lunes, 24 de septiembre de 2012

Dificultades y obstáculos en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja

Dos descompensaciones muy oportunas

El juicio se suspendió cuando Luciano Benjamín Menéndez debió ser internado y luego cuando el ex comisario Domingo Vera alegó haberse descompuesto. “Se está perjudicando la continuidad de las audiencias”, advirtieron desde la Secretaría de Derechos Humanos.

 Por Alejandra Dandan

La Rioja atraviesa con muchas dificultades su primer juicio de lesa humanidad. A dos semanas del traslado de Luciano Benjamín Menéndez a su casa de Córdoba, la semana pasada el juicio se suspendió porque el ex jefe del III Cuerpo del Ejército fue internado en el Hospital Militar. Mientras los médicos sugerían que debe estar entre “30 o 40” días sin audiencias, se descompuso otro acusado. El juicio empezó y se suspendió el jueves y el viernes por esa situación con un tribunal de cuatro jueces, dos de los cuales viajan desde Córdoba, otra desde Buenos Aires; con parte de la querella que también llega desde otra provincia y con testigos que recorren el interior de la provincia o llegan de otros lugares para someterse a horas de espera y poder declarar después de treinta y seis años, y deben volver a sus casas sin haber podido hablar.

“El viernes pasado esta querella les ha planteado a los magistrados formalmente que de continuar con las situaciones dilatorias, de modificaciones en audiencias, suspensiones o descompensaciones, se está perjudicando de manera clara la continuidad de las audiencias”, dice Ramiro Fresneda, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. “Estas situaciones desgastan a los testigos, el jueves y el viernes no pudieron declarar en un juicio y planteamos que, si continúa esta situación de supuestas descompensaciones, pedimos que (el ex comisario Domingo Benito) Vera sea trasladado al Hospital penitenciario de Ezeiza, donde tiene médicos que lo asistan y las condiciones que le garantizan la videoconferencia.”

Esa misma posición compartió la querella de las hermanas del cura Carlos Murias, uno de los dos mártires de Chamical, cuyas ejecuciones se intentan investigar en este juicio. Semanas atrás, varios curas y religiosas de la provincia firmaron un comunicado: “Nos preocupan las idas y venidas que se vienen repitiendo luego de haberse iniciado el juicio, con las permanentes objeciones o trabas de los defensores de los imputados que pretenden dilatar el proceso especulando con que se pueda mantener en la impunidad a los imputados o autores”, dijeron en un escenario que por momentos parece no haber cambiado. Entre otros aspectos, los curas nombraron situaciones que vuelven a presentarse como fantasmas para los que esperan una sentencia. Recordaron que “buena parte de los escollos que fueron postergando el juicio se generaron en el tráfico de influencias y presiones que dominan distintos estamentos de poder en nuestra provincia”.

Lo que ocurrió en el terreno de los hechos debe dividirse en dos partes. Por un lado, la situación de Menéndez y, por otro, la del ex comisario Domingo Vera, cuya estrategia para librarse del juicio es lo que más preocupa a las querellas.

La semana pasada un perito del Tribunal Oral Federal de Córdoba revisó a Menéndez y entendió que su situación requiere que quede ausente de las audiencias por un mes o poco más. En ese frente, las querellas pidieron que un perito de parte lo revise el miércoles próximo en el Hospital de Clínicas de Córdoba. No aceptan que se lo aparte del juicio como quieren sus defensores, y eventualmente lo que se analiza es que el juicio siga adelante con Menéndez representado por su abogado defensor en la sala, tal como sucede en buena parte del país en casos similares. En esos casos, los acusados están de cuerpo presente sólo en el comienzo y en el final del debate.

En el caso de Vera, la situación es más compleja no por el cuadro de salud sino por lo que representa el ex comisario en la provincia. Vera, acusado como parte de quienes asesinaron a los curas, representa la cara con la que el poder represivo se garantizó impunidad. Tiene un tendal de relaciones parentales que parecen sugestivas a la hora de entender por qué pudo estar libre hasta diez días antes del comienzo del juicio: un hermano camarista y un abogado defensor hermano de un integrante del Superior Tribunal de Justicia. El Hospital regional Enrique Vera Barros en el que lo examinaron antes del juicio –y donde habilitaron su participación porque intervino un perito de las querellas– depende del Ministerio de Salud riojano, dirigido por alguien cuyo padre es también parte del Superior Tribunal de Justicia, que a su vez es hijo del ex intendente de la dictadura de Chamical, casado con la hermana de la mujer de Vera.

Así, cuando la situación de Menéndez estaba controlada, él se descompuso en la sala o al menos eso planteó su defensa. Mientras las querellas anunciaban que iban a pedir el traslado a Ezeiza, su abogado defensor le dijo con voz potente a Fresneda que lo hacía responsable a él si le pasaba algo a su defendido en el traslado. El TOF pidió vía exhorto a la Corte Suprema de Justicia un perito del Cuerpo Médico Forense para que lo examine. Ahora las querellas esperan ese paso. Con o sin perito, se supone que las audiencias deben seguir el jueves que viene. Nadie sabe qué sucederá. El tribunal ya pidió un médico permanente al Hospital Regional, pero le dijeron que no tenían personal.

En ese escenario se abre la pregunta sobre qué hacer para que el juicio avance. Menéndez y Vera podrían seguir en el juicio representados por sus abogados. Los familiares esperan a los acusados en la sala por la dimensión reparatoria que tienen esas presencias, como dice Cristina Murias, para que escuchen el horror de lo que hicieron.

sábado, 22 de septiembre de 2012

Gerardo “Batallón 601” Martínez: IMPUNE

En julio de 2011, el sindicato de la construcción Sitraic y organismos de derechos humanos -AEDD, Apel y Cadep, entre otros- presentaron una denuncia para que se investigue a Gerardo Alberto Martínez como agente de inteligencia en el período de la dictadura militar, ya que su nombre figuraba en el listado del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601. La denuncia quedó finalmente en el juzgado de Ariel Lijo, como “agente del Batallón de Inteligencia 601”.

El juez Lijo no admitió aún a los denunciantes como querellantes: aduce que el fiscal no ha requerido ni determinado el objeto procesal, solicitando nuevas medidas preliminares de investigación.

Se sabe que como resultado de esas medidas solicitadas por la Fiscalía, la secretaría de Derechos Humanos admitió que Gerardo Martínez había revestido en carácter de personal civil en el Batallón 601, aunque informaba que había actuado entre marzo de 1982 y diciembre de 1983. En el marco de esas medidas, se solicitó también el legajo a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

El domingo pasado, trascendió públicamente el contenido detallado del legajo del burócrata sindical. En él, figura su ingreso en julio de 1981 en el Destacamento de Inteligencia 201, con asiento en la guarnición de Campo de Mayo. Cobró su primer sueldo en octubre de 1981.

El Destacamento 201 en el que sirvió Martínez dependía del Comando de Institutos Militares. Durante la dictadura, sus jefes fueron los generales Riveros, Montes, Nicolaides y Bignone. El Comando tenía el control operacional sobre la “Zona 4”, la cual comprendía los partidos de Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y San Fernando -de donde era oriundo Martínez.

El Comando de Institutos Militares remitía información al Batallón de Inteligencia 601, hacia donde también reportaban las “comunidades informativas” del personal militar, policial, gendarmería, prefectura, delegaciones de la Side y del personal civil de inteligencia. A partir de esa información, actuaban los distintos “grupos de tareas”. Muchos militares y civiles que prestaron servicios en el Destacamento de Inteligencia 201 también lo hicieron en el Batallón 601, como fue el caso del PCI Gerardo Martínez.

En el legajo queda especificado que su especialidad fue “agente de reunión en el ámbito gremial”, cuya categoría era “In 14, cuadro C-3” -la misma que detentaba el “Turco Simón”- y su seudónimo era Gabriel Antonio Mansilla.
Martínez negó sistemáticamente haber sido agente de inteligencia; en declaraciones radiales había dicho que “había sido convocado por los militares para la reconstrucción de las islas Malvinas una vez que las Fuerzas Armadas dominaran el territorio, pero que él no tuvo nada que ver con la dictadura, ni había firmado nada”.

Sin embargo, el legajo muestra que Martínez no sólo firmó, sino que en enero de 1982 juramentó por “fidelidad y lealtad” con el órgano de la inteligencia militar.

En 1983, el jefe del Saeic -el capitán Raúl Fernando Delaico- lo recomendó para el ascenso, por su tarea entre 1982 y 1983. Este capitán, encargado de evaluar a Martínez, participó con el represor Eduardo Alfonso en el operativo en la casa de la familia García Recchia, el cual culminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada, cuyo hijo fue luego apropiado.

La participación de Delaico quedó al descubierto por el Boletín Público del Ejército Argentino N° 4.148, del 6 de julio de 1977: figura la condecoración que le dieron por haber recibido un disparo. La reseña dice así: “con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ al Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D. Raúl Fernando Delaico”. No acompañó a la cárcel a su cómplice Alfonso, porque falleció previamente.
Martínez está conceptuado por este apropiador de menores y asesino como un agente “capaz y útil en su trabajo específico, con excelente nivel de desempeño para las tareas que se le ordenan”.

El 20 de agosto de 1984 fue aceptada su renuncia, pero dada su elevada apreciación por el Batallón 601 se aclara que es “apto para ser reincorporado”.
En su solicitud de renuncia había fundamentado que tenía “excelentes posibilidades de progreso en la actividad privada”. Esas posibilidades estaban directamente ligadas a haber logrado ser electo como primer vocal de la seccional Capital de la Uocra, en marzo de 1984.

En 1989, llegaba a convertirse en Secretario General de la Uocra.

El 16 de julio de 2012, lo encuentra sentado a la derecha de la Presidenta de la Nación. Y sin embargo  ARCHIVARON LA CAUSA!!!!!
PERO ESTUVO DE 1982 A 1984 en el Batallón 601 donde se secuestraba, se torturaba y asesinaba.

viernes, 21 de septiembre de 2012

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Otro represor listo para ser extraditado

El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó el traslado de Claudio "Gordo" Vallejos, quien en 1986, reconoció haber participado el 27 de marzo de 1976, pocos días después del golpe cívico-militar, del secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Júnior, cuando realizaba una gira en Buenos Aires junto a Vinicius de Moraes. Fue detenido en enero pasado por haber cometido estafas en el estado de Santa Catarina, mientras era acusado en Argentina por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, y de haber participado en la "Masacre de San Patricio".

La extradición presentada por el gobierno argentino fue aprobada "parcialmente" por la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF), ya que los delitos de homicidio y tortura prescribieron para la legislación brasileña. El juez instructor, Gilmar Mendes, condicionó la extradición a que Vallejos sea juzgado en la Argentina sólo por el delito de secuestro y a que el gobierno argentino se comprometa a conmutar una eventual pena a prisión perpetua por una condena a un máximo de 30 años, como está previsto por la legislación brasileña.

Mendes también condicionó la extradición a la finalización del proceso abierto contra Vallejos en Brasil por el delito de estafa y al cumplimiento en el país de la eventual pena a la que sea condenado.

El proceso de extradición había sido solicitado en febrero pasado, en el marco de la "megacausa ESMA", que instruye el juez federal Sergio Torres y también por el fiscal Miguel Angel Osorio, a cargo de la causa por el "Plan Cóndor".

"Gordo" Somoza : El represor que sale a pasear

 Por Alejandra Dandan

Carlos Eduardo José Somoza, alias “Gordo”, es un ex agente de inteligencia del Ejército y uno de los torturadores más violentos de El Campito, el centro clandestino de Campo de Mayo. Estuvo prófugo hasta enero de 2010. Es uno de los acusados del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral presidido por Héctor Sagretti, pero su situación procesal depende del juzgado porteño de Ariel Lijo. Somoza está beneficiado con la prisión domiciliaria. Sin embargo, el lunes pasado, a las 12.05, fue fotografiado a bordo de un auto con patente DKU 490, celeste metálico, cuando entraba a su casa de la calle Concordia 989, del barrio de Floresta. Iba con su mujer, según confirmaron ayer sus abogados defensores. 

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada en el juicio por Ciro Annicchiarico, presentó ayer las fotos en la audiencia y solicitó al Tribunal que pida la información procesal del detenido a Lijo, ante una situación que parece insólita: los abogados de Somoza dicen que el juez le dio libertad de movimiento total para atenderse en cuestiones de salud. Y que puede desplazarse en el auto de su mujer porque está “colapsado” el Servicio Penitenciario Federal. Annicchiarico pidió que esa versión se coteje, se pida un informe de salud y se revoque el beneficio. “No tenemos en este juicio conocimiento de la modalidad en que el juzgado del doctor Lijo otorgó el beneficio, pero entendemos que de ningún modo puede concederse con tal amplitud”, dijo Annicchiarico. “Que las razones y oportunidades de las salidas de su domicilio queden libradas al exclusivo criterio y arbitrio del propio procesado implicaría una completa desvirtuación del sentido de la medida cautelar, y no habría ninguna diferencia con que permaneciera en libertad”, agregó. Somoza es un “imputado de gravísimos delitos” que, además, ya dio muestras de querer ocultarse a la Justicia.

martes, 18 de septiembre de 2012

En el juicio por el asesinato de los sacerdotes de Chamical, el represor no estará presente

Menéndez seguirá juzgado a la distancia

A medida que avanza el juicio en La Rioja, Luciano Benjamín Menéndez acusó problemas de salud. Llamativamente, su malestar se acentuó cada vez que un cura o ex cura detalló su relación con la Iglesia. El tribunal decidió que siga el juicio desde Córdoba.

 Por Alejandra Dandan

Uno tras otro, los testigos del juicio por los curas de Chamical van inscribiendo a Luciano Benjamín Menéndez en el corazón de lo que el obispo Enrique Angelelli alguna vez explicó como esa espiral que se cerraba porque quería su cabeza. En esas escenas, Menéndez aparece diciéndole a Angelelli que buscaba que la Iglesia lo nombre “cruzado” para “acabar con los marxistas y sus descendientes”. O negándose a rezar un Padrenuestro con el obispo porque “no gasto ni un Padrenuestro con subversivos”. El viernes, cuando uno de los ex curas declaró sobre ese episodio, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército se descompuso. Luego de un examen médico, su defensa pidió, como otras veces, que lo aparten del juicio. Fiscales y querellantes se opusieron. Pidieron como alternativa que continúe la prisión domiciliaria en su casa de Córdoba. El TOF aceptó. Menéndez ahora seguirá el debate a través de un sistema de videoconferencia.

“Lo que Menéndez no logra soportar no es un juicio más –dice Viviana Reinoso, abogada por la querella de las hermanas del cura Carlos Murias–. Lo que no acepta es un juicio que por primera vez lo tiene en el banco de acusados por la persecución a los hombres de esa Iglesia de la que él manifiesta profunda devoción.” Esa línea, en la que el problema de Menéndez sería aparecer pegado a la responsabilidad por la muerte no sólo de los curas sino del obispo Angelelli, que es de lo que se habla en cada audiencia, es compartida por Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos. Convencido de que la estrategia de la defensa, además, es intentar una y otra vez apartarlo del juicio por esas razones de salud, Fresneda cree que el traslado a Córdoba por lo menos garantiza que el juicio deje de tambalearse o suspenderse para exámenes médicos y abra las chances de llegar a donde cree que hay que llegar: la sentencia.

En ese punto, sin embargo, las posiciones no son todas iguales. Los fiscales y los abogados querellantes optaron por ese camino, el del traslado del represor a Córdoba, sobre todo por dos motivos: para garantizar las condiciones de las que deben gozar los detenidos en cualquier tipo de proceso jurídico y para evitar así nuevas demoras. Para las hermanas de Carlos Murias, en cambio, la mirada es distinta. En ese universo, donde la presencia de los represores en las salas también tiene una dimensión de reparación para las víctimas, aparecen preguntas y sospechas sobre la validez de unos exámenes que se hicieron en una institución en la que no confían.

Esta vez, Menéndez se descompuso el viernes alrededor de las diez de la mañana, justo media hora después del comienzo del debate, mientras declaraba el ex sacerdote Juan Aurelio Ortiz, canciller del entonces obispo Angelelli, clave para la causa, convocado sólo hace una semana, luego de que Menéndez decidiera aclarar en el juicio que nunca vio personalmente al obispo Angelelli. Dicen que como nunca, el represor está pendiente de lo que se dice en la sala para salir a retrucarlo como si se le volviese imposible sostener la lógica de la guerra en un escenario donde las víctimas son integrantes de la Iglesia. Ese día, como sucedió una semana antes con el ex cura Julio Guzmán, el ex canciller del obispo confirmó que se conocieron. Habló de un encuentro entre los dos. Contó que durante una misa, el obispo le pidió a Menéndez rezar juntos un Padrenuestro, porque “pensamos diferente, pero somos cristianos”. Y recordó que Menéndez no aceptó: “No lo hago con subversivos”, dijo que le respondió.

Hasta entonces, el militar seguía el debate conectado a una pantalla desde otro piso del Tribunal. Se descompuso. El TOF ordenó que lo trasladen al Hospital Enrique Vera Barros con la indicación de que el centro de salud destine médicos especialistas en cardiología y neumonología. En el hospital lo evaluaron, los médicos advirtieron que no tenían profesionales para atenderlo, pero indicaron que el cuadro revestía alguna gravedad, tenía presión alta y una afección crónica en los pulmones, para lo cual prescribieron nebulizaciones cada cuatro horas.

La defensa de Menéndez aprovechó la movida para insistir con el apartamiento, el Tribunal lo rechazó por unanimidad, un gesto valorado por las querellas. El fiscal Edgar Darío Illanes; Ramiro Fresneda, de la Secretaría de Derechos Humanos, y Ana María Mercado Luna, de la querella de Murias, pidieron como alternativa que continúe con la domiciliaria, pero en su casa de la provincia de Córdoba, y asista a las audiencias del juzgado federal donde deberá seguir el juicio a través del sistema de cámaras que provee el área de derechos humanos del Consejo de la Magistratura. Fresneda consideró que ante el cuadro “grave” que describen los “médicos”, Menéndez debía ser trasladado para garantizar sus derechos.

En esa evaluación, las partes consideraron los análisis que oportunamente había hecho el Hospital de Clínicas de Córdoba. Le hicieron el examen antes del juicio, dijeron que sí estaba en condiciones de ser juzgado, pero prescribieron cierta cantidad de horas de permanencia en los debates y recomendaron cautela. Ese escenario de fondo marcó la posición de las querellas y fiscales, pero no alcanzó para descomprimir las sospechas y la angustia de los familiares de las víctimas.

El corazón de esas preguntas tiene que ver con el examen que se le hizo en el hospital público de La Rioja, donde fue examinado Menéndez el viernes pasado. El lugar es blanco de críticas desde el comienzo del juicio. La dirección está enlazada a una trama de relaciones de parentesco que habitualmente se convierte en llave para explicar demoras, dilaciones y la impunidad con la que vivieron y, en algunos casos, murieron los responsables de los crímenes.

Vale la pena echar una mirada a esas relaciones para entender de dónde viene tanta sensación de sospecha sobre el avance del juicio. Como se dijo alguna vez en estas páginas, la dirección depende del Ministerio de Salud de La Rioja, que está a cargo del hijo de un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; el juez a su vez es hijo de Víctor Luna, intendente de Chamical durante la dictadura. Víctor Luna está casado con la hermana de la mujer de Domingo Benito Vera, ex comisario de Chamical en la dictadura y acusado en el juicio de la ejecución de los curas. Vera a su vez tiene un hermano que es camarista de Chamical. Su abogado defensor es hermano de otro integrante del Superior Tribunal de Justicia. Vera estuvo libre hasta diez días antes del comienzo del juicio pese a las acusaciones que desde el primer momento pesaron sobre él. Lo examinaron en el hospital público de La Rioja antes del debate; los querellantes y acusadores están convencidos de que si no hubiese ido un médico perito de parte –que fue desde Catamarca a ver ese examen– no habrían conseguido juzgarlo.

En ese contexto, aparecen las quejas de las hermanas de Carlos Murias. “Lo que tiene no es grave, ya lo dijeron los médicos del Hospital de Clínicas de Córdoba –dice Cristina–. Es una enfermedad crónica de los pulmones, seguramente un enfisema leve ya que está obligado a moverse con oxígeno y la presión no le sube por eso sino a partir de que decidió responderme a la declaración y dijo: ‘Esa mujer miente, yo a Angelelli no lo conocí’. Yo hablé de una versión que había leído sobre la visita de Angelelli a Menéndez, una versión que después fueron confirmando todos los curas que declararon. Con eso le subió la presión. Yo misma la tuve más alta y ni siquiera fui al médico.”