El Estado argentino demandado por mantener juez de la dictadura

"Está probado que fue parte activa del plan criminal de la dictadura" denunció 

Familiares demandó al Estado ante la CIDH a causa de la "escandalosa impunidad" del juez Hooft

(Por Juan Salinas).- La Asociación de Familiares de Detenidos-desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado anunció hoy en rueda de prensa que se vio obligada a demandar al Estado nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su calidad de garante que "debe responder por las violaciones que se dan a los derechos humanos en las provincias" ante la "escandalosa impunidad" de la que se viene beneficiando el juez bonaerense Pedro Francisco Hoof."Hooft no es sólo un magistrado que omitió dar curso a habeas corpus y fue cómplice pasivo de la dictadura: fue parte activa de su plan criminal y tendría que estar preso, pero ni siquiera fue suspendido y sigue ejerciendo", sintetizó el abogado Eduardo Salerno, que puntualizó que la denuncia ante la CIDH se presentó el lunes pasado.

En efecto, a pesar de estar sometido desde hace más de seis años a un Jury de Enjuciamiento por "su archicomprobada participación en delitos de lesa humanidad" durante la dictadura, Hooft continua ejerciendo como magistrado en sus pagos de Mar del Plata, como si nada.

"Hijo de un nazi holandés refugiado en la Argentina, Pedro Hooft fue hecho juez por la dictadura, en 1976. Los familiares de los secuestrados en la Noche de las Corbatas, de 1977, lo acusaron de actuar por omisión o por complicidad directa con la privación de la libertad y el asesinato de las víctimas, todos ellos abogados", escribió el periodista Matín Granovsky, que fue presidente de Télam.

Carlos Fernando Díaz, por Familiares, Salerno y el abogado  César Raúl Sivo ­-acaso el mayor experto en las trapisondas del paradójicamente hiperprolijo  Hooft- ofrecieron una rueda de prensa en la sede del organismo, en  la calle Riobamba frente al anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

"Hooft es un símbolo de la impunidad de los civiles que participaron activamente en el genocidio y debe ser destituido de inmediato", dijo Díaz.

Por su parte Salerno se refirió a "la paradoja" de tener que demandar al Estado Nacional, con cuya política de Derechos Humanos acuerda, a causa de la "protección corporativa inaceptable" de la que goza Hooft por parte de la justicia bonaerense. Y es que, explicó, en su artículo 2º el Pacto de San José de Costa Rica responsabiliza a los estados nacionales de garantizar su cumplimento en todo su territorio.

"Esperemos que esta situación se enderece ya sea por parte de la Suprema Corte de Buenos Aires, cosa que no creo que vaya a suceder, o bien por las medidas que pueda adoptar el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia", agregó.

Hooft se benefició del pedido de un recurso federal por parte de la Suprema Corte bonaerense firmado por el juez Héctor Negri, pedido que la Corte Suprema de la Nación "ya dictaminó que fue elevado sin revisar mínimamente si cumplía los requisitos" para ello, siguió diciendo Salerno, "una artimaña que le permitió ganar tres años y ocho meses" en una estrategia que, agregó, resulta evidente que consiste en "matar a la causa por inanición".

Las causas, de acuerdo al comunicado, son las siguientes: "A nivel de la Provincia de Buenos Aires, por incumplimiento de la Constitución; a nivel de la Suprema Corte de la Nación, por la ignorancia que cometió y comete la Corte de la Provincia con su despacho que data de hace 11 meses; y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la falta de justicia en esta causa".

A su turno, César Sivo dijo que Hooft es "un camaleón" que logro mimetizarse en democracia ycuya obra maestra ha sido la formación de una Asociación Argentina de Bioética, de la que es presidente. "Le sirve para tapar el hecho archicomprobado de que iba habitualmente a los centros clandestinos de detención, y qaue cuando se comprobó que había interrogado  a detenidos-desaparecidos en la comisaría 4ª de Mar del Plata, y que allí pedía que le dieran la lista de los prisioneros no registrados, apenas atinó a justificarse diciendo que otros jueces también lo hacían."

Sivo recordó que está probado que Hooft tenía una estrecha relación con Eduardo Cincotta, uno de los jefes de la banda ultrafascista "de niños bien" (Salerno dixit) llamada Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), que debutó matando a la estudiante Silvia Filler y que se convirtió en 1974 en una de las patas del terrorismo paraestatal llamado genéricanente " de la Triple A".

A través de Cincotta, Hooft tuvo relación directa, ya en tiempos de la dictadura, como en el ccd llamado La Cacha, establecido en un terreno de la Radio Provincia y utilizado por la Fuerza Aérea, Gendarmertía, la Policía bonaerense y la patota de la CNU, con base en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ccd que acaso se haya caracterizado por la violación sistemática de los detenidos desaparecidos,  según investigadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

César Sivo recordó que Hooft intervino personalmente para que fueron liberados dos de los detenidos en la redada conocida como "La noche de los corbatas" -con lo que les salvó la vida-  y que previamente a ello tuvo una reuniòn con el jefe de la policía bonaerense, el general Ramón Camps.

Uno de los rescatados de una muerte segura fue obligado a mentir frente a los perioditas que había sido secuestrado por Montonerosx.

Recordó también Sivo que Hooft solía reunirse en la Catedral con un sacerdote de apellido Pérez, quien confeccionaba listas de familiares de los detenidos-desaparecidos, listas que eran entregadas a Camps y al Primer Cuerpo de Ejército, comandado por el general Carlos Guillerno Suárez Mason.

Y que luego de sufrir un ataque a balazos a su domicilio a comienzos de diciembre de 1976, virtualmente se mudó a la Base Naval de Mar del Plata, que albergaba entonces un ccd.

Sivo dijo que está probado que Hooft se prestaba gustoso a montajes como el del supuesto descubrimiento de  una fábrica de explosivos del Partido Comunista Marxista-Leninista para justificar el blanqueo de algunos dirigentes de dicho partido, secuestrados en dicha base,  la mayor parte de los cuales fue seguidamente asesinada.

También se refirió a la estrecha relación que tuvo con el entonces mayor Pedro Alberto Barda, jefe del subzona 15 (Mar del Plata) a efectos represivo, y a su habilidad para mimetizarse al crea una "Comisión de Bioética! que le permitió blanquearse en democracia.

"Hoof es un campeón en ganar tiempo", dijo Salerno, y dio el ejemplo de sus hábiles alegaciones acerca de que los fallos que lo perjudican o bien son "cosa juzgada o bien infringen el Pacto de San Nicolás de los Arroyos", lo que obliga a extensas revisiones. tiempo.

Díaz recordó en nombre de Familiares que la Corte Suprema de la Nación determinó el pasado 20 de diciembre que la Corte Suprema bonaerense debe producir una nueva decisión y que desde entonces pasaron diez meses.

Y añadió que estando claro el objetivo de Hooft de llegar a jubilarse sin ser juzgado para alegar que la causa que se le sigue ha devenido abstracta, se han visto obligados a denunciar al Estado nacional ante la CIDH por "violación a los artículos 2, 8.1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.

Por último, el Dr. Salerno puntualizó que si bien ha conseguido dilatar mucho la causa, cada vez que la justicia se ha pronunciado en temas de fondo ha sido contra las pretensiones de Hooft,y que a los escépticos que no creen que Hooft pueda ir a la cárcel vale la pena recordar que lo mismo se dijo del fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la CNU en Mar del Plata que se había refugiado en Estados Unidos, fue ubicado, encarcelado y extraditado.

"Contra todos los pronósticos, es muy poco probable que Demarchi vaya a salir pronto en libertad", remató.

Comienza hoy otro juicio contra represores en Corrientes

Cuarto debate por delitos de lesa humanidad en la provincia 

El exmilitar Raúl Portillo se sentará en el banquillo de los acusados por la desaparición del estudiante Héctor Acosta, ocurrida en Paso de los Libres durante la última dictadura. 

La Justicia Federal comenzará hoy otro juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar, en una causa que investiga la desaparición del estudiante secundario de Paso de los Libres, Héctor Pata Acosta, y que tiene como imputado al exmilitar Raúl Ángel Portillo.

La primera audiencia de este juicio arrancará a las 8.30 en la sala juzgadora del Tribunal Oral Federal Nº 5 de Corrientes, capital, en la esquina de Pellegrini y La Rioja donde a esa hora se concentrará una marcha encabezada por el movimiento Barrios Unidos, familiares de Acosta y organismos de derechos humanos que reclamarán justicia en el inicio de este debate.

Acosta, estudiante del Colegio Nacional de Libres, tenía 17 años el 22 de marzo de 1976 cuando fue secuestrado por un comando de militares y personal de la Gendarmería y Prefectura que lo mantuvo detenido bajo un régimen de torturas en el escuadrón de esa ciudad, hasta que hizo desaparecer su cuerpo. 

Esta causa llega a juicio con Portillo como único imputado en carácter de exjefe del Destacamento de Inteligencia 123 del Ejército Argentino, con asiento en Libres, cuando se produjo el secuestro. En tanto el ex general Genaro Díaz Bessone, quien también fue procesado en el caso, no será juzgado al permanecer con un grave estado de salud y una avanzada edad, por la que goza de arresto domiciliario en Córdoba.

Los testigos son alrededor de 30 personas entre las que se destacan tres hermanos de Pata Acosta, porque los padres del desaparecido ya fallecieron; además, deberán declarar dos exsoldados conscriptos que estaban al mando de Portillo en aquella época, varios exgendarmes y exprefectos que intervinieron en la confección del sumario que realizaron cuando la familia de la víctima denunció la desaparición; asimismo, aportarán datos dos amigos de Acosta y cuatro personas que también fueron detenidas por la dictadura en la misma fecha. 

La querella, en tanto, se conformará con el abogado correntino Daniel Domínguez Henaín como represente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín García. 

El penalista porteño Héctor Patricio Corigliano ejercerá la defensa de Portillo. Este abogado viene de defender a otros represores de la dictadura que están siendo juzgados en la provincia de Neuquén por delitos similares. 

El tribunal estará presidido por Víctor Alonso, acompañado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, quienes ya llevaron adelante otros juicios por delitos de secuestros, tormentos y desaparición de personas en Corrientes, en los que impusieron duras condenas de 25 años de prisión y perpetua a los acusados. 

Acosta era militante político cercano al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su carrera política, a los 17 años de edad, consistía en defender los derechos a la educación junto con otros compañeros suyos del centro de estudiantes del colegio de Libres, motivo por el cual fue víctima del plan sistemático de represión y desaparición de personas durante la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 en la Argentina. 

De esta manera, Corrientes hace punta en el nordeste argentino al ser una provincia que comienza el cuarto juicio oral contra represores por delitos de lesa humanidad. Antes, fueron condenados exmilitares, exgendarmes y expolicías provinciales en las conocidas causa Regimiento de Infantería 9, Cacho Ayala y Goya, también por desaparición de personas y tormentos. 

Pedido de captura contra Isabel Perón

En el marco de la megacausa que investiga los crímenes de la última dictadura cívico-militar durante el Operativo Independencia, ocurrido entre 1975 y 1976 en Tucumán, la fiscalía pidió la detención de quien fuera presidenta en ese período tras la muerte de Juan Domingo Perón, así como también la del dictador Jorge Rafael Videla. Por la misma causa, ayer fue detenido el exgobernador de las islas Malvinas designado por la última dictadura mientras duró la guerra de 1982, Mario Benjamín Menéndez, y otros 15 represores.

Tanto las detenciones concretadas como las ordenadas son las primeras de la megacausa por el Operativo Independencia, en la cual se investigan 269 casos de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidios entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976, durante el gobierno de "Isabel" Perón, que desde 1981 vive en España.

Si bien en el caso están imputados 36 imputados, el juzgado sólo ordenó las capturas de Menéndez y algunos otros militares que nunca estuvieron imputados en causas por la represión ilegal. Todos fueron detenidos ayer en la ciudad de Buenos Aires por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ahora están alojados en la alcaidía del Palacio de Justicia, a la espera de ser traslados, el fin de semana, a San Miguel de Tucumán.

Antes de ser designado en Malvinas por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, Menéndez revistió con el grado de coronel en la Brigada de Infantería de Monte V y participó del Operativo Independencia, la operación, conjunta entre el Ejército y la Fuerza Aérea que fue comandada en principio por el general de brigada Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, exgobernador militar de Tucumán.

Sergio Antonio Verduri: Tiempo de pagar

Fue oficial a cargo del centro clandestino donde estuvieron detenidos Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo. Ahora lo juzgan en La Plata.

Intentó reciclarse como empresario del rubro de vigilancia privada. Se vinculó al pseudo sindicato policial, la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires. Y es comentarista de foros policiales donde pide la “radarización del país”. Pero en estos días, Sergio Antonio Verduri debe responder por su pasado ante la Justicia. Y ante la sociedad. Este ex policía nacido el 4 de enero de 1946 está acusado de formar parte de las patotas asesinas del Circuito Camps que funcionó durante el terrorismo de Estado. Desde septiembre del 2011 es juzgado por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata por 32 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Puesto Vasco”, que funcionó en la Subcomisaría Don Bosco, en Quilmes. Allí estuvieron detenidos, entre otros, Jacobo Timerman (foto) y Osvaldo Papaleo. Pese a las acusaciones en su contra, goza del arresto domiciliario. En  1987, la Ley de Obediencia Debida lo había dejado libre.

El 29 de septiembre, Verduri dejó cerradas las persianas de madera de su chalet, frente a la discoteca Pinar de Rocha, en La Matanza. Tal vez se refugió en las oficinas de su empresa de seguridad, en Bolívar 260, Ramos Mejía, o en Juan B. Alberdi 2817, Capital. Las organizaciones sociales y de derechos humanos que le realizaron un escrache no lo encontraron. “Verduri participó de las patotas que secuestraban, asesinaban y desaparecían. Fue discípulo de Etchecolatz”, dijo a Veintitrés Esteban Santamaría, de HIJOS zona Oeste, que junto a la delegación de La Plata encabezó la movilización. “Durante la democracia organizó las empresas de seguridad, llenas de milicos represores”, señaló Santamaría y agregó que el escrache también fue contra policías involucrados en el caso Arruga que aún revistan en la fuerza: “Repudiamos la continuidad del aparato represivo que se creó para defender los derechos de las clases dominantes y reventar a los pobres”.

Verduri fue oficial de la Dirección General de Investigaciones en los peores años de la dictadura: 1976 y 1977. Hasta el ’79 estuvo en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Según trascendió, se negó a declarar ante la Justicia y se limitó a pedir que lo trasladen más rápidamente desde su casa hasta las audiencias. Adujo sufrir claustrofobia, que le puede provocar taquicardia. Pero Verduri ya había hablado ante la Justicia. En una indagatoria previa al juicio, admitió que en marzo del ’77 fue transferido a la Brigada de Investigaciones de Lanús y en abril se le ordenó prestar funciones en la Subcomisaría de Don Bosco. Según dijo, actuaba como “oficial de guardia, con lo que la función cambiaba para desempeñar la custodia de los detenidos, su alimentación y las cosas normales que suceden en una dependencia policial con detenidos”.  Verduri reconoció que en “Puesto Vasco” estaban detenidos Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo, entre otros. En su testimonio ante la Justicia, Papaleo refirió que Verduri era uno de los oficiales a cargo. Fue lo mismo que dijo en 2007 en el juicio a Cristian Von Wernich, en el que declaró Julio López.

Antes de estos contratiempos judiciales, Verduri estaba abocado a la “seguridad”. En diciembre de 2001 fundó la empresa GPS SRL. Tenía experiencia, pero como empleado. De acuerdo con la ANSeS, en septiembre y octubre de 1994, trabajó para Sermarc S.A. En el mismo período estuvo en Este S.A., agencia de investigaciones; lo mismo que entre febrero de 1996 y octubre del año siguiente. Ahora, posee un tres por ciento de las acciones de GPS SRL y figura como “jefe de seguridad”. El resto del paquete accionario está en manos de una mujer de 39 años, que se estima sería su testaferro.

Ante el gobierno porteño, la empresa declaró en 2010 que el director técnico es otro comisario retirado, en este caso de la Federal, Sergio Russo. La empresa tuvo inconvenientes: la Justicia les embargó 32.512,54 pesos. Sin embargo, según datos del Banco Central, Verduri tiene un crédito de 10.300 pesos en el Banco Provincia. Ahora, el frente de su casa quedó manchado con pintura. Y hay restos de fuego en la vereda, por el patrullero de madera que quemaron los manifestantes. Ya nadie puede perderse: la zona quedó repleta de carteles y pintadas señalando que, en esa dirección, vive un represor.

La Justicia riojana ordenó el traslado de Luciano Benjamín Menéndez al penal de Ezeiza

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, dispuso que el represor "sea trasladado inmediatamente" al Hospital Penitenciario Federal 1, para que continúe el juicio por videoconferencia y el no apartamiento del mismo en la presente causa

El tribunal está integrado por los magistrados José Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano, Jaime Diaz Gavier y Karina Perilli (juez sustituta) que intervienen en la causa por la cual se investiga el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville ocurrido el 18 de julio de 1976 durante la última dictadura militar.

             

El tribunal decidió "no hacer lugar a la separación del juicio de la presente causa ni de la prosecución del juicio sin la prescencia del imputado Luciano Benjamín Menéndez y trasladarlo al hospital Penitenciario Federal 1 de Ezeiza debido al precario estado de salud del mismo".

Hoy se reanudó la audiencia con la lectura de los informes médicos procedentes del Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba por el cual se decidió "una nueva junta médica para el día 16 de octubre del corriente año" afin de terminar de evaluar los estudios realizados a Menéndez aunque se deja explicito que el mismi "no se encuentra en condiciones de continuar el juicio bajo la modalidad de videoconferencia".

Por su parte, el médico de la parte querellante, Moisés Dib, en su informe determina que el imputado presenta un estado clínico que "no se ha modificado respecto al del 1 de agosto pasado" en el cual sí podía presenciar el juicio en cualquiera de sus modalidades razón por la cual fué trasladado a esta provincia.

Tras un cuarto intermedio, los magistrados rechazaron el pedido de la fiscalía, con la adhesión de la parte querellante y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de proseguir el juicio sin la presencia de Menéndez hasta tanto este se encuentre en mejores condiciones de salud.

Murió Ibérico Saint Jean: genocida locuaz, últimamente mudo

Un locuaz que calló ante la Justicia

Fue gobernador de facto entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981. Autor de varias frases justificatorias del terrorismo de Estado, no dijo nada cuando fue interrogado por los crímenes por los que estaba procesado.

Por Diego Martínez

En una cama del Hospital Militar, atendido por sus médicos y rodeado por sus seres queridos, murió a los 90 años el general retirado Ibérico Manuel Saint Jean, interventor de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y uno de los dos hombres a quienes rendía cuentas Ramón Camps, jefe de policía y del mayor circuito de centros clandestinos de exterminio del país. Saint Jean fue procesado y era juzgado desde hace un año por el Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata por 61 secuestros y torturas, por el homicidio de Jorge Rubinstein –apoderado del Grupo Graiver– y por haber implementado un plan criminal y clandestino que incluía torturas y asesinatos con la excusa de “combatir a la subversión”.

“Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos”, prometió en 1977 durante una cena de camaradería. No era un eufemismo sino una práctica concreta que los subordinados de Camps aplicaban en lugares que ellos mismos llamaban pozos: Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, Pozo de Arana. Saint Jean supo jactarse mientras regían las leyes de impunidad de haber hecho desaparecer “cinco mil subversivos”, pero se llamó a silencio cuando lo citó la Justicia: en 2007, en los Juicios por la Verdad, luego como imputado. Esos pozos sobre los que prefirió no hablar amparándose en las garantías que lo protegieron hasta su último día fueron la última escala previa a la muerte de miles de desaparecidos que terminaron enterrados en fosas comunes y que continúa identificando el Equipo Argentino de Antropología Forense.

“El Primer Cuerpo de Ejército, que encabezó en la provincia la lucha contra el terrorismo y no dependía del gobernador (sic), era comandado por el general Carlos Guillermo Suárez Mason”, pretendió ayer el diario La Nación, férreo aliado de Saint Jean en su lucha por la impunidad mientras vivió y en lavar su imagen apenas muerto. Fue el propio Camps quien no ocultó el conocimiento y la complicidad de Saint Jean. “Había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo de Ejército”, escribió en El caso Timerman, como tituló su libro.

Nacido en 1922, Saint Jean egresó del Colegio Militar a fines de 1943, fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y cumplió funciones en el Estado Mayor del Ejército. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y pasó a retiro en febrero de 1973. Después del golpe de Estado, la junta militar lo nombró interventor en la provincia: ocupó el cargo entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981. El voto “sirve para imponer la dictadura de la mayoría”, dijo en 1980 en el Rotary Club de Mar del Plata. “Puede ser mucho peor cuando los tiranos son muchos que cuando es uno solo”, teorizó. En 1982, mientras su hermano Alfredo Oscar era ministro del Interior del dictador Galtieri, justificó la guerra de Malvinas y opinó que el balance era “altamente positivo, más allá del dolor de la derrota”. En 1985 visitó a su amigo Camps, preso en La Tablada, y al año siguiente sus hijos abogados defendieron al ex chofer de su jefe de policía, Norberto Cozzani. Ambos terminaron condenados en el segundo y último juicio a represores antes de las leyes de impunidad. Saint Jean, en cambio, salió ileso de esa primera etapa de justicia post-dictadura.

“No voy a declarar. No tengo nada para aportar e ignoro lo acontecido”, se limitó a decir en 2007 ante la Cámara Federal de La Plata que lo citó al Juicio por la Verdad por los secuestros de la familia Bettini. María del Carmen Frencese de Bettini se había enterado por gestiones de un sacerdote ante Saint Jean que su esposo, desaparecido, había sido asesinado. En mayo de 2008, el juez Arnaldo Corazza lo procesó por el secuestro y las torturas al periodista Jacobo Timerman y le concedió el arresto domiciliario. La causa la inició el abogado Alejo Ramos Padilla, quien destacó que Saint Jean había aportado un equipo de funcionarios para colaborar en “la investigación y los interrogatorios” de Timerman, según consignó Camps.

Saint Jean fue procesado por la Cámara Federal por 61 privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El 8 de septiembre de 2011 se sentó por primera vez en el banquillo frente al TOF–N0 1 de La Plata y una vez más se negó a declarar. Su última batalla, que encabezaron su hijo Ricardo y el abogado Sebastián Olmedo Barrio, fue para ser declarado incapaz y excluido del proceso. Pese a la “actitud de obstrucción” y el “auxilio antiético” del Cuerpo Médico Forense con la “maniobra de simulación” de los abogados, los jueces Carlos Rozansky, Roberto Falcone y Mario Portela concluyeron que “la incapacidad sobreviviente sólo constituye una pretensión de la defensa” y denunciaron a los peritos oficiales, que interrumpían a Saint Jean para callarlo cada vez que empezaba a explayarse con lucidez. A principios de septiembre fue enviado al hospital de la cárcel de Ezeiza y tres semanas después al Hospital Militar. El 17, los jueces fueron a indagarlo por el homicidio de Rubinstein. “Me pusieron de gobernador para perseguir el tráfico de drogas”, fue lo único que dijo, acompañado por su esposa y dos de sus cinco hijos (uno es el fiscal porteño Marcelo Saint Jean). La semana pasada, la Cámara de Casación ordenó concederle el arresto domiciliario. Fue el último beneficio que el Estado de Derecho le concedió al general que se ufanó de matar tímidos e indiferentes.