sábado, 31 de diciembre de 2011

Amenaza en Río Tercero

El martes a la mañana, al salir al jardín de su casa de Río Tercero, la esposa de Fernando Martinelli encontró un obsequio que desconocidos le dejaron a su compañero, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esa ciudad cordobesa. Era una cruz metálica, oxidada, antigua, de 1,4 metro de altura, que detrás tenía una foto de Martinelli y una leyenda armada con letras recortadas. El mensaje: “Te vas a ir con tu hermano”, en referencia a Roberto “Tito” Martinelli, desaparecido en 1975 por el terrorismo de Estado. Martinelli, ingeniero agrónomo y productor agropecuario, presentó una denuncia penal para que se investigue el hecho, que la APDH repudió y calificó como “accionar faccioso”. 

El organismo arriesgó que “por el contenido ideológico, retrógrado y amenazante” el mensaje debió ser obra “de alguna organización o individuos por suerte minoritarios y residuales del período marcado por el terrorismo de Estado”. “Hechos como el hoy denunciado, muy lejos de amedrentarnos, nos impulsan a seguir adelante para vencer estos obstáculos a la democracia que intentan poner pequeños grupos o individuos totalitarios, antidemocráticos y fascistas”, advirtió la APDH.

viernes, 23 de diciembre de 2011

Denuncian que la Secretaría de Cultura de la Nación contrató a una empresa dirigida por un represor

"Represores a Cultura" es el título de un informe del sitio web plazademayo.com, que asegura que la cartera dirigida por Jorge Coscia contrató a la firma "Organización Anselmi" para vigilar varias dependencias. Esa empresa de seguridad es comandada por Rolando Oscar Nerone, acusado de delitos de lesa humanidad.

La Secretaría de Cultura, dirigida por Jorge Coscia, contrató a la empresa de seguridad Organización Anselmi para vigilar el patrimonio de varias dependencias. La empresa está dirigida por un represor acusado de delitos de lesa humanidad. El ofrecimiento de tareas de inteligencia de la compañía y su posible participación en la desparición de Julio López fueron ignorados por la institución gubernamental a la hora del contrato.

Luego de pasar a retiro, muchos represores de la última dictadura encontraron en el negocio de la seguridad privada una buena forma de camuflarse en la sociedad civil y pasar desapercibidos, aunque sin abandonar sus viejas prácticas, para las cuales se creen infalibles expertos. Uno de ellos, Rolando Oscar Nerone, encontró resguardo en la empresa de seguridad a cargo de la vigilancia de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Jorge Coscia, y varias de sus dependencias.

La causa judicial que investiga el accionar de la Triple A –banda de choque paraestatal impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón, en particular, por su ministro de Acción Social José López Rega– da cuenta de que Rodolfo Walsh fue el primero en advertir a una célula paramilitar ligada a la Policía Federal encargada de investigar, identificar y secuestrar a exiliados políticos latinoamericanos. Un antecedente directo del Plan Cóndor de represión coordinada en Latinoamérica. El responsable de inteligencia de ese grupo, según pudo comprobar Walsh, era un comisario hasta entonces ignoto: Rolando Oscar Nerone.

Nerone se especializó en este área y formó parte de las acciones represivas de la dictadura, según consta en su legajo policial, al que tuvo acceso plazademayo.com. Sin embargo, quizás el accionar de este represor no quede impune, ya que su caso llegó a la justicia.

A mediados de este año, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Nerone por la desaparición de la argentino-uruguaya Victoria Lucía Grisonas, ocurrida el 26 de septiembre de 1976 en la casa en la que vivía con su marido uruguayo Roger Julien y sus dos hijos, Anatole, de cuatro años, y Victoria, de casi 1 año y medio. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) de Uruguay.

En la tarde de ese 26 de septiembre, fuerzas del ejército argentino y el uruguayo, la Policía Federal y la Side irrumpieron en la casa de los Julien Grisonas. Roger Julien intentó defenderse con una pistola, y uno de los disparos hirió a Nerone en su pierna izquierda. Esto se encuentra asentado en legajo personal del inspector donde se detallan las "lesiones sufridas el 26.9.1976, al resultar herido por delincuentes subversivos cuando realizaba un allanamiento".

La pareja intentó huir con sus dos hijos al hombro, pero fueron detenidos. Según la confesión del represor Eduardo Ruffo, que formó parte del operativo, ante la inminente detención Julien se tomó una cápsula de cianuro y murió en la calle a los pocos segundos, aunque su cuerpo nunca fue encontrado.

Victoria y sus hijos fueron trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, aunque los niños fueron abandonados en 1979 en una plaza de Valparaíso, en la república de Chile, lo cual permite sostener que su destino fue decidido en el marco del Plan Cóndor de represión coordinada entre las dictaduras latinoamericanas. Los niños se transformaron, en 1983, en los primeros dos nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo.

Hasta su procesamiento, Rolando Nerone, de 64 años, se mantuvo en el anonimato. En el último tiempo se desempeñó como Director Técnico de la empresa de seguridad privada Organización Anselmi SRL, según el registro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualizado el 25 de noviembre de 2011.

Un listado en la página web de la compañía indica que esta empresa trabaja actualmente para la Secretaría de Cultura de la Nación, y se encarga de custodiar al menos nueve edificios que dependen se su órbita, entre los que se destacan el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), la Manzana de las Luces, el Museo Mitre, el Museo del Cabildo y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Según pudo comprobar plazademayo.com, el Palais de Glace, en Posadas 1725, y el InstitutoNacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en Montevideo 671, cuentan actualmente con los servicios del personal de Anselmi SRL, cuyo uniforme consiste en una camisa gris, pantalón negro y zapatos al tono. En el caso del Palais, son al menos 8 personas las encargadas de custodiar el edificio.

Plazademayo.com intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el secretario de Cultura Jorge Coscia para consultarlo acerca de la contratación de esta agencia de seguridad signada por los antecedentes de su directo técnico. Coscia se negó a responder personalmente. Finalmente, el departamento de prensa de esa entidad señaló a este sitio que "el vocero Manuel Sosias explica que la contratación se realizó con el dueño de la empresa y que no se conocían los antecedentes ni accionar de Nerone".

Cabe preguntarse si no corresponde una investigación exhaustiva de las agencias de seguridad a ser contratadas por organismos del Estado, ya que ha sido comprobado una y otra vez que la mano de obra desocupada de la dictadura encontró en ellas un refugio laboral contemporáneo.

"Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´", explica Martín Medina, autor del libro Quién custodia a los custodios.

Por otro lado, la Organización Anselmi, cuyo director es el represor Nerone, ofrece entre sus servicios la realización de tareas de inteligencia entre las que incluye el espionaje sobre "perturbadores profesionales", la investigación de "sabotajes", "huelgas", "conflictos" y "faltas intencionales". También ofrece investigar "antecedentes ambientales de trabajo" y "políticos". Estos servicios, que llenarían de orgullo a cualquier fuerza de represión ilegal, se exhiben de manera explícita en su página web.

No sólo eso. En 2007, la secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de intentar dar con el paradero de Jorge Julio López, entregó a la justicia federal un listado de empresas que podrían estar vinculadas a represores de la última dictadura. Entre ellas figura Organización Anselmi.

Todos estos antecedentes a los que se puede acceder con la mayor facilidad fueron ignorados por la dependencia gubernamental de la que dependen los quehaceres de la cultura nacional a la hora de entregarle la seguridad de sitios que resguardan nuestro patrimonio. Un error que Coscia debería enmendar de inmediato, a la vez que dar explicaciones.
Fuente: Escrito por Camilo Pupt para plazademayo.com

lunes, 19 de diciembre de 2011

Suspensión de profesor de la UBA, denunciado por delitos de lesa humanidad

La UBA suspendió a Mario Casalla, denunciado por delitos de lesa humanidad en los 70 en Salta
El profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, denunciado por su participación en delitos de lesa humanidad. La denuncia contra el profesor, presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, resurgió en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esta provincia.
Avila solicitó a la Justicia indagar a Casalla como "autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra", docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces.

En palabras del querellante Martín Avila: "Casalla `marcaba` y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra".

Casalla se desempeñaba hasta la semana pasada en la Facultad de Psicología como profesor regular, a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología.

Una nota

“Durante los años ’74 al ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión”, escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.

Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo “marxista”. De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación.

viernes, 16 de diciembre de 2011

Revocada la excención de prisión a genocida

La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, comunica que recientemente la Cámara de Casación confirmó la revocación de la excención de prisión otorgada por el Juez Federal de San Nicolás Villafuerte Ruzo al máximo responsable del genocidio en nuestra localidad y ciudades vecinas. Estamos hablando del ex–Coronel Manuel Fernando Saint Amant, Jefe del Área Militar 132 entre noviembre de 1975 y 1977.

Ya en los fundamentos de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario uno de los jueces sustentaba: “en tal sentido, debe tenerse en cuenta que la provisional valoración de las características de las transgresiones atribuidas al imputado Manuel Fernando Saint Amant indica que se trata de la imputación de la presunta comisión de hechos constitutivos de delitos graves y de naturaleza violenta, concretamente crímenes de lesa humanidad”

Con la confirmación de la instancia superior, como es la Cámara de Casación, está ahora en manos del Juez Federal Villafuerte Ruzo hacer efectiva la detención de este genocida, de modo que cuando se inicie el primer Juicio Oral a fines de febrero de 2012 en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario por varios casos ocurridos en nuestra ciudad entre noviembre de 1976 y mayo de 1977 el ex–Coronel Saint Amant este esperando esta instancia en prisión común y efectiva.

Esperamos también que el Juzgado Federal de San Nicolás entienda nuestro anhelo de Memoria, Verdad y Justicia y actúe en consecuencia.

Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás
Martes 13 de Diciembre de 2011
A la Memoria de los caídos en la Masacre de Margarita Belén

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Las víctimas de Bussi : Fosa con restos de desaparecidos

Las víctimas de Bussi

En Tucumán, ayer se encontró una fosa con restos de al menos quince desaparecidos. En otro lugar de la provincia fueron identificados los restos del senador justicialista.

Los esqueletos estaban quemados, con las manos atadas. Fueron encontrados en una fosa común en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán, donde funcionó el centro clandestino de detención en el que el dictador Antonio Domingo Bussi, recién fallecido, solía presentarse para fusilar a los secuestrados, disparando él mismo un tiro en la nuca del primero de la fila. La confirmación del hallazgo coincidió con una segunda noticia: también en Tucumán, pero en una fosa ubicada en otro lugar, el Pozo de Vargas, fueron identificados los restos de Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial justicialista desaparecido en 1976.

Según el juzgado federal a cargo de Daniel Bejas, que dio a conocer la información sobre los esqueletos encontrados en el ex Arsenal, los cuerpos corresponden a por lo menos 15 personas. En el lugar está trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense, con colaboración del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán.

Los primeros hallazgos en el predio se habían hecho el 31 de marzo pasado, cuando se descubrieron restos óseos humanos y la presencia de paredes quemadas. A partir de eso, un trabajo de meses de los antropólogos permitió encontrar, según detalló el juzgado, “una fosa común con esqueletos completos en diferentes posiciones, varios de ellos atados en las extremidades superiores, algunos con presencia de proyectiles de arma de fuego y vainas asociados directamente”.

Se informó que los cuerpos “se encontraban ubicados como cayeron” en una fosa “que habría sido de quema”, ya que se encontraron restos de neumáticos y rastros de combustión en los cuerpos. Los investigadores estiman que se trató de un lugar de ejecución.

Desde 1975, en el Arsenal funcionó el mayor campo de concentración de Tucumán, con una doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. Hasta allí solía ir Bussi para encabezar ejecuciones de prisioneros con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Un gendarme arrepentido confió que el entonces gobernador de facto mató así a la adolescente Ana María Corral, de 16 años.

Al mismo tiempo que se conocía el hallazgo de los esqueletos en el predio del Arsenal, los familiares del senador Vargas Aignasse confirmaban que habían logrado ser recuperados los restos del dirigente. La identificación se realizó mediante un cotejo del ADN de tres de sus hijos, María Marta, Gerónimo y Mariana. “Fue un momento de mucha conmoción, porque terminamos un proceso de búsqueda que parecía imposible”, señaló Gerónimo Vargas Aignasse. “Uno siempre tiene la esperanza de que va a encontrar a quien está desaparecido. Esa condición es el limbo del horror, no se puede terminar de resolver el duelo.”

El Equipo de Antropología Forense lleva recuperados varios cientos de trozos de ropa, calzados y huesos sacados del Pozo de Vargas, una vieja construcción de mediados del siglo XIX realizada originalmente para extraer agua. Los restos están entremezclados con cal y otros componentes químicos, lo que dificulta la identificación de las víctimas. En este caso, el cotejo genético dio una certeza del 99,9 por ciento.

Hasta ahora se extrajeron muestras del Pozo de hasta unos 50 metros de profundidad, pero quedarían todavía unos 30 metros más para llegar al fondo, donde se presume que estaría la mayor concentración de pruebas.

Por el asesinato de Vargas Aignasse, Bussi fue llevado a juicio oral y condenado a cadena perpetua junto al ex jefe del tercer cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

martes, 13 de diciembre de 2011

Identifican los restos de Guillermo Vargas Aignasse en el Pozo de Vargas

Sus restos fueron identificados en la fosa común conocida como el "Pozo de Vargas" en San Miguel de Tucumán según fuentes judiciales. Guillermo Vargas Aignasse fue hasta el día de hoy un desaparecido por el genocidio encabezado por Antonio Bussi en la provincia. El genocida recientemente fallecido, fue juzgado por éste crimen en 2008 y condenado a cadena perpetua por ser considerado responsable del secuestro, tortura y posterior desaparición del ex legislador peronista en 1976. 

El fiscal Alfredo Terraf dijo en ese juicio que “está acreditado que lo que le ocurrió al ex legislador (Vargas Aignasse) no fue un hecho aislado. Fue consecuencia de un plan tenebrosamente planificado, un plan que quería instaurar una tiranía y una dictadura por todos los tiempos”.  Una pata fundamental para cerrar el círculo de impunidad, tanto para la familia como para la memoria histórica de Tucumán y el país.

viernes, 9 de diciembre de 2011

Denegada libertad a represor procesado por crimenes de lesa humanidad

Lesa humanidad: el Máximo Tribunal rechazó el planteo de un acusado por el secuestro de dos sacerdotes
Se trata de Domingo Benito Vera. La Corte desestimó el pedido para que se deje sin efecto su procesamiento y prisión preventiva. Está imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville


La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja interpuesta por la defensa de Domingo Benito Vera contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que había confirmado el auto de procesamiento y prisión preventiva que le fuera impuesto por los delitos de privación ilegítima de la libertad  y tormentos (en ambos casos dos hechos), todos en concurso real, en perjuicio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.

Los hechos se registraron en El Chamical, provincia de La Rioja, en el marco de la denominada “lucha contra la subversión” desarrollada por las fuerzas armadas dentro de la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, donde Vera estaba a cargo de la comisaría de esa localidad.

Escapó un preso detenido por crímenes de lesa humanidad

El primer civil imputado por crímenes de lesa humanidad en Tucumán se fugó de un instituto privado donde permanecía alojado a raíz de un intento de suicidio, confirmaron fuentes judiciale

Juan Carlos Benedicto fue procesado en la causa por el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga y hasta anoche permanecía alojado con custodia en un hospital neuropsiquiátrico.

El detenido estaba allí desde hacía casi un mes tras un intento de suicidio en el penal de Villa Urquiza, donde cumplía la prisión preventiva.

El juez federal Daniel Bejas confirmó lo sucedido, luego de regresar desde Uruguay donde estaba ofreciendo charlas.

"Fui informado esta mañana vía telefónica", señaló Bejas y destacó que "se siguen varias líneas investigativas y fueron advertidas ya las fuerzas de seguridad nacional".

El magistrado recordó que "al momento de ordenar su detención también ordené la prohibición para que abandone el país, la que aún está vigente".

Bejas explicó que Benedicto se encontraba imputado en la causa Arsenales ya que, según las declaraciones de dos testigos que están en el expediente, "formaba parte de un grupo denominado La Patota, que colaboraba con los militares".

Según la investigación, Benedicto habría matado a golpes a una mujer en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, que funcionaba como centro de detención y exterminio.

"En esta megacausa hay más de 20 procesados y 80 víctimas", explicó Bejas.

El ahora prófugo estaba detenido en el pabellón de máxima seguridad del penal de Villa Urquiza y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una de sus rodillas.

"Como en la cárcel no podía recibir el tratamiento para la recuperación indicada por los médicos, estaba con arresto domiciliario y allí intentó suicidarse con pastillas unos 25 días atrás", comentó Bejas.

El magistrado federal indicó que los médicos forenses confirmaron un serio riesgo en cuanto a repetir el intento de suicidio, por lo que fue derivado al instituto psiquiátrico Manuel Corbalán, desde donde se fugó anoche.

La investigación en la que fue implicado Benedicto gira en torno de la existencia de un circuito de exterminio dentro del plan sistemático de aniquilamiento de opositores políticos a la dictadura militar.

Se calcula que por ese sitio donde funcionó la guarnición militar pasaron alrededor de 1.500 detenidos-desaparecidos y se estima que el caso llegue a juicio en el segundo semestre de 2012.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Una resistencia que cumplió 31 vueltas

Madres, Abuelas, Familiares, Hijos, AEDD.... realizaron la tradicional marcha en Plaza de Mayo
La consigna central fue “Toda la verdad, toda la justicia”. Hubo un reconocimiento a los juicios y también distintos reclamos, como la investigación de los cómplices civiles y la libertad de Karina Germano.

 Por Diego Martínez

Con la exigencia de “toda la verdad, toda la justicia” como consigna central, el reconocimiento por los 264 represores condenados y más de 800 procesados, pero también con reclamos históricos como el juicio a los cómplices civiles del terrorismo de Estado más un amplio abanico de cuentas pendientes de distintas épocas, desde la “aparición con vida de Jorge Julio López” o la exigencia de que las cárceles “dejen de ser centros de tortura y muerte” hasta los recientes asesinatos de militantes campesinos en el norte del país, organismos de derechos humanos realizaron ayer en Plaza de Mayo su histórica Marcha de la Resistencia.

La 31ª edición de la caminata en torno de la Pirámide que Madres y Abuelas realizan cada diciembre desde 1981 fue convocada este año por ambas agrupaciones (en el caso de Madres por la Línea Fundadora, ya que la asociación de Hebe de Bonafini tomó distancia en 2006 al considerar que “ya no tenemos un enemigo en la Casa Rosada”), más Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

A la imagen de los organismos de derechos humanos portando su bandera con rostros de víctimas de la dictadura se agregaron postales menos imponentes, pero no menos significativas: fotos de los tres hombres jujeños asesinados en julio durante el desalojo del predio del Ingenio Ledesma, de Nora Cortiñas recordando que “Ledesma mata” desde la leyenda de un barbijo, imágenes del pibe Luciano Arruga, “desaparecido en democracia” en manos de la Policía Bonaerense, carteles de reclamos de justicia por los asesinatos de Cristian Ferreyra, militante del Mocase-Vía Campesina de Santiago del Estero, y también por las muertes de Mario y Roberto López, “hermanos Qom asesinados por los sicarios de Insfrán”, en referencia al gobernador formoseño Gildo Insfrán.

A las seis de la tarde, mientras un turista desconcertado indagaba el motivo del encuentro y desde el escenario sonaban los “tambores en lucha” de La Chilinga, habitués de las convocatorias de los organismos, en torno de la pirámide eran escasos los familiares caminando con las fotos en blanco y negro de sus seres queridos, y numerosas las banderas de pibes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y la CTA, entre otras agrupaciones.

Una consigna distintiva este fue año fue el pedido de “libertad de Karina Germano”, militante de Hijos en sus comienzos, quien cumple desde 2006 en la Argentina una condena por un secuestro en Brasil. La Galle Germano, en el penal de Ezeiza, recordó desde una grabación que fue extraditada con la ayuda del ex presidente Néstor Kirchner, que fue “víctima de fiscales y jueces cómplices de la dictadura, quienes por mi condición de Hija me quitaron todos los derechos”, y que desde hace cinco años pide sin suerte acceder a salidas transitorias. “El pedido se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia”, recordó.

“La marcha significa hoy seguir reclamando toda la verdad y toda la justicia”, enfatizó Martín Fraga, de Hijos. “Se logró mucho, pero también faltan muchos juicios, falta juzgar a empresarios cómplices como los Blaquier o los de Mercedes Benz, a la Triple A y a la CNU; falta abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia, de la Policía Federal y de las policías provinciales, falta encontrar a 400 nietos y también trabajar para que no haya más muertes como las de Ferreyra, del Mocase santiagueño, y también el del Partido Obrero”, destacó.

Mientras en el escenario los pibes de Jahmila dedicaban el Bella Ciao de los partisanos italianos “a la resistencia de los pueblos indígenas”, militantes que se distanciaron de los organismos de derechos humanos más cercanos al kirchnerismo enumeraban reclamos que quisieran escuchar con más fuerza. “Hace cinco o diez años pedíamos para que no reprimieran a los pueblos originarios y no corrieran a los campesinos de sus tierras. Algunos quieren creer hoy que eso ya no existe”, lamentan. “La marcha sigue teniendo el mismo significado que hace 30 años: resistir contra la impunidad. Claro que hubo cambios, pero la impunidad pasa hoy por tener más de cuatro mil procesados por protestas sociales mientras los represores procesados apenas pasan de 800”, apunta Nora López Pomé, presidenta de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos.

Los organismos celebraron en el documento consensuado el avance de las causas contra “la corporación judicial”, reclamaron celeridad y cárcel común a los represores, pero también “consolidar un proyecto social de inclusión en todos los niveles”. “No podemos seguir permitiendo que los empresarios y sus cómplices en los distintos poderes avancen sobre las tierras y los pobladores originarios”, advirtieron.

martes, 6 de diciembre de 2011

Procesan a ex juez por delitos de lesa humanidad


Manlio Torcuato Martínez encubrió y omitió investigar abusos

Por Gerardo Aranguren

El ex juez tucumano Manlio Torcuato Martínez fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el marco de la segunda etapa de la causa “Romero Niklison”, en la que  ya fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “Tuerto” Albornoz a prisión perpetua.
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas confirmó con su fallo el pedido del fiscal federal Pablo Camuña, al procesar al ex magistrado por incumplimiento de sus funciones y encubrimiento de los asesinatos de cinco militantes montoneros: María Niklison, Fernando Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo Paz, y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Miguel Romano.
Para la fiscalía, existen pruebas concluyentes para procesar a Martínez por haber omitido investigar y encubierto el fusilamiento de los cinco militantes. “El juez federal se apersonó en el inmueble luego de ocurridos los hechos y no adoptó ninguna medida tendiente a determinar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos”, señaló Camuña en su escrito.
El fiscal acusó además a Martínez como partícipe de la violación de domicilio y de los homicidios. El juez Bejas no lo entendió así y dictó la falta de mérito sobre esos delitos. Martínez no sólo no investigó y encubrió los asesinatos, sino que comenzó a investigar al propietario de la casa donde se realizó el sangriento operativo, Miguel Romano, a quien detuvo durante más de un año en la Jefatura de Policía de Tucumán, que funcionaba como centro clandestino de detención.
Manlio Martínez ascendió como juez durante el Operativo Independencia, cuando el fallecido general Acdel Vilas lo nombró para remplazar al juez anterior, cuyo accionar era excesivamente “legal” y entorpecía las tareas represivas. “Los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de Manlio Martínez para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló Camuña.
Además de estos delitos, por los que quedó procesado, numerosos testimonios ubicaron al ex juez tucumano en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia, en los que tomaba declaraciones a los detenidos-desparecidos.

sábado, 3 de diciembre de 2011

Que no asuma un consejero escolar en Lomas que fue policia con la dictadura

Reclamo contra un ex comisario

 Por Adriana Meyer

Organizaciones de derechos humanos y sindicales, entre ellas ATE y CTA, lanzaron una campaña para impedir la asunción de Raúl Magallanes, quien el 10 de diciembre debería asumir como consejero escolar de Lomas de Zamora por haber sido electo en las listas del Frente para la Victoria. Trabajadores de la educación y la comunidad educativa, legisladores y personalidades del campo sindical, social y político acusan a Magallanes de que “durante toda la última dictadura ha formado parte de la Policía Bonaerense dirigida por los genocidas (Ramón) Camps y (Miguel) Etchecolatz”.

Entre las adhesiones a la campaña se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y varias Madres de Plaza de Mayo. Los impulsores de la impugnación difundieron que Magallanes acaba de cursar a varios dirigentes de ATE Sur cartas documento y que en 2006 el vicegobernador electo Gabriel Mariotto calificó a Magallanes como “el López Rega de (el ex intendente Jorge) Rossi”. Además señalan que “en 2004 Magallanes, como jefe de seguridad del intendente Rossi, puso en funciones como custodios del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías retirados denunciados ante la ex Conadep como represores de la dictadura: Gerónimo Balmaceda, Juan Rivadeneira, Jorge Alberto Verdún y Manuel Moreno, a quienes propuso para integrar un nuevo “cuerpo de seguridad municipal”.

En 2006, “en un confuso hecho policial ocurrido en el Palacio Municipal bajo su custodia, una persona entró por la ventana al despacho de una concejala y se la dejó ir sin registrar identidad ni domicilio, por lo cual Magallanes fue acusado de relativizar la denuncia y fichar a los denunciantes por Mariotto, quien lo responsabilizó de los aprietes que puedan recibir los concejales y militantes del Frente para la Victoria lomense”.