detenidos con vida el 23 de enero por la tarde -según se observa en la serie de fotografías que tomó Eduardo Longoni- pero sus cuerpos nunca aparecieron.  Según el relato elaborado por el Ejército, los detenidos –que llevaban varias horas de combate con mala hidratación y deficiente alimentación- fueron entregados a Varando, quien luego se los dio a otro militar al que lograron burlar y escaparon de un cuartel que estaba rodeado por un cerco policial y militar. El militar al que Varando dijo que le entregó a los detenidos apareció muerto.

La Cámara Federal de San Martín había considerado que la acción penal contra Arrillaga y Varando –también acusado por la muerte de un manifestante durante la represión del 20 de diciembre- había prescripto. Arrillaga está condenado por delitos de lesa humanidad en lo que se conoció como la “Noche de las corbatas”, el secuestro y desaparición de abogados laboralistas, ocurrido en Mar del Plata en 1977.

Pero Marta Díaz y Aurora Sánchez Nadal interpusieron un recurso de casación sosteniendo que esa decisión implicaba incumplir con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  había dispuesto en el año 1997. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este recurso  por considerar que la recomendación no era obligatoria para el Estado argentino.

Por eso, el caso fue presentado ante la Corte, que remitió el dictamen a la procuradora general Gils Carbó, quien consideró que la Cámara había desconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “imprescriptibilidad de la acción penal” en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Y recordó los antecedentes que fijó el caso del joven Walter Bulacio, asesinado en una comisaría de la Policía Federal, en 1991.

La decisión que la Corte tomó esta mañana remite al dictamen de Gils Carbó: hizo lugar el pedido de la querella y revocó la decisión dictada por la Cámara Federal de Casación Penal. Para ello tomó en cuenta que, en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruíz, según el informe 55/97 (caso 11.137 “Abella, Juan Carlos”).

Los casos de Ruiz y Díaz no son los únicos donde se produjeron desapariciones forzosas luego de que los militantes del MTP, que habían ingresado al cuartel de La Tablada, se habían rendido. Carlos Samojedny y Francisco Provenzano, ambos integrantes de la conducción del MTP, se rindieron con vida en la mañana del martes 24 de enero y los llevaron junto a los otros 14 asaltantes a una oficina en los fondos del cuartel.

Según las denuncias de los sobrevivientes, allí los desnudaron y torturaron a todos. Después preguntaron por Samojedny y Provenzano, se los llevaron aparte y nunca más aparecieron. También denunciaron fusilamientos o ejecuciones sumarias de asaltantes rendidos y heridos como Berta Calvo y Pablo Ramos, que fue detenido y su cuerpo apareció con ocho balazos, uno de ellos disparado de cerca y en la cabeza.

Un recuerdo de la Masacre de San Patricio serviría para identificar a los responsables

Estaba conservada en una capìlla de la parroquiaLa bala incrustada en una cruz de madera será peritada  como parte de la investigación para conocer quién mató a los curas palotinos.
Gerardo Aranguren

Mariano Pinasco - "Esa cruz y la alfombra forman parte de lo que quedó. Las reliquias", contó el sacerdote palotino - Foto: Santiago Pandolfi

En una capilla dentro de la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio los palotinos conservan un altar con los recuerdos de la masacre de San Patricio, el 4 de julio de 1976: la alfombra con las marcas que dejaron las decenas de disparos con los que remataron a los 5 sacerdotes y una cruz realizada con el parquet de ese piso agujereado con una bala en su centro.
Se trata de los objetos más preciados para la comunidad y cada aniversario del asesinato de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, son colocados sobre el altar y venerados en la iglesia ubicada en la esquina de Estomba y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano.

Estos elementos, resignificados por la comunidad religiosa de San Patricio, ahora podrían además convertirse en prueba judicial. Al menos una de ellas. La bala incrustada en el centro de la cruz de madera será peritada por orden del juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa judicial que avanza de a poco con la reconstrucción del hecho y en la identificación de los autores, a más de 38 años de la masacre.

La cruz fue creada y enmarcada en 2006, cuando se levantó el parquet original de la habitación del primer piso de la casa parroquial donde fueron asesinados los curas tercermundistas. Al remplazar el piso, agujereado hace casi cuatro décadas por los disparos, encontraron el proyectil. "Con esa bala y los pedacitos de parquet hicieron una cruz que exhibieron al lado de la alfombra. Forman parte de lo que quedó. Las reliquias", reconstruyó en diálogo con Tiempo el sacerdote palotino Mariano Pinasco.
El 30 de octubre pasado, por orden de Torres, un grupo de funcionarios judiciales y peritos realizó una inspección ocular en la iglesia de San Patricio y en la casa parroquial, y se llevó el cuadro para ser analizado.
La cruz con el proyectil fue enviada a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, donde tratarán de obtener rastros de ADN. Luego, será llevada a la División Balística de la Policía Federal para tratar de identificar con qué armas se corresponde la bala, conocer la trayectoria, distancia, antigüedad o cualquier dato que permita determinar algún detalle más sobre el hecho. "Los peritos sostienen que podría servir, no importa que el proyectil tenga casi 40 años", señalaron fuentes judiciales.

De la inspección participaron dos especialistas designados por el juzgado de Torres, uno de Gendarmería y otro de Prefectura. Además de analizar este proyectil, los dos peritos deberán trabajar con las balas que están en la justicia desde los días posteriores a la masacre.
El objetivo principal de los dos estudios balísticos es tratar de determinar qué fuerza integraban los autores del hecho. Para eso, el juzgado ya tiene en su poder un informe del Ministerio de Defensa sobre el armamento que utilizaban las fuerzas de seguridad y militares en la última dictadura.

LA CAUSA JUDICIAL. El juez Torres, a cargo de la megacuasa ESMA, tiene una competencia provisoria sobre el expediente de los palotinos. En 2006 hubo 17 miembros del Grupo de Tareas de la ESMA procesados a partir del testimonio de sobrevivientes del centro clandestino que escucharon a Antonio Pernías, alias "Rata" o "Trueno", jactarse de haber participado. Sin embargo, la Cámara Federal porteña les dictó la falta de merito al considerar que no había pruebas suficientes para señalar a los represores de la Armada.
El peritaje servirá para confirmar o descartar la participación de la Marina en el hecho.
El juzgado también baraja otra hipótesis que señalaría a la Policía Federal. Dos días antes, había sido volada Coordinación Federal en un atentado y esa misma semana se produjeron al menos tres fusilamientos como represalia. Ese dato cobra fuerza a partir de uno de los mensajes escritos en la pared donde fueron asesinados los cinco sacerdotes: "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria."

ARCHIVOS DEL VATICANO. "Como sucedió con el juicio de Angelelli, el juez tiene que mandar a pedir que se abran los archivos del Vaticano", señaló el sacerdote Pinasco sobre los documentos aportados por la Santa Sede al juicio oral por el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

A partir de una reforma legal realizada por el Papa Francisco, los jueces y fiscales pueden pedir al Vaticano la apertura puntual de alguno de los archivos relacionados con la última dictadura.

"Sería interesante conocer el informe que envió el nuncio apostólico en la Argentina, Pío Laghi", agregó Pinasco. Un indicio de lo que sabía Laghi quedó expresado en un cable secreto filtrado por WikiLeaks. Días después de la masacre, el nuncio apostólico durante la dictadura detalló a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que los autores habían sido agentes de las fuerzas de seguridad que operaron "sin orden oficial de sus superiores" con el objetivo de "limpiar la Iglesia". 

Permiten salir del país a acusados por la represión (¿¿??)

Un juez subrogante les concedió la autorización. Están procesados por dos asesinatos y el secuestro de tres niños en la dictadura

La justicia federal platense permitió la salida del país a los seis ex militares del Batallón de Comunicaciones del Comando 601 de City Bell, acusados de dos asesinatos y el secuestro de tres nenes durante la dictadura, a quienes la semana pasada había liberado al dictarles "falta de mérito". La Unidad Federal Fiscal de La Plata, con competencia en delitos por crímenes de lesa humanidad, adelantó que hoy apelará la medida.

La resolución fue firmada ayer por el juez en lo civil, comercial y contencioso administrativo, Alberto Osvaldo Recondo, quien subroga el Juzgado Federal Nº3 con competencia penal de La Plata. Es el mismo juez que la semana pasada había liberado a los militares con el argumento de que no conocían el plan criminal de la dictadura.

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira habían pedido que se mantenga la restricción de salir del país para los seis ex militares, mientras la Cámara Federal resuelve la apelación por la liberación, para evitar posibles fugas puesto que, además, los acusados siguen procesados. Sin embargo, ayer Recondo resolvió remover esa restricción.
Los fiscales adelantaron que hoy apelarán esta nueva resolución, y advirtieron que lo dispuesto por el juez subrogante es "un llamado de atención en cuanto a la actitud del juez". "Lo llamativo es que un juez que no tiene acreditada experiencia técnica en la materia (de lesa humanidad) tome esta determinación", señaló Nogueira.

Los siete militares habían sido detenidos a principios de octubre acusados de asesinar a los militantes montoneros María Nicasia Rodríguez y Arturo Alejandrino "Silver" Jaimez, y de secuestrar a sus tres hijos de 2, 10 y 12 años en Berazategui en 1977. En la apelación por la liberación, los fiscales señalaron que el juez retomó el espíritu de la derogada Ley de Obediencia Debida: dejó preso al jefe Néstor Horacio Falcón (84 años) y liberó al resto, aduciendo que no podía acreditar que por sus rangos conocieran el plan criminal de la dictadura.

Impugnan la designación de un fiscal: lo acusan de favorecer a Milani

Lo hará hoy la familia del conscripto Ledo, desparecido cuando el jefe del Ejército era su superior.
En la mira. Milani, acusado por su actuación durante la dictadura.

La madre y la hermana del soldado Alberto Agapito Ledo desaparecido en Tucumán durante la dictadura, impugnarán hoy ante el Senado de la Nación la inminente designacion de Pablo Camuña como titular de la Fiscalía Federal N° 2 de esa provincia y de Edgardo Bertini, quien tambien se postula como Defensor Oficial titular en la Justicia Federal de Tucumán. La impugnación es por haber favorecido al jefe del Ejército, César Milani, "a pesar de las múltiples pruebas y testimonios que hay en su contra".

Actualmente, Camuña es fiscal ad hoc, al igual que Bertini, que es defensor oficial ad hoc en la justicia federal tucumana. Camuña es impugnado porque "cuando los senadores radicales (Gerardo) Morales y (José) Cano presentaron su denuncia contra Milani por haber participado de la represión durante la dictadura en Tucumán. Camuña en su calidad de fiscal desestimó la denuncia con el insólito argumento de que el llamado Operativo Independencia había finalizado con el golpe de Estado de 1976, cuando en realidad la represión de acentuó aún más después de esa fecha".

Y a Bertini lo impugnan por haber tomado la declaración a favor de Milani de un ex soldado riojano, "plagado de contradicciones" y por haber negado en una oportunidad que era el defensor de Milani, "por lo cual fue denunciado en la Defensoría General de la Nación".

Graciela Ledo dijo a Clarín que si Camuña llega a ser titular de la Fiscalía N° 2 de Tucumán, postulado por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, "tenemos el fundado temor de que finalmente se termine de desincriminar totalmente a Milani, no sólo de la causa de la desaparición de mi hermano, sino de la tremenda violación de derechos humanos que ocurrieron en nuestro país y especialmente en Tucumán".

Detienen en Chile a ex jefe de seguridad de Pinochet

El ex coronel Cristian Labbé fue uno de los más desaforados partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet.

Por Enrique Gutiérrez, corresponsal

 
Uno de los más desaforados partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet, el ex coronel Cristian Labbé, fue detenido.

Pese a ser uno de los fundadores de la policía secreta DINA en la escuela de ingenieros militares de Tejas Verdes, en el litoral central, a fines de 1973, Labbé nunca había sido procesado. Aficionado a las motos, después fue jefe de los escoltas del fallecido Augusto Pinochet e incluso se dice que mantuvo un romance con una de sus hijas, Jacqueline. El hecho nunca ha sido desmentido pero recurrentemente se ha afirmado que es el padre de uno de sus cinco hijos.

Labbé está acusado del secuestro y ejecución de 13 personas. Un ex preso político, Anatolio Zárate y un ex militar, Héctor Salvo, se encuentran entre sus acusadores. El vocero oficial Alvaro Elizalde, se limitó a decir que éste es un caso judicial que se encuentra en tramitación en los tribunales.

Temprano, este lunes, la juez especial de la corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó la detención del coronel en retiro, quien al salir Pinochet de La Moneda, se jubiló y se integró a la neofascista UDI, siendo alcalde de la comuna de Providencia, por varios períodos.
Junto a Labbé se encuentran procesados otros nueve oficiales en retiro, quienes son notificados en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El diputado Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos, dijo que siente “una profunda satisfacción” por la detención de Labbé y como iniciador de los procesos en su contra, indicó que hay muchos testigos, incluso varios ex funcionarios del Ejército que le acusaron por estos horrendos crímenes. Destacó, entre otras cosas, las bestiales torturas y violaciones a alumnas secundarias de padres izquierdistas.

Gutiérrez indicó que Labbé, en ese momento un teniente, fue colaborador cercano del asesino Manuel Contreras Sepúlveda, jefe en 1973 del regimiento de Tejas Verdes. El parlamentario manifestó que incluso en dicho regimiento se torturó a miembros de Carabineros que se habían negado a apoyar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Héctor Patricio Salvo Pereira, a la fecha aspirante a oficial de reserva, fue llamado a prestar servicio en Tejas Verdes, en la Agrupación de Patrullaje Nocturno, comandado por el mayor Mario Alejandro Jara Seguel, conocido entre los soldados como El Papi y brazo derecho de Contreras Sepúlveda. La función de la agrupación era allanar y detener a personas, torturarlas. Lo combinaban con funciones de protección a las familias de los oficiales de Tejas Verdes.

Salvo declaró judicialmente hace poco más de un mes en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se sigue la causa por los crímenes cometidos en Tejas Verdes. Fue el primer militar que reconoció a Cristián Labbé como un personaje habitual en el centro de torturas, lo que se suma al testimonio de Anatolio Zárate, quien fue sometido a suplicio por el ex alcalde de Providencia.

Labbé junto a otros oficiales de la naciente DINA, también instruían a los candidatos a agentes, en un conjunto de cabañas construidas para las vacaciones de los obreros por Salvador Allende —expropiadas por Manuel Contreras a la CUT— ubicadas en el cercano balneario Rocas de Santo Domingo.

El abogado defensor del criminal, Cristián Espejo, admitió que "estamos bastante impactados, porque luego de una extensa y larga investigación se pudo acreditar que él nunca ha torturado a nadie, que no a cometido homicidio. Y hoy por medio de una figura que es la asociación ilícita lo procesa...", declaró.

Espejo informó que su cliente cumple prisión preventiva en el comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén y que solicitará la libertad condicional de su cliente.

Quieren investigar al FMI el endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura

El terror y las reformas económicas

El fiscal Federico Delgado busca establecer la “complicidad institucional” del Fondo con las políticas económicas que acompañaron al terrorismo de Estado. Señala en su dictamen que documentos desclasificados demuestran la influencia de Estados Unidos.

La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en el proceso de endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura está en la mira de la Justicia. Consciente de la dificultad de probar en un proceso penal la responsabilidad concreta de funcionarios y agentes del FMI, el fiscal federal Federico Delgado elaboró un dictamen en el que propone establecer en un primera etapa la “inculpación gruesa” o institucional. Para lograrlo comenzó por analizar documentos de Cancillería sobre la relación entre la dictadura y el gobierno de los Estados Unidos y las negociaciones derivadas de un decreto de 1976 que creó “Comisiones Asesoras Honorarias” para solucionar diferendos entre el Estado y empresas privadas, nacionales y extranjeras. Para profundizar la investigación el fiscal propone encomendar un trabajo de archivo exhaustivo a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, al Banco Central y a la representación argentina en el FMI.

A partir de una denuncia de Patricia Walsh derivada de la causa sobre la deuda externa iniciada por Alejandro Olmos, Delgado señala que tiene la convicción, citando al politólogo Marcelo Cavarozzi, de “la participación que tuvo el FMI en la sustitución de la matriz estado céntrica por la mercado céntrica”, y de la necesidad de una “normalización” (entrecomillado por el fiscal) tendiente a “que la acumulación se realice en principal y sistemático beneficio de sus unidades oligopólicas y más trasnacionalizadas”, en términos de Guillermo O’Donnell. Frente a esa “complicidad estructural” del organismo financiero, el desafío, explica el fiscal, es desentrañar la responsabilidad de los funcionarios que encarnaron la voluntad del FMI, “bajar” la relación a las exigencias probatorias del derecho penal, acreditar que los agentes del FMI “eran conscientes de que en la República Argentina se estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad para ‘ajustar’ las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente ‘Consenso de Washington’ y que hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.

Como hasta el momento no hay testigos ni documentos para acreditar esa certeza, Delgado propone al juez Sebastián Ramos intentar dilucidar si el FMI es responsable como institución “de esa relación genética entre el terror y la reforma económica”.

La incipiente investigación del fiscal parte de relevar y analizar “documentos parciales, fragmentados”. Por un lado, los cables de Cancillería sobre la relación de la dictadura con los Estados Unidos, por la influencia de sus políticas para el hemisferio. “Los cables describen un ‘medio ambiente’ que revela la existencia de un ecosistema preparado para recibir las directrices que hilvanaban el ‘Consenso de Washington’”, explica Delgado. Los documentos, en su mayoría de los últimos años de la dictadura, “revelan la tensión” entre la gestión del entonces presidente Jimmy Carter, que cuestionaba las violaciones a los derechos humanos, y “otro sector de la administración que, guiado por la razón instrumental, buscaba remover los obstáculos legales que impedían formalizar una compra de armas”, en referencia a la enmienda Humphrey-Kennedy que prohibía la asistencia militar y la venta de armas a Estados responsables de graves violaciones a las derechos humanos. Revelan también cómo “el paradigma mercantil guiaba a la política local, desesperada por recomponer las relaciones comerciales” con los Estados Unidos, advierte Delgado. Cita como ejemplo la crónica de un viaje de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 en la cual se destaca la cesión de una oficina de la Reserva Federal al ministro de Economía de la dictadura como “un hecho sin precedentes, que demuestra la confianza en el futuro económico de nuestro país”.

La segunda fuente de materiales de estudio que propone el fiscal es el decreto 223 del 27 de abril de 1976, que se propuso buscar soluciones “rápidas y justas” a los diferendos entre el Estado y “diversas empresas privadas nacionales y extranjeras”. Para ello se crearon “Comisiones Asesoras Honorarias dependientes del PEN”, conformadas cada una por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo, de las tres fuerzas armadas y, si se trataba de empresas extranjeras, de un miembro de la Cancillería. “A la hora de ordenar la economía los litigios escapaban del sistema judicial y la autonomía de la voluntad privada y fugaban hacia la esfera de la administración”, advierte Delgado, y recuerda que un día después del decreto se sancionó la ley 21.299, que suspendió por 180 días los juicios producto de los diferendos con empresas.

Ambos bloques de documentos “revelan con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos ‘hacia adentro’, ‘hacia afuera’ se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial a la financiera”, concluye. Para escrutar “este doble movimiento” y establecer la responsabilidad del FMI propone bucear en los archivos, una tarea que sugiere encomendar a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia (creada en 2004 para contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores), a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central.

Pedraza no consiguió la prisión domiciliaria

Sin salida de la cárcel

 Por Adriana Meyer

El Tribunal Oral Criminal (TOC) 21 rechazó ayer el pedido de prisión domiciliaria para el ex líder del gremio ferroviario José Pedraza, condenado a 15 años de prisión por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que la había solicitado por problemas de salud. Pedraza había solicitado que le concedieran ese beneficio con el argumento de que padece problemas de salud, pero los jueces Diego Barroetaveña, Horacio Dias y Carlos Massi rechazaron su planteo por considerar que la cárcel de Ezeiza cuenta con los medios para asistirlo, y ordenaron que sea sometido a revisiones periódicas. “Nos comprometimos a revisar la decisión porque el estado de salud es algo muy dinámico”, explicó a Página/12 una fuente judicial.

El TOC 21 también resolvió la prórroga de la internación domiciliaria de quien fuera el segundo de Pedraza, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien quedó en esa situación luego de una intervención quirúrgica que derivó en un prolongado proceso post-operatorio con complicaciones. Fernández está en su casa con custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Pedraza está detenido desde febrero de 2011 en la cárcel de Ezeiza, y en abril de 2013 fue condenado como partícipe necesario, en su rol de líder del gremio ferroviario, del crimen de Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 cuando empleados tercerizados del Roca reclamaban por sus condiciones laborales y una patota de la Unión Ferroviaria los atacó.

El abogado del gremialista, Carlos Froment, había pedido en junio la domiciliaria de Pedraza y propuso como lugar para cumplirla un edificio en Avenida del Libertador y Billinghurst, en Palermo, propiedad de la esposa del sindicalista. Alegó que Pedraza tiene antecedentes de Parkinson, deterioro cognitivo, componente depresivo, hipertensión arterial, hipertrofia concéntrica moderada a severa del ventrículo izquierdo y bloqueo de rama derecha que presentan un elevado riesgo de mortalidad cardiovascular. Y agregó que, ante una urgencia, la salida de la cárcel requiere trámites burocráticos que podrían poner en riesgo su salud.

Sin embargo, Pedraza fue sometido a estudios médicos cardiológicos y neurológicos, y los jueces concluyeron que su cuadro puede ser asistido en la cárcel de Ezeiza. Según la fuente consultada, allí tienen lo necesario para atenderlo. Para una eventual salida, los magistrados dejaron en claro en su resolución que el SPF debe garantizar el acceso y egreso, de manera rápida y flexible, de su servicio de emergencias, en caso de ser necesario ante cualquier eventualidad. Si bien el ex sindicalista tiene 70 años, la edad tras la cual puede solicitar el beneficio del arresto domiciliario, los jueces del TOC 21 interpretaron que la ley dice “podrá” acceder al mismo, y no “deberá”. En este sentido consideraron que, además del requisito de la edad, para concederlo tienen que darse también las condiciones de salud de una gravedad que así lo ameriten. De los informes médicos en los que se basaron para tomar su decisión surge que el aspecto más complicado de la salud de Pedraza sería el neurológico.

El tribunal también dispuso que el sindicalista sea sometido a revisaciones médicas periódicas para seguir su evolución médica, y autorizaron a que sea atendido por sus médicos de cabecera.

Detuvieron al represor prófugo Juan Carlos Jones Tamayo

La ficha que faltaba en Jujuy

Lo buscaban desde hacía tres años. Fue arrestado en Buenos Aires. Está acusado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad en la provincia.

Los organismos defensores de derechos humanos jujeños festejaron públicamente ayer la captura de Juan Carlos Jones Tamayo, un ex miembro del área de Inteligencia provincial del Ejército argentino que aparece como secuestrador o verdugo en la mayoría de los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado locales. El “eslabón que faltaba en la cadena del terror de la provincia”, según la identificación de Mariana Alvarez García, integrante de Madres y familiares de ex detenidos desaparecidos de Jujuy, permaneció prófugo durante tres años. Fue detenido en Buenos Aires y recién el jueves llegará a la provincia norteña, en donde será indagado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad.

La agrupación Hijos-Jujuy y la Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos (AJEP) informaron ayer de la buena nueva, que en realidad sucedió hace una semana. Jones Tamayo fue detenido en el barrio porteño de Belgrano el 10 de octubre. Integraba la lista de genocidas buscados por el Ministerio de Justicia de la Nación, que prometía recompensar con 100 mil pesos el aporte de datos que ayudaran a dar con su paradero.

Juan Carlos Jones Tamayo llegó a ser capitán del Ejército. Sin embargo, para el momento en que dejó su marca en decenas de sobrevivientes del terrorismo de Estado en Jujuy se destacaba en Inteligencia de la fuerza. Entre 1975 y 1976 fue jefe del sector en el área 323 de la provincia. “Después de (Carlos) Bulacio, fue quien más responsabilidad tuvo en la represión en la provincia”, indicó Eva Arroyo, de Hijos. En paralelo, también aportó al Destacamento de Inteligencia 143, con base en Salta. Se le perdió el rastro entre 1976 y 1980, cuando volvió a la provincia.

El genocida participó de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Algunos sobrevivientes de lo que se conoce como “La Noche del Apagón”, un operativo de secuestros en Ledesma, el pueblo en donde la azucarera dirigida por Carlos Blaquier –quien no hace mucho fue procesado por ese hecho– es dueña y ama, lo señalaron como quien recibía a los trabajadores del ingenio, militantes y dirigentes políticos del pueblo secuestrados en el centro clandestino de detención conocido como Guerrero. En uno de sus testimonios, Raúl Bartoletti, un psicólogo víctima de aquel operativo, identificó a Jones Tamayo como quien lo golpeó con un látigo de hilos de acero a modo de bienvenida a Guerrero: “Así se recibe aquí”, contó que le decía, mientras tanto.

El represor también está involucrado en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los mineros de la mina El Aguilar y de militantes del PC en la ciudad jujeña de Tumbaya, así como los cometidos contra los dirigentes gremiales azucareros y docentes, todos aún desaparecidos. Cuando llegue a al provincia será indagado por la primera de las causas en la que se lo imputó: el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. Desde Hijos solicitarán que la Justicia dé, luego, prioridad a las causas que ya están elevadas a juicio.

“Era la ficha que faltaba en el rompecabezas de los crímenes de lesa humanidad en Jujuy, es un personaje muy nefasto, de los más crueles de la represión en esta provincia”, lo identificó Alvarez García. Su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó probada en la primera causa por delitos de lesa humanidad que se instruyó en la provincia, la que investigó el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. El dictamen fiscal de ese expediente, elaborado en 2006, pedía su captura y su indagatoria. Sin embargo, el depuesto juez Olivera Pastor le extendió todo lo que pudo su período de gracia. Para cuando dictó una orden de detención, Jones Tamayo ya no vivía en el domicilio declarado ante la Justicia. En marzo de 2011, la Fiscalía solicitó se lo declarara en rebeldía y en octubre de ese año el Estado lanzó un pedido de captura nacional e internacional.

Detienen ex-militar argentino acusado de delitos de lesa humanidad, estuvo de mision por Honduras

Un ex oficial del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino, que fue segundo jefe de seguridad de la Casa militar durante seis años de las presidencia de Carlos Menem y trabajó en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hasta 2005, fue detenido el pasado viernes acusado de crímenes de lesa humanidad que habría cometido como "Jefe de Interrogadores" en 1976, en Tucumán.

El coronel retirado Roberto Edgardo Gordillo, de 70 años, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa de Araujo 319, en el barrio porteño de Villa Luro, por orden del juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas. El magistrado se propone indagarlo esta semana en relación a su actuación en esta provincia en 1976, cuando tenía el grado de capitán y revistaba en el Batallón de Inteligencia 601.

Ese año, Gordillo cumplió dos comisiones en Tucumán, en el marco del llamado Operativo Independencia de represión a la guerrilla. La primera, entre el 3 y el 23 de mayo; la segunda, dos meses después, entre el 2 y el 18 de agosto. En esa época, hubo en la provincia centenares de detenciones ilegales y decenas de “desapariciones”.

En ambas ocasiones, el capitán Gordillo se desempeñó como “Jefe del Grupo de Interrogadores”. A juicio de sus superiores, según consta en una nota de calificación incorporada al expediente de la causa, ejecutó esa tarea “con gran capacidad y eficiencia”.

“De gran corrección y seriedad y con grandes conocimientos y experiencia en la especialidad, su actividad ha permitido al órgano de inteligencia desarrollar una actividad eficiente”, se explaya la nota. A lo que agrega: “Supo adaptarse rápidamente a las particulares características de la lucha contra la delincuencia subversiva obteniendo un sobresaliente rendimiento de su actividad”.

Como ha quedado ampliamente probado a estas alturas en los juicios orales y públicos celebrados en Tucumán y otros lugares del país, entre las “particulares características” de esa lucha estuvieron la aplicación sistemática de la tortura en los interrogatorios y la “disposición final” (eliminación física) de muchos prisioneros decidida sobre la base de la evaluación de los oficiales de inteligencia.

Su misión en Honduras
De la trayectoria posterior de Gordillo se sabe que en 1980 cumplió una comisión en Honduras y en 1981 fue quien recomendó el ingreso al Batallón 601 del sindicalista Gerardo Martínez, de la UOCRA. La vinculación entre ambos habría continuado hasta el presente, de ser ciertas las versiones que circulan en el mundo gremial.

Durante el menemismo, Gordillo tenía oficinas en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos dadas sus funciones de seguridad, a las que habría accedido gracias a su relación con Miguel Angel Toma. También su incorporación a la SIDE se habría producido cuando Toma fue jefe de ese organismo, en la presidencia de Eduardo Duhalde.

Una versión no confirmada asegura, incluso, que actualmente trabajaba en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

En abril de 2010 la revista "Noticias" publicó una vieja foto, sin precisar la fecha ni la circunstancia en que fue tomada, en la que Gordillo aparece junto al entonces intendente de La Plata, Julio Alak, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Detienen al reclutador de Gerardo Martínez en el Batallón 601

Detienen a genocida que trabajaba con César Milani y que fue reclutador de Gerardo Martinez para el Batallón 601 en la última dictadura militar. 

El sindicalista de la UOCRA fue absuelto hace pocos días en la causa que lo investiga por su rol de servicio de inteligencia de la dictadura genocida.

Por primera vez el secretariio del vicario castrense en la dictadura es imputado en una causa

La lista de Grasselli

El actual obispo militar compiló en los años duros un fichero con cientos y cientos de casos que le llevaban los familiares. Fue testigo en las causas de derechos humanos, pero nadie había reparado en que también era capellán castrense y, por lo tanto, funcionario de la dictadura. Y ahora la pregunta es cómo obtenía la información.

Emilio Grasselli, actual vicario castrense.
Por Alejandra Dandan
El fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria del obispo Emilio Grasselli, secretario del vicario castrense durante la dictadura y hoy él mismo vicario castrense. Es la primera vez que sucede. Entre las pruebas más importantes se encuentran los datos de su filiación como funcionario del Estado represivo, un dato que estuvo a mano desde siempre, pero sobre el que se ha reparado recién en los últimos tiempos. Según esos datos, Grasselli no era sólo secretario del vicario, como venia sosteniendo en su defensa, sino que de acuerdo con la nómina oficial de capellanes castrenses y auxiliares del Ejército de la Capellanía Mayor del Ejército, “ejerció el puesto de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército entre el 1º de diciembre de 1967 y el 31 de marzo de 1980”.
“En todas sus declaraciones, Grasselli omitió esta información y es relevante mencionarlo porque un capellán castrense es funcionario público”, señala un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaborado a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y parte del análisis de Delgado. “El vicariato castrense es una institución de doble pertenencia que responde a la Santa Sede en el orden religioso-doctrinario y al Estado nacional en el orden político-militar-económico, por lo que sus miembros son tanto miembros del clero como del aparato estatal, del cual perciben una remuneración mensual y un conjunto de obligaciones.”
Ahora quien debe decir si el obispo va ser a llamado es el juez Julián Ercolini, a cargo de otra parte de la investigación en una causa hasta ahora sin avances.
Grasselli es una de las personas más nombradas en las búsquedas de los familiares de desaparecidos. Muchísimos hicieron cola durante horas para verlo en la capilla Stella Maris y preguntar por sus seres queridos con la esperanza de obtener información. Con los datos, Grasselli construyó un enorme fichero. Armó listados, prometió y en ocasiones proveyó respuestas. Hasta ahora, la Justicia lo llamó como testigo en seis ocasiones, como señala el Informe: en septiembre y diciembre de 1984, 1999, 2001, 2011 y hace dos semanas. Nunca estuvo imputado, aunque hay causas que los jueces no hacen prosperar. En el juzgado de Ercolini hay una investigación abierta luego del primer juicio de robo de niños, impulsada por el fiscal Martín Niklison y el TOF 6. En el juzgado de Sergio Torres desde septiembre de 2013 hay una informe del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires con datos que lo ubican como uno de los propietarios de la isla El Silencio, del Tigre, vendida a Jorge Radice, el marino contador de la ESMA, para ser usada como centro clandestino temporario para los prisioneros de la Armada. El dato, además, esta documentado en el libro El Silencio, de Horacio Verbitsky, de 2005.
El informe
El Informe de la CMP se presentó el lunes pasado. Lo hizo el Programa de Justicia sobre delitos de lesa humanidad que coordina Claudia Bellingeri. Lo más impactante es que por primera vez se organiza el mundo de información sobre Grasselli, reúne y contrasta sus declaraciones y reconstruye la lógica de trabajo. “No hay información del padre Emilio Grasselli en los archivos de la Dipba (...) No obstante encontramos información significativa en el fichero elaborado por Grasselli sobre 2075 personas detenidas, cuyas copias posee esta Comisión. Lo que sigue es un análisis preliminar del mismo.”

El fichero está en manos de la Justicia desde 1999. “En todas las ocasiones (Grasselli) explicó que la creación de su fichero personal tuvo relación directa con la necesidad de sistematizar la información que iba obteniendo, porque llegado un momento era muchísima gente no solo la que se acercaba a pedir información sobre familiares, sino también la que aportaba datos de otras personas. Dice el sacerdote: ‘Primero hacía una lista pero nos sobrepasó. Como en aquella época no había computación, comencé a hacer fichas y así formé un fichero. En la primera parte de la ficha ponía nombre, el lugar del hecho y el día que me visitaba, y en el anverso, algún dato o dirección de alguien a quien podía comunicarse por si llegara una novedad. Cuando venía monseñor (Adolfo Servando Tortolo) cada semana, cada 15 días, le presentaba esa lista y él hacía una copia y la mandaba al Ministerio del Interior, a veces al Ejército, a la Fuerza Aérea o la Marina’ (Testimonio de Grasselli, Circuito Camps, La Plata 2011)”.
Según el testimonio del propio Grasselli, “el fichero contiene información de cerca de 2500 personas detenidas. En la mayoría de los casos fueron los familiares o amigos quienes aportaron parte de esa información al sacerdote. Como es sabido, a partir del golpe muchos familiares o amigos recurrieron a la Iglesia Católica en busca de información sobre paraderos. El sacerdote Grasselli ejercía su trabajo en la pastoral vinculado con el vicariato castrense para las Fuerzas Armadas”.
“La noticia de esa atención corrió rápidamente y las familias víctimas acudían con la esperanza de tener alguna información”, mencionan en este caso un texto de Emilio Mignone, del libro Iglesia y dictadura de 1986.

¿Cuánta gente atendió Grasselli? ¿Cuántas fichas? ¿Durante cuántos años? “No queda claro el período en el que armó el fichero”, dice la CMP. En 2001, por ejemplo, dijo que lo hizo entre 1974 y 1978 o 1979. También que tomó pocos casos previos al golpe; que lo hizo por cuatro años y que atendió entre 20 y 50 casos por día. Pero los números no dan. Si hubiese atendido 20 personas por día en 8 meses, de abril a noviembre, habría hecho 4800 fichas. El número sería mayor multiplicado por cuatro años. El número da bien sólo si hubiesen sido 2,5 personas por día. Así, la CMP sostiene que exageró intentando elaborar una imagen propia de sacrificio y derechos humanos. También, que no elaboró fichas de todos los detenidos y de las consultas. Un dato que puede verse corroborado, por ejemplo, porque “se ha comprobado que Grasselli mantuvo vínculos con detenidos de los cuales no elaboró fichas. Es el caso de quienes estaban alojados en la ESMA en calidad de ‘reeducados’”.

También es posible que haya destruido fichas que lo comprometieran. Como ejemplo se menciona el caso de José David Aleksosky. Su hermano declaró que visitó a Grasselli en 1976 y que el cura tomó los datos. Cuando citaron al cura en 1999, le mencionaron esa ficha. “Cuando me mencionaron la citación, busco la ficha y no la encuentro –dijo–, adelanto, advierto, que no sé qué pasó con esa ficha, tal vez la retuvo monseñor. Era un caso particular o estará traspapelada.”

Las fuentes
Otro punto siempre en duda es cómo obtenía información sobre los casos y su rol en esa cadena. Siempre dijo que lo hacía a través de su superior, monseñor Tortolo. En 1999 dijo que “de las gestiones sólo se encargaba el vicario. Ese trámite lo hacía él personalmente, a veces enviaba cartas”. Pero el Informe sugiere que él mismo podría haber tenido acceso a la información: por sus funciones efectivas y el mundo de relaciones del cargo. Entre 1955 y 1975, por ejemplo, fue secretario privado del cardenal Antonio Caggiano, primero arzobispo de Rosario y luego arzobispo de Buenos Aires y vicario castrense. 

En 1975, cuando Caggiano renunció, Grasselli pasó a ser secretario de Tortolo que entonces era arzobispo de Paraná, presidente de la Comisión Episcopal argentina y vicario. Según el diario de Victorio Bonamín, provicario castrense, Caggiano le pidió a Tortolo que lo mantenga en el puesto.

En ese sentido, es cierto que cumplía funciones de secretario. Ahora bien, dice el CMP: “Sin embargo al atender la agenda y las actividades del vicariato, su trabajo pastoral se ejercía centralmente en la sede oficial de la institución, la Iglesia Stella Maris, sita en el predio del edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada, donde además trabajan y se reunía el vicario castrense Bonamín y los capellanes mayores de las tres fuerzas: José Mario Ricardo Menestrina (Ejército), Domingo Carmelo Genise (Armada) y Ovidio Feliz Tripodi (Fuerza Aérea). Además, según admitió en 2001, ‘algunos soldados de la Armada lo ayudaban en el armado de fichas’”, dice. “En los hechos, el sacerdote cumplió una función correspondiente al vicariato, no estatutaria, pero función al fin.” Tortolo, además, “era entre mayo de 1975 y 1976 el eclesiástico con más poder político en la Iglesia” con “tres cargos jerárquicos en simultáneo”. Y finalmente, también está su rol en la capellanía en comisión.

Todavía no hay certezas del rol que efectivamente cumplió, pero hay algunas pistas.
Mercedes Soiza Reilly es fiscal del juicio ESMA. “Durante el megajuicio que se está desarrollando en la causa ESMA, hemos escuchado innumerable cantidad de relatos que dan cuenta del rol que le cupo a la Iglesia durante la última dictadura militar. La imagen de Grasselli aparece en cada uno de estos testimonios. Surge la confianza que las familias depositaban en él buscando una respuesta. En algunos casos era él quien pedía información del resto del grupo familiar. Las largas filas fueron la imagen frecuente, que para aquellos años, tuvo la iglesia Stella Maris, lugar donde el cura atendía a los familiares. Avanzar en la participación que tuvo Grasselli en los hechos criminales cometidos, que tuvieron relación directa con el cargo que ocupaba, demuestra una vez más que las estructuras militares funcionaron con la colaboración necesaria de todas las Instituciones del Estado.”

Mignone habló en 1986 en ese mismo sentido. “Resulta evidente que los jefes militares permitieron –o tal vez promovieron– esta actividad de Grasselli porque favorecía sus planes, creaba confusión, alentaba esperanzas y adormecía la combatividad de los familiares. Algo similar se hizo abriendo el inútil registro de denuncias del Ministerio del Interior.”

La renuncia de Grasselli a una capellanía castrense para tomar otra de mayor rango.

Ocho policías y un militar arrestados en San Juan

Más represores tras las rejas

Los detenidos desempeñaron tareas de inteligencia durante la última dictadura. En varios casos se los acusa por su participación directa en detenciones ilegales y en sesiones de tortura. Desde el Ministerio Público Fiscal dijeron que habrá más detenciones.

En un inusual operativo de seguridad para la provincia de San Juan, el jueves fueron detenidos en simultáneo ocho ex policías y un suboficial retirado del Ejército que desempeñaron tareas de inteligencia durante la última dictadura. Las órdenes de detención las había librado el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien ayer notificó a los imputados de los delitos de lesa humanidad por los que se los acusa y ahora deberá tomarles declaración indagatoria. El fiscal federal Juan Francisco Maldonado, en tanto, destacó que el Ministerio Público Fiscal denunció a más de 80 represores por su actuación durante el terrorismo de Estado y estimó que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días”. Rago Gallo, además, comenzó a leerle la acusación a Jorge Horacio Páez Senestrari, oficial retirado del Ejército que prestó funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM-22), quien fue detenido en Bolivia y deportado a la Argentina.

La mayor parte de los flamantes detenidos están acusados como integrantes de la “comunidad informativa” al servicio del RIM-22, el espacio en el que los miembros de las secciones de inteligencia de distintas fuerzas intercambiaban información sobre militantes políticos, gremiales y estudiantiles que luego se convertían en “blancos” a ser secuestrados. En varios casos el Ministerio Público los acusa por su participación directa en detenciones ilegales y en sesiones de tortura, ocurridas no sólo durante la dictadura sino también en los meses previos al golpe de Estado de marzo de 1976.

Cinco de los detenidos pertenecieron a la policía de San Juan y prestaron servicio en el Departamento de Informaciones (D2), la sección de inteligencia de esa fuerza. Se trata de los sargentos retirados Carlos César Raúl Oro (69 años) y José Eladio Escudero (77), el comisario Miguel Angel Mereles, el comisario inspector Carlos Alberto Olha y el suboficial mayor Alberto Bazán. El militar es el su-boficial principal retirado Pedro Eduardo Blanco, de 60 años. Los otros tres fueron miembros de la Policía Federal: el sargento Carlos Antonio Saavedra (61 años), el suboficial escribiente Juan Alberto Aballay (66) y el cabo Rodolfo Horacio Blanco.

Del operativo conjunto para detenerlos participaron efectivos de la Policía Federal de San Juan, de Mendoza y de la Agencia Regional Cuyo. Las capturas fueron en la capital y en departamentos del Gran San Juan. Los represores pasaron su primera noche en calabozos de la Policía Federal y al mediodía de ayer fueron trasladados al juzgado de Rago Gallo, secretaría de Carlos Tacca, donde se les notificaron los delitos y se les dio la posibilidad de designar defensor. Una vez que presten declaración indagatoria, serían trasladados el Penal de Chimbas.

El fiscal Maldonado estimó ayer que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días” porque su denuncia incluyó a “ochenta ex policías y el juez va proveyendo lo solicitado en forma parcial”. Agregó que “los nombres y las responsabilidades de cada uno salen de los legajos y los archivos clasificados que fueron encontrados en la Central de Policía hace dos años”. Se trata de los mismos archivos que sirvieron de base para la acusación de los siete ex militares condenados el año pasado, incluidos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes días después se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich en Buenos Aires.

Rago Gallo comenzó el jueves a leerle la acusación a Páez, quien formó parte del grupo que lideraba el entonces teniente Olivera, hoy condenado y prófugo. El militar había estado detenido en 2011, fue liberado por la Cámara Federal de Mendoza cuando la integraban jueces que hoy están en el banquillo de los acusados, y se trasladó a Bolivia, donde tres años después, el viernes pasado, volvió a ser detenido y deportado. Páez está acusado por delitos contra 34 víctimas, incluidos el ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad de San Juan Hugo Ricardo Bustos, el gobernador José Luis Gioja y el ex senador César Gioja. También por el secuestro, los tormentos y el asesinato de Nicolás Alberto Farías, militante de la Juventud Trabajadora Peronista.

Repudio a las agresiones en Formosa : 4 de agosto a las 12 hs. Casa de Formosa

El lunes 28 de julio, la comunidad El Colorado fue avasallada por un gigantesco operativo policial durante el cual fueron golpeados y detenidos seis compañeros.

El viernes 1 de agosto, miembros de las comunidades wichi de la zona se movilizaron al juzgado para exigir la libertad de los detenidos. Contaron con la solidaridad de una delegación de estudiantes de la UBA, que se encontraban en la provincia participando de una pasantía organizada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Esa misma noche, los campesinos wichi y los estudiantes fueron atacados nuevamente por una patota del gobernador Insfrán. Armados con palos, cadenas y machetes, golpearon salvajemente a varias personas y robaron sus pertenencias.
 El hostigamiento a campesinos y pueblos originarios es sistemático en toda la provincia y responde a los intereses de los grandes terratenientes y multinacionales de la soja. Es la misma política represiva que sufren los compañeros qom de la comunidad La Primavera. El principal responsable político de esta situación, el gobernador Insfrán, es un aliado del gobierno nacional, que encubre con su silencio la sistemática violación de los derechos humanos en la provincia.

Los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos estas agresiones. Exigimos el cese de la persecución contra los campesinos y pueblos originarios y el castigo a los responsables de estos atropellos.

Adherimos al acto convocado por la FUBA en Buenos Aires frente a la Casa de la Provincia de Formosa y nos haremos presentes con una delegación.
 
Acto: lunes 4 de agosto a las 12 en la Casa de la Provincia de Formosa, Hipólito Yrigoyen 1429.
 

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)
Centro de Abogados por los Derehos Humanos (CADHU)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)
Colectivo Memoria Militante (CMC)
Liberpueblo

Juicios a los genocidas – Balance a Junio de 2014

MEDIO AÑO DE “MÁS DE LO MISMO”
Con 6 juicios parciales concluidos y 24 condenas en lo que va del año, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, la primera mitad de 2014 fue incluso menos productiva que aquel promedio.

Al 15 de Junio de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 117 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 117 juicios estuvieron procesados 656 represores, y hubo como resultado 590 condenas sobre 477 represores, 61 (menos 4) absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 2857 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 31% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 25% de ese número de procesados fue condenado.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 477 condenados siguen representando, a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por CCD. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83 (200 mil según estimaciones del propio Ministerio de Defensa) e incluso comparado con los cerca de 2.100 procesados, ese 25% de condenados sobre procesados, es decir que casi el 70% de los represores procesados en 11 años está impune, el panorama es menos auspicioso que los datos defendidos como “avances” desde los sectores oficiales.

“Nuevos” juicios
Un reciente informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación titulado “531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios”, y firmado por el cronista oficial Lucas Miguel, nos muestra la parcialidad de criterio y el dibujo de estadísticas con que el Estado concibe los juicios a los genocidas. La única crítica al proceso que allí se menciona es que se “dictaron cinco nuevas sentencias condenatorias a 22 acusados (la mitad de los cuales ya habían recibido condenas en otros procesos)”. En curiosa defensa de un proceso aletargado y fragmentado, los fiscales confunden causas con consecuencias: si los jueces de instrucción fragmentan las causas que irán a juicio y frenan las investigaciones en lo primero que ellos les sugieren, se repetirán los imputados, y no a la inversa. El dato es aclaratorio de porqué la Procuración no deslinda en sus estadísticas entre condenas y condenados, o bien cuenta doble y hasta triple la cantidad de condenados en sus bases de datos (casos Videla, Menéndez y otros) cuando en realidad se trata de nuevas sentencias sobre las mismas personas. Una forma de hacer bulto para mostrar como avances lo que son pequeñas conquistas.

De los 6 nuevos juicios llegados a sentencia este año, 4 corresponden a causas residuales de otras ya juzgadas y el resto fueron procesos fragmentados que tomaron una sola víctima como caso. En febrero, la sentencia por la desaparición del colimba y militante montonero José Luis Rodriguez Diéguez en Chubut, donde se condenó a perpetua a los militares Teófilo Saa y Carlos Españadero, se convirtió en el segundo juicio en esa provincia en 10 años.
En mayo el tercer tramo de la causa por crímenes en el CCD La Escuelita de Neuquén trajo la condena a 5 represores del Comando del 5to Cuerpo del Ejército. 3 de ellos unificaron pena por condenas en previos tramos, 1 fue finalmente juzgado tras ser apartado por “razones de salud” en instancia anteriores y un policía Federal enfrentó por primera vez la irrisoria condena a 6 años y medio.
En el mismo mes se juzgó en Jujuy los casos de 7 presos políticos asesinados en un traslado desde el penal de Villa Gorriti, y se condenó al jefe del penal Vargas (ya condenado el año pasado) y sus laderos penitenciarios en el segundo juicio en la provincia.
También en mayo, la causa separada por el asesinato del militante del PRT-ERP Osvaldo Sigfrido “El Tordo” De Benedetti en Tucumán, logró las perpetuas de seis oficiales del Ejército. En las audiencias estuvo presente sólo 1 genocida, y de la causa fue apartado el carnicero Luciano Benjamín Menéndez, por estar muy ocupado afrontando otros dos juicios orales en La Rioja y Córdoba, y la rata máxima de Videla murió impune.
Mayo cerró con la condena residual a la obstetra del Hospital Militar Lidia Fanni Villavicencia, por su participación en la apropiación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, caso ya juzgado en 2013 en el séptimo juicio por los crímenes en el CCD de Campo de Mayo.
Finalmente, la segunda parte de la causa contra el ex juez Víctor Hermes Brusa y el grupo de represores de la D2 santafecina ya condenados en diciembre de 2009, vió sentencia en junio y les unificó penas de entre 20 y 22 años.

Sólo la Cámara Federal de Casación, que junto con la Corte Suprema son responsables de sólo 114 sentencias firmes de las 590 condenas de primera instancia, dio una sorpresa en abril revocando las absoluciones de Rolón y García Velasco en el segundo tramo de ESMA, y en mayo las que habían beneficiado a Franco y Ruffo en la causa por el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.
El panorama general de la situación de las causas a los genocidas es bien complejo, con apenas 13 juicios en curso. Si tomamos los últimos 4 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en unos 25 juicios con unas 150 condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 con 84 condenas, en 2012 fueron 25 con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas .
En esta etapa de los juicios es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios y que en 2013 11 de los 23 procesos juzgaron a 3 represores o menos.

Y si bien está programada para el próximo 4 de julio la lectura de la sentencia en la causa por el asesinato de Enrique Angelelli en La Rioja, allí hay sólo 2 imputados: Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. La llegada al debate oral de las causas grandes en los 3 principales distritos amenaza con retrasar la cantidad de condenas interanuales, y sólo si llegara este año a sentencia el tercer tramo de la Causa ESMA (que juzga a 68 represores), o en la megacausa por La Perla en Córdoba (iniciado en diciembre de 2012), o por los crímenes del CCD La Cacha en La Plata (con 21 imputados), se podrían equilibrar las cosas al promedio condenas anuales que se venía sosteniendo.

“Cerrar una etapa”
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia, o bien civiles, jueces, y curas que también planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
La pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.

HIJOS LA PLATA
Junio de 2014

NOTA: Las cifras que mencionamos son de elaboración propia. Para consultar nuestra base de datos, actualizada al 6 de Junio de 2014, buscar en http://www.hijosprensa.blogspot.com.ar

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En el aniversario de la desaparición de Alberto Agapito Ledo : Audiencia Pública con los querellantes y testigos de la causa Milani

El día martes 17 de junio en la sala 6, piso 3, de 12 a 14 horas, el Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, integrado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, convoca a una importante Audiencia Pública que contará con la presencia de los querellantes y testigos de la causa Milani, cuyos expedientes se tramitan en la provincia de La Rioja y Tucumán. Se harán presentes, además, diputados/as, organismos de derechos humanos, referentes políticos y sociales, querellantes de los juicios de lesa humanidad, entre otros.

La convocatoria se realiza en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición del ex conscripto Alberto Agapito Ledo, desaparecido el 17 de junio de 1976. Los querellantes y testigos expondrán en la Audiencia el estado actual de la causa Milani, las denuncias sobre su participación en la represión durante la dictadura y los cuestionamientos a su ascenso como Jefe del Ejército, entre otras cosas.

Adjuntamos el proyecto de resolución elaborado por el Bloque Frente de Izquierda, firmado por 15 diputados, el cual repudia el ascenso del general César Milani y solicita al Ejecutivo Nacional su inmediata destitución.
Esperamos poder contar con su presencia.

Para comunicarse:

Néstor Pitrola 1553242356
Pablo López 0387155008610

Contacto Prensa: Maura 1540555424 – Olga 1560058303 - Cecilia 1140553294 - Agustina 1555770598

Piden frenar la remodelación del edificio del Batallón 601

Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria

Ubicado en Viamonte y Callao, desde allí se planeó la represión durante la dictadura en el ámbito de Capital. El edificio se vendió en 2003

 
Por: Infojus Noticias  -  Sol Vazquez
 

Organismos de Derechos Humanos denunciaron "la irresponsabilidad de quienes permitieron que se esté modificando la estructura del edificio" donde funcionó el Batallón de Inteligencia 601, desde donde se planeó la represión durante la dictadura en el ámbito de la Capital, y piden la suspensión de las obras.

Las obras de remodelación del edificio, ubicado en la Viamonte y Callao, a cargo de la Universidad de El Salvador, avanzan rápidamente tras una demolición interna parcial.

El edificio, ubicado en Viamonte 1818 y que desde septiembre de 2005 tenía aviso de obra, salió a licitación en el último semestre de 2002 y su venta se concretó en enero/febrero de 2003.

En este marco, Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria, piden "la inmediata suspensión de las obras, preservando pruebas y el valor histórico de los espacios donde se decidió la desaparición o muerte de miles de personas".

Solicitan además "se investigue cómo llegó ese edificio público a manos de la Universidad del Salvador, después de estar cerrado por más de una década".

"Los avisos publicitarios dicen que será habitado por más de cinco mil alumnos de la universidad y llamativamente el cartel de obra dice que el destino de uso del edificio será un `hotel`", advirtieron los organismos.

Además se preguntaron "¿qué clase de formación académica se impartiría en ese lugar a las nuevas generaciones, eliminando los vestigios de su triste rol histórico?".

Los organismos hacen "un llamado a los Poderes Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional a cumplir con la Ley 26.691 que exige preservar lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal, detener la demolición interna, preservar las posibles pruebas judiciales y restituir el edificio al patrimonio histórico como Espacio de Memoria".

La historia reciente cuenta que en febrero de 2000, el entonces jefe del Ejército, Carlos Brinzoni, anunciaba el cierre del Batallón y la futura venta del edificio, medidas que formaban parte del proyecto de reestructuración integral del área de Defensa, que tenía a Ricardo López Murphy como ministro.

El "Plan de Modernización para Mejorar la Calidad del Gasto" del Ministerio de Defensa preveía, entre otras medidas de ajuste y cambios en la organización de las Fuerzas Armadas, la venta de más de 100 inmuebles.

Para la venta de inmuebles había dos proyectos: uno consistía en concentrar personal de todas las armas en el edificio Libertador, despejando el Libertad (Armada) y, tal vez, El Cóndor (Fuerza Aérea) para su venta y el otro preveía la venta de 111 inmuebles considerados innecesarios, sobre un total de 1913 bienes inventariados en todo el país.

Entre los disponibles se incluía al edificio ubicado en Viamonte y Callao.

Hoy el Batallón 601, nombre de guerra del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) y rebautizado como Central de Reunión de Inteligencia Militar por el ex jefe del Ejército, Martín Balza, funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Procesan a cuatro policías por privaciones ilegales de la libertad durante la última dictadura

Los judiciales que fueron perseguidos

Son integrantes de una patota de Coordinación Federal que intervinieron en operativos para detener ilegalmente a militantes de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Por este hecho ya fue procesado el ex ministro Albano Harguindeguy.

 Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg

Así como parte del Poder Judicial tuvo un comportamiento cómplice con los crímenes de la última dictadura militar, un grupo de empleados judiciales sufrió la persecución del terrorismo de Estado. En la madrugada del 1º de junio de 1976, una patota de la Superintendencia de Seguridad Federal llevó a cabo varios operativos en los que se detuvo ilegalmente a delegados de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, militantes del peronismo revolucionario. Entre ellos estaban el actual secretario general del gremio, Julio Piumato, y Germán Moldes, ahora fiscal ante la Cámara Federal. Por haber formado parte de los procedimientos realizados esa noche, el juez federal Daniel Rafecas procesó ayer a Juan Manuel Grosso, Rafael Oscar Romero, Fausto José Mingorance y Carlos Enrique Gallone.

Grosso y Romero están acusados por haber intervenido en el operativo llevado a cabo en el domicilio de Vicente Alberto Maydana Casco “El Indio”, delegado del fuero comercial.

Maydana Casco vivía en el piso 15 de un departamento de Belgrano. Estaba en su casa cuando entraron los policías. Según surge del acta elaborada por los mismos miembros de la patota, mientras revisaban sus cosas pidió ir a la cocina para encender un cigarrillo y tomar un poco de agua. Su mujer, Susana Lamberto, que había sido encerrada en el baño, escuchó a un hombre gritar: “Este tipo se escapó”. Al parecer, Maydana Casco había intentado huir por la cornisa. Se sabe que cayó al vacío y murió –según establece el fallo de Rafecas– “en circunstancias no esclarecidas hasta el momento”. Susana Lamberto fue llevada a Coordinación Federal en el piso de un automóvil esposada y con una capucha en la cabeza.

A Mingorance y Gallone se les imputó su participación en el operativo de detención de Piumato –entonces delegado general del fuero Civil– en su casa de la calle Lezica, donde estaba junto a sus compañeros Luis Olmos y Luis Alberto Galaso.

El policía Gallone, al que hizo famoso una histórica foto de 1983 en el que aparece con su uniforme abrazando a una Madre de Plaza de Mayo, intentó abrir a tiros la casa de Piumato. Cuando logró entrar vio cómo Piumato, Olmos y Galaso se trepaban a la ventana rumbo al terraplén del tren. Había un escape por los balcones y de allí a las vías del Sarmiento. Los policías fueron detrás, la persecución duró un buen rato. Finalmente los cazaron, los desnudaron, los ataron, los tabicaron y los tiraron en una pequeña camioneta. Después, saquearon lo que había en el monoambiente. A Olmos lo agarraron del pelo y lo golpearon varias veces contra el piso del auto. Sentía cómo su cara, su boca, su nariz y sus ojos chocaban contra algo duro. Mientras duró el viaje los iban quemando con una colilla de cigarrillo.

Esa misma madrugada, en la calle Río de Janeiro, Germán Moldes les abrió la puerta a quienes se identificaron como integrantes de “una comisión de la Policía Federal”, que le comunicaron que lo venían a detener. Estaba con su mujer, que tenía siete u ocho meses de embarazo. Se lo llevaron en un Falcon verde y aunque lo vendaron le resultó fácil reconocer luego el lugar, era un edificio que había visitado varias veces en su condición de secretario de un juzgado.

Todos los militantes de la UEJN detenidos ilegalmente el 1º de junio de 1976 fueron interrogados con violencia, muchos torturados. Estuvieron desaparecidos cerca de diez días, los blanquearon en la Alcaidía de Tribunales. Algunos recuperaron su libertad meses después, como Moldes, otros estuvieron años presos. Piumato salió en 1983.

Los miembros de la patota del centro clandestino Coordinación Federal querían saber dónde estaba Wenceslao Caballero, el responsable máximo de la JTP Judiciales, quien sería asesinado en un enfrentamiento mucho después, en marzo de 1977.

El arresto ilegal de Moldes y de Gustavo Alberto Galligo se investiga en esta causa, pero en la resolución firmada ayer no hay procesados por su caso, ya que los policías que participaron no pudieron ser identificados todavía. Este fallo de Rafecas responsabiliza a los represores sólo por las privaciones ilegales de libertad, las “detenciones” (los procesa sin prisión preventiva), pero no por la permanencia de las víctimas en el centro clandestino que funcionó en Coordinación Federal. Por estos hechos, ya fue procesado el ex ministro de Interior de la dictadura y responsable de la Policía Federal, Albano Harguindeguy.

“Las detenciones llevadas a cabo en la madrugada del día 1º de junio de 1976 fueron ilegales, a pesar de las actuaciones instruidas por el Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal”, señaló el juez. Fundamentó esa afirmación en la falta de orden de allanamiento y detención, la negativa a informarles el sitio en el cual se encontraban y a disposición de qué autoridades se hallaban detenidos, la brutalidad desplegada en los mismos la colocación sistemática de “tabiques” a los detenidos, la falta de conocimiento de sus familiares del lugar en que estaban alojados, la “legalización” de los operativos mediante decreto del Poder Ejecutivo. Para Rafecas, “todos estos elementos permiten encuadrar estos hechos dentro del plan de represión que se gestara con anterioridad al golpe de Estado. La descripción efectuada hasta el momento de las características que tuvieron los operativos realizados en los domicilios de las víctimas permite afirmar que dichos sucesos guardaron las notas propias de la desaparición forzada de personas que fueran sistematizadas por la Cámara Federal al momento de dictar sentencia en la Causa 13/84”.