jueves, 21 de febrero de 2013

Condena para un represor y exasesor del PRO

El ex agente de inteligencia Julio Cirino fue condenado a 6 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión a la contraofensiva de Montoneros a fines de 1979 y principios de 1980. Cirino integró hasta 2008 la Fundación PensAR, que tiene como presidente honorario al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y nutrió de varios cuadros al PRO.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Horario Rolando Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, condenó a Cirino a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial por el término de 10 años "por ser integrante de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, integrada por más de diez individuos, con una organización militar o de tipo militar", según informó la agrupación H.I.J.O.S. Capital.

La actuación del represor durante la última dictadura cívico-militar se hizo pública por la desclasificación de archivos que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los que Cirino se ufanaba ante diplomáticos de ese país de haber visitado por los menos tres Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio y les advertía que los desaparecidos "no van a aparecer".

El exmiembro de la Fundación PensAR fue agente civil de las Fuerzas Armadas y operó bajo el pseudónimo de "Jorge Contreras". Ingresó en 1977 a las Fuerzas Armadas para desempeñarse en el Batallón 601 de Inteligencia. Desde allí, fue el enlace con la Embajada de Estados Unidos durante la dictadura.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó en la causa que "Jorge Contreras" era en realidad el "Gordo" Cirino, quien dirigió durante la dictadura el Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión de Información (CRI) del 601. El represor cesó sus actividades en el Ejército en 1986, pero en 1993, en su condición de agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue designado con rango de Secretario en la Embajada argentina en Washington, para luego ser dado de baja del servicio exterior en 1998.

Hasta hace pocos años fue uno de los referentes de la Fundación PensAR en materia de "Seguridad y Terrorismo". Como integrante de esa Fundación, participó en un seminario sobre "Delincuencia, minoridad y violencia en Mar del Plata", en un panel de "Seguridad" junto a Eugenio Burzaco y Juan Carlos Blumberg, y en otro sobre "Áreas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro", junto a Germán Garavano, Fiscal General porteño. Además, en nombre de esa institución recibió al embajador de Colombia.

La Fundación PensAR es un brazo político del partido PRO y tiene como presidente honorario al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Está integrada por el ministro de Educación Esteban Bullrich, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, los diputados nacionales Gabriela Michetti, y Federico Pinedo y el legislador Sergio Bergman, entre otros.

martes, 19 de febrero de 2013

Ante apelación del SITRAIC, se reabre la causa de Gerardo Martinez por delator del Batallon 601

A partir de un contundente fallo de la sala II de la Cámara Federal, se ordenó reabrir la causa por la participación de Gerardo Martínez como agente civil de inteligencia del Batallón 601 en la ultima dictadura militar.

Este fallo es el resultado de la lucha del SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la construcción), el auspicio jurídico de APEL (Asoc de Profesionales en Lucha) y organizaciones de DDHH como Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras.

Si bien un entramado de complicidad gubernamental y judicial quiso garantizarle impunidad a este cómplice civil de la dictadura archivando la causa con un vergonzoso dictamen del Fiscal Di Lello y un fallo que en sólo 24 Hs el Juez Lijo definió de manera absurda y sugestivamente veloz, la Cámara puso las cosas en su lugar.

Lo que consideramos más relevante y de suma importancia del fallo es que ordena aceptar tanto al SITRAIC como al resto de los organismos de DDHH como querellantes en la causa. Esto va a permitirnos impulsar la investigación sobre el papel de Gerardo Alberto Martínez alias “Gabriel Antonio Mansilla” en el aparato represivo de la dictadura.

A partir de la orden de la Cámara federal al Juez Lijo, el SITRAIC y los organismos podremos acceder a la causa, -circunstancia que nos fue negada sistemáticamente-. Los archivos secretos han protegido durante más de 35 años a los civiles que como Gerardo Martínez participaron activamente en la entrega, desaparición, tortura y asesinato de compañeros a través del terrorismo de estado impuesto por la Junta Militar.

El SITRAIC reafirma su compromiso con esta lucha y con la necesidad de terminar con la burocracia sindical que mantiene a los trabajadores de la construcción víctima del mayor régimen de patotas y entrega del movimiento obrero argentino, mediante la reciente proscripción de 80 listas opositoras en todo el país. Todo bajo el amparo del gobierno kirchnerista que tiene en Gerardo Martínez su más dilecto seguidor de topes salariales, flexibilidad laboral e inseguridad en las obras, al punto de apoyar la repugnante reforma de ley de ART que priva de la vía judicial a los trabajadores.

¡¡CARCEL A GERARDO MARTINEZ!!

domingo, 3 de febrero de 2013

Alak, el ministro del "asado", quitaba fotos de los desaparecidos

Organismos de derechos humanos protestaron ayer por la decisión del intendente de La Plata, Julio Alak, quien ordenó que se retiraran los carteles con fotos de los desaparecidos con guirnaldas de flores en la Plaza SanMartin, donde había sido convocado el acto por el 21º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. 

En tanto, en Córdoba, la agrupación HIJOS, denunció que cuatro de sus integrantes habían sido detenidos por efectivos policiales cuando realizaban tareas de propaganda en repudio al golpe militar

En La Plata, las fotos que habían sido colgadas en hileras que iban de árbol a árbol en la céntrica Plaza de San martín fueron descolgadas a la mañana por empleados municipales y abandonadas en un montículo en la plaza. En medios allegados al intendente Alak se indicó que la orden no había sido dada contra las fotografías de los desaparecidos, sino que los empleados tenían orden de limpiar la plaza de propaganda política.

(Pagina 12, 25 de marzo de 1997)