lunes, 23 de julio de 2012

Empieza el fin de la impunidad

GERARDO MARTINEZ ALIAS "GABRIEL ANTONIO MANSILLA" NO ERA UN BUCHON ERA UN REPRESOR.

 A 1 AÑO DE LA DENUNCIA Y A PESAR DE LA COMPLICIDAD DEL FISCAL DI LELLO Y EL GOBIERNO EXIGIMOS  JUICIO Y CASTIGO PARA GERARDO MARTINEZ CUYO PSEUDONIMO PARA EL BATALLON 601 y el 201  ERA "GABRIEL ANTONIO MANSILLA"

ESTA LUCHA ES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

AEDD (Asociación de ex detenidos desaparecidos), Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CADHU (Centro de abogados por los derechos humanos), LIBERPUEBLO, APEMIA (Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA), Movimiento Territorial Liberación, CTA (Central de Trabajadores de la Agentina), AGD-UBA (Asociación gremial docente de la Universidad de Buenos Aires), Vecinos de San Cristobal Contra la Impunidad, Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad, CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional), CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) y CADEP (Coordinadora Antirepresica por los Derechos del Pueblo)

 Sindicato Trabajadores Construccion Sitraic

miércoles, 18 de julio de 2012

El agente del Batallón 601, impune

El titular de la Uocra fue agente del Batallón 601. Un supuesto homicidio precipitó su ingreso al organismo.

La entrevista tuvo lugar el 2 de julio de 2004 en un pequeño departamento situado en la calle Rodríguez Peña 279. Su único habitante, un tipo de mejillas hinchadas y mirada gris, ya había relatado algunos pasajes de su vida, antes de clavar los ojos en un punto indefinido del espacio; entonces dijo:

–¿Sabe quien trabajó como agente con nosotros en el Batallón 601?
Y sin esperar la respuesta, aportó un nombre: Gerardo Martínez, nada menos que el actual secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

El tipo, entonces, agregó:
–Fue fácil reclutarlo; ese muchacho tenía un homicidio encima.
El tipo remató la frase con una sonrisa.
Se trataba del ex capitán del Ejército Héctor Pedro Vergez, famoso por sus crímenes en el campo de concentración cordobés de La Perla.
En esa ocasión, también precisó que el sindicalista había ingresado a la Inteligencia militar a fines de 1981. Era difícil creerle. Es que el culto a la verdad no formaba parte de las virtudes de ese hombre. En consecuencia, el asunto pasó rápidamente al olvido. Sin embargo, el represor no había mentido.
Siete años después, el nombre del titular de la Uocra aparecería en el listado del personal civil que integró el Batallón 601. El martes pasado, otro gremio de la construcción y un grupo de organizaciones de derechos humanos le pidieron al juez federal Sergio Torres que determinase cuál fue su rol en la estructura militar que coordinó la aplicación del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

El muerto en el placard. Es probable que, en febrero de 2010, Martínez haya exhalado una bocanada de alivio al constatar que su nombre no figuraba en la lista de agentes que el Ejército le entregó a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, antes de que el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) la difundiera públicamente. Con posterioridad, el ANM solicitó al Ministerio de Defensa una nueva lista, la cual fue remitida hace apenas dos meses; en ella hay 915 nombres que no figuraban en la nómina anterior. Esta vez, Martínez no tuvo suerte: sus datos –Gerardo Alberto Martínez, DNI Nº 11.934.882– figuran en el puesto 2798 de la llamada "Nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el período 1976-1983".

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), la CTA, la Correpi y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, entre otros organismos de derechos humanos, verificaron que el número del documento coincide con el del gremialista y presentaron el martes una denuncia en el juzgado de Torres para que investigue el rol del hombre fuerte de la Uocra en el esquema de la represión ilegal. Los querellantes reclaman puntualmente que se precise si Martínez cometió crímenes de lesa humanidad relativos a los casos de 105 trabajadores de la Uocra, desaparecidos durante la dictadura.

Miradas al Sur se comunicó el miércoles con la Uocra para preguntarle a Martínez si efectivamente había sido agente civil del Batallón 601. Y, de ser ello así, que explique cuáles habían sido sus funciones. La respuesta corrió por cuenta de uno de sus colaboradores:
– El Negro por ahora no va hablar del tema.
–¿Pero trabajó a no en el Batallón 601?
–Mire, en esa época, Gerardo era muy pibe –dijo, antes de dar por concluida la conversación.
Tal vez en ese mismo instante, el secretario general mitigara los sinsabores del presente en el jacuzzi del baño con mármoles de Carrara, contiguo a su despacho de la avenida Belgrano al 1800. Quizás, entonces, su cerebro haya regresado a sus años mozos, cuando comenzaron los acontecimientos de los que ahora tendrá que dar cuenta.

Lejos de iniciarse en el gremio de la construcción como albañil –tal como consigna falsamente su biografía oficial–, ese hombre retacón que suele exhibirse en los mítines con trajes de Hugo Boss debutaría en el mundo laboral a los 22 años como empleado administrativo de la Uocra. Corría 1978; en ese entonces, el gremio estaba intervenido por los militares, y el joven Martínez sellaba formularios en una oscura oficina decorada con un inmenso retrato de Rogelio Coria, el legendario líder del sindicato ejecutado en 1975 por un comando montonero, al salir del consultorio médico en el que trataba su sífilis. Ya entonces, El Negro comenzaría a dejarse ver –en calidad de recadero– entre la dirigencia del gremio.

Si los dichos de Vergez se ajustan a la verdad, poco tiempo después se habría convertido en autor de un asesinato. Se ignora, desde luego, la identidad y el sexo de la víctima, como también si su muerte fue fruto de un delito común o resultado de una disputa sindical. Pero –según se desprende de lo contado por el represor– aquella vida que Martínez debía pudo haber sido la prenda de impunidad que obtuvo a cambio de su ingreso en el Batallón 601.
Allí conoció a por lo menos dos personajes que seguiría tratando a lo largo de su existencia: los agentes civiles Horacio Américo Barcos y Juan Daffunchio. El primero sería designado en 1996 por el propio Martínez como interventor de la seccional Tres Arroyos de la Uocra; actualmente, cumple en Santa Fe una condena de 15 años de prisión por su participación en delitos de lesa humanidad. El otro, a su vez, fue abogado de la filial santafesina de la Uocra.

El cuanto a las labores cumplidas por Martínez en el Batallón 601, no hay demasiada información. Es de esperar, claro, que el juez Torres lo indague por ello, además de cotejar la existencia de un posible vínculo entre él con las circunstancias por las cuales 105 compañeros suyos terminaron por engrosar la lista de desaparecidos.

Ya se sabe que en su infidencia al autor de esta nota, Vérgez sitúa el ingreso de Martínez al Batallón 601 a fines de 1981. En aquel entonces, la dinámica de los secuestros y asesinatos efectuados por los grupos de tareas habían mermado en un 70 por ciento. Lo cierto es que los ojos y oídos del régimen comenzaban a apuntar hacia otra dirección: el frente sindical. De hecho, Saúl Ubaldini ya operaba sobre la unidad de las corrientes gremiales opuestas a la dictadura y los dirigentes que, hasta entonces, habían mostrado una actitud conciliadora con los militares. Este proceso derivaría en la fundación de la CGT Brasil, a fines de 1980, y también en la primera huelga general contra el régimen. El 7 de noviembre de año siguiente –cuando Martínez ya era un orgánico del Batallón 601–, Ubaldini marchó a la cabeza de diez mil manifestantes frente a la iglesia de San Cayetano. Y el 30 de marzo de 1982, protagonizó una manifestación en Plaza de Mayo duramente reprimida. En semejante marco, la inserción de Martínez en la Uocra, uno de los gremios que participaron activamente de ese proceso, fue seguramente un elemento de gran valía para la Inteligencia militar, habida cuenta de que el espía ya era considerado como “uno de los jóvenes brillantes del ubaldinismo”, tal como consignó en esa época una nota del diario La Nación.

La vuelta del albañil al redil. Es probable –a pesar de no existir por ahora ninguna constancia al respecto– que el Batallón 601 haya desactivado al agente Gerardo Martínez en los tiempos inmediatamente posteriores al derrumbe de la dictadura. Sí, en cambio, se sabe que a partir de 1984, el Negro se volcó de lleno a la actividad gremial. Y con una carrera meteórica.
Tanto es así que durante los albores del alfonsinismo, se convirtió en ladero del entonces secretario general del gremio, Alejo Farías. Por cuenta de éste haría algunas tareas poco simpáticas, como ordenar en 1986 la intervención de la filial neuquina de la Uocra, para lo cual recurrió a la represión policial.

El gran salto lo dio en 1990, cuando fue elegido secretario general del gremio. Entonces se sumó a la CGT San Martín, integrada por los dirigentes menemistas más recalcitrantes. A partir de entonces, este taurino, hincha de Boca, esposo ejemplar y padre de tres hijos, comenzó a tocar el cielo con las manos. Tras la reelección de 1995, el Negro, quien ya solía compartir la mesa del Presidente en el restaurante Fechoría –el nombre es una pura casualidad–, accedió a la conducción de la CGT. Desde aquel sitial, participaría activamente en el desguace del Estado. El fin de la década menemista lo sorprendió con un escándalo: sus hombres de confianza en el gremio fueron penalmente denunciados por extorsionar a empresarios.
Actualmente, en paralelo a la dirección de la Uocra, también funge como secretario de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sinuoso como una anguila, a fines de 2010 su nombre comenzó a sonar como posible candidato para suceder a Hugo Moyano. Quien impulsaba llegada a la cúspide de la central obrera fue nada menos que el operador político de Techint, Luis Betnaza. Pero algo falló.
El 15 de mayo, una nota de Horacio Verbitsky en Página 12 deslizó la primera señal de que el Poder Ejecutivo poseía “un informe descalificatorio sobre la actuación de Martínez durante la dictadura militar”.
Ahora todo indica que su su próximo paso será sentarse en el banquillo de los acusados.

martes, 17 de julio de 2012

El titular de la Uocra fue agente del Batallón 601

Del Batallón 601 nadie es inocente
La denuncia contra Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, por su participación en el aparato represivo y genocida del Batallón 601 de inteligencia será un hecho histórico y fundacional para echar luz sobre lo que representó el corazón de la dictadura militar.Gerardo Alberto Martínez es secretario general de la UOCRA; Secretario de Relaciones internacionales de la CGT; integrante del Consejo Administrativo de la OIT, y representante de los trabajadores argentinos ante dicha organización. Durante más de treinta años ocultó su paso como agente civil de inteligencia, o PCI, motivo por el cual cobra vital importancia que a partir de que tomó estado público los trabajadores, y la sociedad en su conjunto, puedan conocer y comprender que fue el Batallón 601.


Entre otros pasaron por el "601" represores y genocidas como los generales Suárez Mason, Alfredo Valín, Verplatsen; el coronel Osvaldo Ribeiro; el capital Héctor Vergez; José Hoyas; Héctor Frances; Jorge O´Higgins; Jorge de la Vega; Emilio Jason y Mario Davico.

No menos "celebres" han resultado, con el correr de los años y a medida que se fue corriendo el velo de secretitud que los amparaba, la intervención decisiva de PCI como Leandro Sanchez Reisse y Raúl Guglilminetti alias "Mayor Guastavino".

El prestigioso abogado santafesino defensor de los DDHH, Jorge Daniel Pedraza, ha publicado en su blog una precisa y detallada reseña sobre el funcionamiento y las tareas que llevaban adelante en el Batallón 601. Transcribimos a continuación fragmento de su investigación.

A pesar de que es lo que seguramente repetirán, sin apartarse una coma del guión, en caso de ser citados por la justicia, es virtualmente imposible, por la naturaleza del trabajo que realizaban y por la ubicación en el esquema represivo de la unidad en la que se desempeñaban, que los Agentes de Apoyo y Procesamiento del 601 ignoraran que la información que tan prolijamente se dedicaban a clasificar, estaba siendo usada para llevar adelante un plan de exterminio. Aún si no hubiera sido así, con la llegada de la democracia y la revelación pública del horror, tuvieron la oportunidad de arrepentirse de haber formado parte de esa maquinaria, la CONADEP hubiera recibido gustosa sus declaraciones. Optaron sin embargo por el silencio de la cofradía cómplice y casi como una semiplena confesión de culpabilidad, muchos de ellos decidieron permanecer sin una sola mueca de asco en su antiguo puesto de trabajo, probablemente en las mismas oficinas donde hasta hacía poco se habían desempeñado como eficaces burócratas de la muerte (*)"

D’Andrea Mohr, capitán del Ejército jubilado y arrepentido por el accionar del Ejército, lo dice en su libro Memoria de vida. “El Batallón 601 fue el sistema nervioso de la dictadura. Es muy gráfico porque señala que los PCI eran los que recolectaban la información de las ciudades, se infiltraban entre las organizaciones, partidos políticos, barrios, gremios, universidades, etc., y labraban memorándum por triplicado que uno se quedaba en el batallón de origen, otro iba a la subzona que correspondía a la provincia y el tercero se entregaba al 601 que era el Estado Mayor del Ejército; por lo que me parece que en algún lugar debe estar toda esa información.”

lunes, 16 de julio de 2012

A juicio oral siete represores que actuaron en Junín durante la dictadura

El juez federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral de siete represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad bonaerense de Junín.

Uno de ellos es el procesado ex comisario Edgardo Mastandrea, quien se autopromocionaba en los medios de comunicación como "especialista en seguridad urbana", indicaron fuentes judiciales.

La medida del magistrado alcanzó al ex coronel Ángel José Gómez Pola, quien se desempeñó bajo el mando del fallecido coronel Félix Camblor, entonces a cargo de la Subzona 13, y que permaneció a cargo del Área 131, en la cual se instalaron los centros clandestinos y torturas que funcionaron en la ciudad de Junín.

En la nómina también figura el ex comisario Abel Oscar Bracken, por su actuación a cargo de la comisaría primera donde funcionaba, en forma paralela, un centro clandestino de detención.

En esa dependencia de la comisaría estuvo prisionero Hugo Torreta, uno de los tres desaparecidos de Junín.

Entre los elevados a juicio también se encuentra Mastrandrea, por entonces oficial inspector de la citada comisaría, quien integraba la "patota" local; junto a Julio Ángel Esterlich, entonces oficial subinspector de la misma dependencia, integrante del grupo operativo "encargado de detener y torturar"; y Francisco Silvio Manzanares, ex suboficial inspector de la misma comisaría.

En la misma resolución, el magistrado incluyó al ex oficial subinspector de Policía Miguel Angel Almirón, quien estuvo a cargo del Destacamento Morse, ubicado a unos 25 kilómetros de Junín, sitio que también funcionó como centro clandestino de detención; y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, quien "controlaba los signos vitales" de los prisioneros cuando eran torturados.

Los informantes añadieron que "la elevación a juicio comprende otro de los tramos de investigación que tuvo a su cargo el juez, quien en la misma investigación elevó a juicio las causas `Automotores Orletti`, `Hospital Posadas`, `Mansión Seré` y circuito represivo de la Subzona 16, `Vesubio`, y `Atlético-Banco-Olimpo`, a partir de las cuales se dictaron diversas condenas".

jueves, 5 de julio de 2012

El Gobierno "archivó" al funcionario que fue agente de la dictadura

Simone apareció en la lista del Batallón 601 que publicó el ANM.
 
A Oscar Simone, denunciado por presunta colaboración con la dictadura, lo mandaron a trabajar al archivo de la Secretaría de Transporte. El Gobierno lo sumarió, pero quedó sobreseído. Otro funcionario sospechado sigue trabajando en Rentas.
 
El cuestionado funcionario de la Secretaría de Transporte Oscar Alfredo Simone continúa trabajando en el Gobierno provincial, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra. De acuerdo con las denuncias públicas y penales, habría sido cómplice del aparato represivo durante la última dictadura.

El caso salió a la luz en agosto de 2010, después de una publicación de Veintitrés donde se ventilaban los nombres de quienes integraron el batallón 601, y se actualizó en mayo de 2011, a través de una lista del Archivo Nacional de la Memoria (ANM). En el medio, Simone pasó a ocupar un cargo de segunda línea dentro de Transporte: lo escondieron.

En aquel momento, el director de Vías y Medios de Transporte, Diego Martínez Palau (ahora titular de la nueva secretaría del área), señaló que el Ministerio de Infraestructura (Vías y Medios dependía de esa cartera) había iniciado un sumario contra Simone, y condicionó su continuidad a los resultados de esa investigación interna.
Martínez Palau explicó a MDZ que en la investigación no se encontraron causas para sancionar a Simone y que, por lo tanto, el funcionario continúa trabajando dentro de Transporte. Sin embargo, lejos de estar a cargo de la Inspección General -cargo que ocupó durante la gestión de Celso Jaque-, fue enviado al archivo que funciona en la ex bodega Giol.

Martínez Palau remarcó que a raíz de los resultados del sumario, no tiene elementos para remover a Simone. Sin embargo, aclaró que la suerte del funcionario dependerá también de los resultados de la investigación que se desarrolla en la Justicia Federal, a partir de una denuncia del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH).

Efectivamente, la titular del MEDH, Elba Morales, recordó que el organismo presentó una denuncia en los Tribunales Federales contra Simone, a fines de 2010, y analizó sobre las acusaciones en su contra: "No está sospechado de ser un simple buchón, sino de ser agente y empleado de la dictadura".

La presentación penal involucra a Simone en la desaparición de Roberto Blanco (1 de abril de 1976), quien también trabajaba en Transporte. En ese sentido, el MEDH solicitó a la Justicia Federal que profundice la investigación para determinar la eventual participación del actual empleado de la Secretaría de Transporte.

Osvaldo Montesino continúa trabajando en Rentas

Junto con las acusaciones contra Simone, los organismos de Derechos Humanos apuntaron a Osvaldo Montesino, cuyo nombre también apareció tras la desclasificación de documentos que ordenó la presidenta Cristina Fernández. Se trata de un inspector de la Dirección General de Rentas (DGR) que hasta el día de hoy continúa trabajando en San Rafael.

Montesino era compañero de trabajo de Aldo Faggetti, quien desapareció en 1976. Justamente, esto le permitió al actual trabajador de la DGR salir ileso judicialmente del asesinato de Faggetti, ya que la nómina de Personal Civil de Inteligencia (PCI) indica que  trabajó desde 1979. Sin embargo, continúan las sospechas en su contra.

"Él se sentaba al lado de mi viejo, en el mismo escritorio. Mi viejo le contaba todo, entre otras cosas, que militaba. Es demasiada casualidad que después a Montesino se le despertara la vocación por ser personal de inteligencia de la dictadura", subrayó Javier Faggetti, hijo de Aldo Faggetti y militante de la agrupación HIJOS de San Rafael.

El Batallón 601 de Campo de Mayo era el centro de información más importante que manejaba la dictadura. A pesar de ser un centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, muchos civiles aportaron información. De hecho, los documentos desclasificados del Batallón dieron cuenta de la colaboración de 3.952 civiles y apenas 345 militares.
 
La nómina fue elaborada por el Archivo Nacional de la Memoria.
 
Oscar Alfredo Simone aparece en la lista de informantes civiles del Archivo Nacional de la Memoria, órgano que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre figura en la página 80 del documento, junto con su DNI. 
 
Fue tema central de debate a mediados del año pasado: a comienzos de agosto, la revista Veintitrés publicó una lista de informantes civiles de la dictadura donde apareció el, por entonces, coordinador de la Inspección General de Vías y Medios de Transporte, Oscar Alfredo Simone. Sorpresivamente, el "acusado" sugirió que se trataba de otra persona y el tema quedó en "stand by".
Sin embargo, en el sitio oficial del Archivo Nacional de la Memoria (ANM, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) aparece una nómina del personal civil de Inteligencia que colaboró con la dictadura donde se observa  el nombre del funcionario junto con su DNI.

Ante este nuevo material, el ministro de Gobierno de la provincia, Félix González, instruyó a la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, para que se acelere el sumario que inició interinamente el Ministerio de Infraestructura contra Simone. Ubaldini también preside la Comisión Provincial de la Memoria, encargada de suministrar información al Archivo Nacional de la Memoria.

El ANM fue creado en 2003 tras la asunción de Néstor Kirchner. Un año más tarde, el 25 de mayo de 2004, el expresidente decidió que el organismo funcione en el viejo edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). El Archivo, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, elaboró un listado de víctimas de desaparición forzada y una nómina del personal civil de Inteligencia en la dictadura.

martes, 3 de julio de 2012

Denuncian Dagnino Pastore, ministro de la dictadura

Por apropiación de tierras

Vecinos de Moreno acusan a Pastore de instigar el desalojo de 230 familias para concretar un emprendimiento inmobiliario.

 Por Gustavo Veiga

Son siete hectáreas las que están en litigio, sobre la parcela 620 E – según la denominación catastral– del barrio Bongiovanni, en el partido de Moreno. Las pretenden para sí presuntos testaferros del ex ministro de Economía de dos dictaduras, José Dagnino Pastore; las ocupan 230 familias humildes que ya han enfrentado intentos de desalojo y represión policial. “Piero Dato, un empresario maderero de la zona, reclama las tierras como propias. Hace más o menos un año, en un sincericidio, nos dijo que respondía a Dagnino Pastore”, cuenta Carolina Otharan, integrante del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha).

Las familias que tomaron tierras cerca del Puente Gnecco, ubicado sobre el Acceso Oeste, en Moreno Norte, no tienen agua, gas, ni cloacas. El único servicio que asoma en las calles vecinas de tierra es la luz. Movimientos sociales que los respaldan, como el FOL, denuncian que quienes confesaron ser testaferros del ex ministro de Economía, “los señores Piero Dato, Juan José Dato y Oscar Leonardo Godoy, operan, sin preocuparse por títulos, la fábrica maderera ubicada en el barrio en tierras de Dagnino Pastore”. Y además, afirman que “recién en noviembre de 2011, cuando acababa de desatarse con más intensidad el presente conflicto con los vecinos, se dispusieron a ‘emprolijar’ apresuradamente los títulos a favor de los testaferros para litigar contra los vecinos”.

Se refieren a la venta de la parcela 620 E que Daniel Oscar Moretti (a quien también acusan de ser testaferro de Dagnino Pastore) les habría realizado en aquel momento a Juan José Dato y Godoy, según la investigación que realizaron. Desde ese momento se agravaron los problemas para los ocupantes de las tierras.

En Bongiovanni conviven en aparente armonía las casillas levantadas con lonas y armazones de madera con casas quintas o propiedades como la de Piero Dato. “Este señor explota a sus trabajadores en la maderera, vive ahí cerca y tiene un caserón impresionante de dos plantas. Está vinculado al ex ministro de Economía y además a Moretti, propietario de una inmobiliaria y dueño del cincuenta por ciento de las tierras de Moreno”, sostiene Otharan, detenida y golpeada por la Bonaerense el 10 de junio en el último intento de desalojo de la parcela 620 E.

Los vecinos aportan pruebas sobre la relación comercial entre Dagnino Pastore, Moretti y los Dato. Afirman que el ex ministro de los dictadores Juan Carlos Onganía –entre el 11 de junio de 1969 y el 17 de junio de 1970– y Reynaldo Bignone –desde el 2 de julio al 24 de agosto de 1982– junto a su esposa, Irene María Lipka, le cedieron en 1999 sus cuotas sociales en DOM SRL al corredor y martillero público Moretti. En ese emprendimiento inmobiliario también recibieron una participación minoritaria las hijas del ex funcionario: Sandra y Silvia. Diez años después, en 2009, las hermanas le transfirieron la totalidad de sus partes societarias a Moretti, quien tiene sus oficinas comerciales en Viamonte 1716, 3º piso. Hacia allí intentaron ir los vecinos para hacerle un escrache a Dagnino Pastore. No pudieron concretarlo debido al paro lanzado por el sindicato de Camioneros y las dificultades que generó para movilizarse. De cualquier modo, insistirán con la marcha más adelante.

La explicación de por qué eligieron esa dirección para repudiar al ex funcionario de facto aparece en un documento del FOL: “Moretti es también apoderado de Pastore y ambos, lo mismo que el escribano que certifica todas sus transacciones, Rolando Caravelli, y también la inmobiliaria DOM, comparten los cuatro el mismo domicilio fiscal en la calle Viamonte 1716”.

Los vecinos más antiguos ocupan tierras en la zona cercana a la maderera de Piero y Juan José Dato desde hace casi quince años. Ese tiempo llevan los primeros asentamientos en Bongiovanni. Según el FOL, en los últimos dos años, los empresarios hostigaron, atacaron verbalmente y patotearon a los habitantes que los rodean con sus casas muy precarias. Muchos se sumaron a la toma de tierras en los últimos meses, como prueba la precariedad de sus improvisadas casillas sostenidas con travesaños de madera y con cuberturas de lonas o plásticos.

El conflicto también esta judicializado con una denuncia contra los vecinos radicada en el flamante Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno y General Rodríguez. Pero el 22 de junio, el FOL interpuso un recurso para suspender el desalojo por 180 días, basándose en un decreto provincial. Ahora el asunto está en manos de la Subsecretaría Social de Tierras. Además, representantes de las familias se reunieron con la Comisión de Tierras de la Cámara baja bonaerense con el objetivo de avanzar en una expropiación de la parcela 620 E.

El domingo 10 de junio había recrudecido la hostilidad cuando, sin orden judicial, hubo un operativo que terminó con la detención de Otharan, quien trabaja en el saneamiento ambiental del barrio. En un texto que le enviaron a Página/12, los vecinos señalaron: “...hemos tomado coraje para rebelarnos ante estos verdaderos patrones de estancia, decidiéndonos a resistir cualquier nuevo intento de desalojo que pudiera sobrevenir en los terrenos en disputa”.

Las 230 familias de la parcela 620 E acusan a Dagnino Pastore, jubilado de privilegio hasta 2006, de intentar el desarrollo de “un negocio inmobiliario y un supuesto polo industrial”. Con la memoria fresca por hechos semejantes ocurridos en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, lo bautizaron el “Blaquier de Moreno”, en alusión a Carlos Pedro Blaquier, el todopoderoso empresario del ingenio Ledesma.
“Experto” en viviendas

Ante los hechos que denuncian los vecinos del barrio Bongiovanni de Moreno, el doctor en Ciencias Económicas José María Dagnino Pastore les tenía reservada una cruda paradoja. Hace algo menos de dos años, entre el 6 y 7 de octubre de 2010, después de haber asumido como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA), organizó un Congreso de Vivienda y Desarrollo Urbano. Lo hizo bajo la premisa de “aportar al diseño e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo humano y el acceso a la vivienda de todos los argentinos”.

Los ocupantes de la parcela 620 E recordaron que en ese evento brindó una conferencia magistral el obispo Jorge Casaretto y Dagnino Pastore, como decano, también se hizo presente en la charla de apertura. Baldomero Alvarez de Olivera, por entonces ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, hoy referente de la agrupación sciolista La Juan Domingo, fue uno de los disertantes.

El congreso fue declarado de interés por el Ministerio de Desarrollo Social porteño, la Cámara de Diputados bonaerense y el gobierno de la provincia de San Luis.