domingo, 30 de octubre de 2011

Justicia francesa condena a catorce represores de la dictadura chilena

Después de doce años de procedimiento en Francia, la justicia de ese país sentó un nuevo precedente. Para organizaciones de derechos humanos, el juicio francés que condenó a 14 represores chilenos, tiene un valor histórico: “este proceso ha sido la ocasión de establecer, e incluso sancionar, el funcionamiento del sistema represivo creado por la dictadura de Pinochet” que se extendió desde 1973 a 1990.

Las condenas en Francia contra catorce represores de la dictadura militar chilena incluyen cargos como complicidad en detención, secuestro o arresto arbitrario con tortura o acto de barbarie.

Todo este proceso comenzó en los días siguientes de que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres en 1998. En ese entonces, las familias de nueve ciudadanos franceses, desaparecidos o ejecutados en Chile o Argentina (por hechos imputables a autoridades chilenas) entre 1973 y 1977, interpusieron una querella en Francia.

Las demandas con constitución de parte civil de las familias de Alfonso Chanfreau, de Jean-Yves Claudet, de Georges Klein y de Etienne Pesle son las únicas declaradas admisibles por la justicia francesa porque ha aceptado el carácter de continuo del delito de desaparición forzada, ya que los cuerpos de estas víctimas nunca fueron encontrados.

Después de varios años y con la suma de apoyo desde diversas organizaciones de derechos humanos, finalmente el proceso se desarrolló entre el 8 y 17 de diciembre de 2010 ante la Corte Criminal de París.

Este juicio fue “simbólico”. Después de escuchar diversos testimonios y recibir medios de prueba se condenó a prisión perpetua  a los jefes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, y a altas penas de cárcel  para otros doce ex represores. Entre ellos, Marcelo Luis Moren Brito a 30 años de reclusión, Miguel Krasnoff Martchenko a 30 años y Enrique Lautaro Arancibia Clavel a 25 años.

La delegación de juristas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que patrocinó las querellas, estuvo en una Misión Oficial en nuestro país. En esa oportunidad solicitaron a las autoridades chilenas cumplir con las órdenes de detención emitidas por Francia. Uno de los encuentros fue con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. También visitaron el Penal Cordillera para notificar a los presos de este fallo condenatorio.

Karine Bonneau, responsable de la Oficina de Justicia Internacional de la FIDH, explicó que no se deben perder las expectativas ante las  solicitudes de extradición.

“Milton Juica nos recibió porque la Corte Suprema va a tener que examinar la petición de extradición de los condenados a Paris. Nos contó un poco el proceso general que es más complicado para las personas que están siendo procesadas, pero tampoco es imposible y eso es algo que se tendrá que alegar frente al tribunal”, dijo.

Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos, aseguró que lo sucedido en Francia da una lección al sistema judicial chileno.

“Es muy importante el tema de las condenas porque tiene que ver con la gran falencia que tiene la justicia chilena que ha sido la falta de proporcionalidad y lo inadecuado de las sanciones en relación a los graves delitos cometidos. Hay algunos agentes de la cúpula de la DINA que tienen una cantidad de juicios y condenas donde es muy difícil que salgan en libertad como Manuel Contreras Sepúlveda. Sin embargo, hay otros agentes igual de importantes que no han sido juzgados o que han sido condenados con penas remitidas una y otra vez”.

Los acusados, notificados del juicio, se negaron a comparecer a los tribunales franceses y a ser representados. Fueron juzgados en rebeldía, de acuerdo con el procedimiento penal francés.

Según datos rescatados por la Federación  y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, (CODEPU) en la actualidad hay 307 personas con condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. De éstas sólo 70 están, hoy en día, cumpliendo sus condenas en un centro de detención.
Por Diana Porras

martes, 25 de octubre de 2011

Uruguay: Apenas una ley que evita la prescripción de los crimenes de lesa humanidad

Una a favor de frenar la impunidad en Uruguay

El proyecto, que fue votado por el Frente Amplio en solitario, declara que los delitos de la dictadura son imprescriptibles de conformidad a los tratados internacionales. Hoy el debate sigue en Diputados.

El Senado uruguayo dio ayer media sanción a un proyecto de ley para evitar la prescripción el 1º de noviembre de los crímenes de la dictadura (1973-1985), considerados “comunes” por la Justicia. La iniciativa, presentada por el Frente Amplio (FA), coalición de centroizquierda en el gobierno, fue aprobada con los 16 votos oficialistas (de un total de 31) ante la negativa de los partidos opositores Nacional y Colorado.

El proyecto, que será hoy debatido en Diputados, no anula formalmente la Ley de Caducidad (sancionada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos), aunque convierte en “letra muerta” su esencia que, salvo excepciones, impide juzgar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. El texto “restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, al tiempo que a los efectos de la prescripción no computa el período entre el 22 de diciembre de 1986, en que se sancionó la Ley de Caducidad, y la vigencia de la nueva ley.

Por otra parte, declara que los delitos de la dictadura “son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte”. El pasado 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos, por lo que instó al país a tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de la causa.

El apremio por la sanción de la ley se debe a que el 1º de noviembre prescribirán los crímenes de la dictadura de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que los considera ilícitos comunes. El senador Rafael Michelini fue el encargado por el oficialismo de presentar la propuesta con carácter de urgente. Comenzó su alocución recordando una conversación que mantuvo con el nacionalista Luis Alberto Heber. Heber resolvió votar en contra del proyecto para acompañar la resolución de su partido, pese a que el proyecto permitiría que se siga investigando el asesinato de su madre, Cecilia Fontana de Heber, muerta tras ingerir un vino envenenado a finales de los ’70. Michelini exhortó a la oposición a acompañar el plan, a fin de no ir en contra de los tratados internacionales. “El Parlamento tiene que tomar una decisión para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. No van a prescribir los delitos porque son de lesa humanidad”, dijo, explicando que el Frente Amplio se pone del lado de las víctimas.

A su turno el senador nacionalista Jorge Saravia, que estando en el oficialismo votó en contra de la anulación de la Ley de Caducidad en mayo pasado, calificó la intención de la bancada frenteamplista como “un golpe de Estado”, afirmando que “siempre nos va a encontrar enfrente”. Aquel voto de Saravia hizo fracasar el proyecto de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, un compromiso que asumió el Frente Amplio en su congreso partidario.

El debate propició un fuerte cruce entre el senador comunista Eduardo Lorier y el nacionalista –y ex candidato presidencial– Luis Alberto Lacalle, iniciado tras la exposición del primero. “Quienes defienden la impunidad defienden a los asesinos, torturadores, violadores y desaparecedores de seres humanos”, dijo Lorier. Y planteó que “decían que no había niños desaparecidos y ahí están Mariana, Simón y Macarena”. El dirigente comunista se refería a Mariana Zaffaroni, Simón Riquelo y Macarena Gelman.

Sus palabras generaron el inmediato malestar de Lacalle, quien pidió una interrupción para responder al legislador frenteamplista: “Lorier ha agraviado a todos los senadores que no votan como él y no le vamos a permitir venir a insultar de esa forma”. El argumento de los legisladores colorados y nacionalistas fue uno mismo repetido por distintos oradores: que el proyecto es inconstitucional porque el pueblo ya se expidió en los dos plebiscitos sobre la caducidad, uno en el año 1989, el último en el 2009.

Sea como fuere el tenor del debate, ayer el Frente Amplio en solitario dio un pasito en contra de la impunidad.

jueves, 20 de octubre de 2011

Procesaron al ex general Riveros

El general Santiago Omar Riveros, jefe de Campo de Mayo en 1975, fue procesado por el secuestro y desaparición de Roberto Quieto, ocurridos en diciembre de aquel año en una playa de la localidad de Martínez. La decisión la adoptó el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, quien también procesó al comisario Roberto Antonio Rosa, que era jefe de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y comandó el operativo. Quieto fue visto en la guarnición que comandaba Riveros como titular del Comando de Institutos Militares.
 

viernes, 14 de octubre de 2011

“Norberto Tozzo secuestró y torturó a mi hermano Fernando”

Gustavo Piérola, familiar de víctimas de la Masacre
 
Piérola valoró la llegada del represor al país para su posterior juzgamiento en la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén. Recordó que el militar retirado fue uno de los que participó en el secuestro, tortura y asesinato de su hermano

El familiar de una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén, Gustavo Piérola, valoró la llegada del represor Norberto Tozzo al país para su posterior juzgamiento. Recordó que el militar retirado fue uno de los que participó en el secuestro, tortura y posterior fusilamiento clandestino de su hermano, Fernando, cuyos restos hasta hoy se encuentran desaparecidos.

“Es un tema muy esperado por los chaqueños y los familiares que seguimos en esta lucha buscando la verdad de todo lo que ocurrió con la represión en el suelo chaqueño”, remarcó Piérola en declaraciones a RADIO CIUDAD. En relación al represor extraditado, explicó que se trata de uno de los integrantes de la temible patota que pertenecía al Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército, con asiento en Resistencia. “No sólo participó en Margarita sino en todos los secuestros y represión en el Chaco”, aseveró.

Vale recordar que para conceder la extradición de Tozzo, la Justicia brasileña marcó ciertas condiciones. En primer lugar que, de encontrarlo culpable, no se lo condene a más de 30 años de prisión. Además, que no se lo juzgue por los 11 asesinatos que forman parte de la causa porque para las leyes del Brasil son delitos ya prescriptos. Y en tercer lugar, se solicitó que evalúen su responsabilidad penal sólo por la desaparición forzada de Roberto Yedro, Reynaldo Zapata Soñéz, Fernando Piérola y Julio Pereyra. Esto en virtud de equipara a estos hechos con secuestros continuados.

Piérola lamentó este tipo de restricciones. “Desgraciadamente nos tenemos que valer por las leyes de extradición de la justicia brasilera donde se lo va a juzgar solamente por las cuatro desapariciones”, señaló. “Hay cuatro muchachos que todavía están desaparecidos que son mi hermano Fernando, Yedro, Zapata Soñéz y el Bocha Pereyra. Por eso se los puede juzgar. Los asesinatos ya prescribieron para ellos, que no tienen lesa humanidad como tenemos acá en Argentina.

FERNANDO
Fernando Piérola fue detenido en Misiones a mediados de noviembre de 1976, junto a su esposa, María Julia Morresi. Sufrieron torturas de todo tipo, las cuales fueron ejecutadas por Tozzo y por el fallecido exagente de Inteligencia del Ejército, Alberto Valussi.

“Tozzo fue uno de los que secuestró a mi hermano Fernando en Misiones”, recordó Gustavo. “Lo tortura en ‘la casita de Misiones’. Lo tortura en el Regimiento 9 de Corrientes y después lo trasladan a la alcaidía (de Resistencia) para finalmente fusilarlo con todos los compañeros en Margarita Belén. Tozzo es uno de los principales responsables”, enfatizó.

La tarde del 12 de diciembre lo llevan a la Alcaidía, donde lo incorporan al convoy que parte a Margarita Belén. Varios compañeros lo vieron allí esa noche. En comunicados oficiales figura como uno de los “prófugos”. Sin embargo, en 1978, en una comunicación oficial su esposa recibe el trato de “viuda de Piérola”. Su cuerpo nunca fue entregado a su familia.

“Tozzo tiene unos campos muy cerquita de Paraná, donde yo vivo”, recordó Gustavo Piérola, mostrando la proximidad que tuvo durante años con uno de los resposables del asesinato de su hermano. “Tiene también un videocable en María Grande. Durante muchos años lo tuvimos cerca y no se lo pudo tocar. Ahora la justicia llega, esperemos que quede detenido como los demás y ojalá que nos diga algo para saber donde están los restos”, pidió. Piérola reiteró su pedido para que la sociedad aporte datos que puedan dar con los cuerpos de los desaparecidos.

Cabe recordar que el gobierno provincial habilitó el año pasado una línea telefónica gratuita destinada a todas las personas que puedan aportar datos sobre los restos de los desaparecidos de la Masacre de Margarita Belén. A través del número 0810-888-6366, los ciudadanos podrán aportar informaciones, teniendo además garantizado el anonimato y el resguardo de sus identidades.

jueves, 13 de octubre de 2011

El represor Norberto Tozzo llega a Argentina extraditado de Brasil

 El represor Norberto Tozzo, acusado de participar en los fusilamientos de al menos 22 presos políticos durante la dictadura en la "Masacre de Margarita Belén", en el Chaco, llegará al país 20 minutos después de la próxima medianoche extraditado desde Brasil, confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Tozzo, que llega acompañado por Interpol Brasil, en presencia del subsecretario de Delitos complejos y lucha contra la criminalidad organizada del Ministerio de Seguridad, Miguel Robles, será dejado en el aeropuerto de Ezeiza en manos de la Policía Federal Argentina que lo trasladará a la provincia de Chaco donde será juzgado.

El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó el operativo y al llegar a destino el represor estará en condiciones de ser juzgado en la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén, donde en mayo de este año se condenó a ocho ex militares a cadena perpetua, mientras que el ex policía Alfredo Chas fue absuelto.

Tozzo estuvo detenido desde 2008 en la prisión federal brasileña de Ary Franco, en Río de Janeiro.

El represor había sido detenido en junio del 2003, pero en julio de ese año fue liberado por la Cámara Federal de Apelaciones y permaneció prófugo por cinco años hasta que fue encontrado por Interpol

Identificados restos de cinco desaparecidos

Se trata de Miguel Ángel Mastrogiovanni, Ismael Antonio Monzón, Ana María Liendo, Juan Benítez y Alberto Eduardo Delfino, cuyos restos fueron exhumados en el Cementerio Municipal de Avellaneda en 2006.
   
A través de un comunicado firmado por Antonio Pacilio, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y mediante las resoluciones del registro S.U. con fecha 29/09/11 y 3/10/11, se formalizó la identificación de cinco personas que se encontraban desaparecidas por la dictadura.

Miguel Ángel Mastrogiovanni, Ismael Antonio Monzón, Ana María Liendo, Juan Benítez y Alberto Eduardo Delfino, fueron identificados entre los restos exhumados en el Cementerio Municipal de Avellaneda en el año 2006, por orden del Tribunal.

Según el comunicado publicado por la Agencia de Noticias del Poder Judicial, dicha exhumación corresponde al sector donde se encontraban sepultadas las víctimas de los sucesos ocurridos el 23 de diciembre de 1975 en el Batallón de Arsenales “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo, Provincia de Buenos Aires.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal han sido remitidas a la Unidad Fiscal Federal y al Juzgado Federal N° 1 de La Plata, en el cual tramita la causa n° 82.090 “Barbate Daniel Roberto y otros s/ Inf. Ley 20.840, etc. en Batallón de Arsenales 'Domingo Viejobueno' de Bernal”.

Efectuada la exhumación por el Equipo Argentino de Antropología Forense, concluyó que “el plano labrado al momento de la inhumación de los cuerpos (año 1975), agregado en la causa penal, no correspondía con la disposición en la que finalmente fueron inhumados y hallados en la excavación, así como tampoco se encontraban los esqueletos completos, esto debido a movimientos de tierra por posteriores construcciones e inhumaciones pese a lo cual persiste la ardua tarea de lograr la identificación de los restos”.

De acuerdo a lo detallado en el comunicado, “la investigación continúa así como la remisión de muestras óseas para su análisis genético, tanto de restos exhumados en el Cementerio Municipal de Avellaneda, como en los Cementerios de La Plata, Ezpeleta, Verónica, Punta Indio y Magdalena”.

Con estos resultados, las tareas emprendidas por el Tribunal, en el marco de la “búsqueda de la verdad”, permitieron hasta la fecha lograr un total de 36 identificaciones, con entrega de restos en 24 casos.

miércoles, 12 de octubre de 2011

Abusos sexuales y terrorismo de Estado

Documento acerca del juzgamiento de los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas contra los represores explicó las razones por las que las violaciones y otros hechos de violencia de género deben ser visibilizados y juzgados como delitos de lesa humanidad.

 Por Victoria Ginzberg

“Los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado aún no reciben el tratamiento jurídico adecuado. Esta faceta criminal aún no se ve reflejada en toda su dimensión en el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país”, señalaron Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. En un documento que pretende servir como guía y aportar elementos para la labor de jueces y fiscales, la Unidad Fiscal dejó en claro que su criterio es que los abusos sexuales perpetrados como parte del plan criminal de la última dictadura deben ser considerados delitos contra la humanidad y no deben quedar subsumidos bajo la figura de “tormentos” porque esto “impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima”.

Hasta el momento sólo hay una condena por delitos de índole sexual durante el terrorismo de Estado. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata consideró culpable al ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por violaciones reiteradas en el centro clandestino La Cueva, a las que consideró crímenes de lesa humanidad. Además, hay unos pocos represores imputados por este tipo de hechos. El juez federal de Tucumán Daniel Bejas procesó a los jerarcas militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez como “partícipes necesarios” (no ya autores directos) de la violencia de género cometida contra todas las mujeres que estuvieron detenidas en el penal de Villa Urquiza. El juez Sergio Torres procesó al represor Jorge Acosta por una violación, pero la Cámara Federal señaló que el hecho debía ser calificado como imposición de tormentos. Luego, el magistrado decidió reabrir un expediente específico para investigar los delitos sexuales –hay dieciocho casos documentados– que se cometieron en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada.

El escrito firmado por Auat y Parenti es producto de un estudio que se extendió durante dos años. “La necesidad de abordar el tema surgió, por un lado, a partir de que advertimos que muchos delitos sexuales eran relatados por primera vez recién al momento del juicio oral y por lo tanto no venían imputados desde la etapa de la instrucción. En otros casos, lo que nos llamó la atención era que los abusos sexuales no se calificaran como delitos sexuales propiamente dichos, sino simplemente como parte integrante de los tormentos. También fue importante una demanda externa por parte de organizaciones dedicadas al tema que se acercaron para plantear sus puntos de vista”, explicó Parenti a Página/12.

Así, la Unidad Fiscal destaca, por ejemplo, que no es necesario que los abusos sexuales hayan sido generalizados o sistemáticos para que sean considerados crímenes contra la humanidad y que tampoco hace falta que existan órdenes explícitas para responsabilizar a los superiores de los perpetradores directos como coautores o autores mediatos del delito. “Debe decirse de todos modos –señala el escrito– que cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una enorme extensión durante el terrorismo de Estado.”

En el documento se critica el hecho de que en algunos fallos judiciales los abusos sexuales quedan englobados dentro de la categoría genérica de “tormentos”: “El modo de expresar la especificidad de la afectación a la libertad sexual sufrida por la víctima es aplicar efectivamente los tipos penales previstos por la ley”.

Una cuestión jurídica a resolver respecto de este tema es que los delitos sexuales son de “acción privada”, es decir, que deben ser impulsados por la persona que los sufrió y, si ésta no lo hace, el Estado no puede abrir una causa de oficio. ¿Qué ocurriría con los desaparecidos o asesinados durante el terrorismo de Estado o quienes sobrevivieron pero murieron antes de tener la posibilidad de hacer una denuncia judicial? Para Auat y Parenti, en estos casos, es posible y deseable que se realice la investigación, pero también debe ser atendible el derecho de aquellos que no deseen abrir una causa por estos hechos. Reclaman, además, que cualquiera sea el caso, es importante “crear las condiciones adecuadas para que la víctima pueda denunciar el hecho evitando la revictimización a la que pueda quedar expuesta”.

martes, 11 de octubre de 2011

Declara Chicha Mariani en el juicio contra 26 genocidas del Circuito Camps

El próximo miércoles 12 de octubre, al día siguiente de la exhibición de las declaraciones de nuestros compañeros Jorge Julio López y Adriana Calvo, brindará testimonio nuevamente ante un tribunal María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. Esta vez lo hará en el marco de la causa que se le sigue a 26 represores que formaron parte del Circuito Camps.

Chicha se presentará en esta oportunidad para abrir el caso del operativo represivo que realizaron las fuerzas conjuntas el 24 de noviembre de 1976 en la casa de calle 30 entre 55 y 56, donde fue asesinada su nuera, Diana Esmeralda Teruggi junto a otros compañeros de militancia (Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto César Porfidio, Juan Carlos Peiris, y Alberto Bossio), y secuestrada su nieta, Clara Anahí Mariani, de tres meses de edad.

También ofrecerá su testimonio sobre las pruebas que logró reunir en torno al asesinato de su hijo, Daniel Enrique Mariani, en la calle 132 y 35  el 1º de agosto de 1977 y desaparición del cuerpo y reconstruirá una vez más ante el Tribunal Oral Federal Nº1 presidido por el juez Carlos Rozanski estos 35 años de lucha incansable y recabación persistente de pistas e indicios sobre el paradero de su nieta apropiada tras haber sido sacada con vida de la casa de sus padres.

En el brutal operativo del 24 de  noviembre de 1976 en calle 30 entre 55 y 56, fuerzas policiales y militares atacaron la casa de Diana, que vivía con su esposo Daniel Mariani y su hija de tres meses, Clara Anahí. En el ataque, fueron asesinados Diana y al menos otras tres personas, y fue secuestrada la bebé, quien aún permanece desaparecida. En el procedimiento, participaron varios jerarcas de la represión ilegal: entre otros, el jefe de la Policía provincial Ramón Camps; el Director de Investigaciones de la fuerza, Miguel Etchecolatz, y su chofer, Hugo Guallama; el titular de la comisaría 5º, Osvaldo Sertorio; el jefe del Regimiento 7 de La Plata , Roque Presti; el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.
Chicha Mariani, de 87 años, se presentará una vez más para exigir que su búsqueda siga sembrando de verdad y justicia nuestro país pero también, y particularmente, que el tribunal indague y recave toda la información necesaria para dar con el paradero de Clara Anahí. La búsqueda que Chicha ha llevado adelante desde noviembre de 1976 la condujo a despachos de comisarios, militares, jueces y obispos, donde era recibida solo con el silencio y la mentira que la impunidad garantizan; pero también la llevó a fundar Abuelas de Plaza de Mayo y posteriormente la Asociación Anahí , a ser una referente internacional de la lucha por los derechos humanos y pieza indispensable por su tenacidad en la recuperación de la identidad de más de 60 chicos apropiados.
 
Recién ahora puede ser juzgado integralmente el caso de la Calle 30, tras la fragmentación que había implicado el juicio oral a Miguel Osvaldo Etchecolatz durante 2006, donde al elevarse solo algunos hechos aislados, sin abarcar el funcionamiento integrado de la represión ilegal durante la dictadura, se lo juzgó por el homicidio de Diana Teruggi, pero no por la sustracción de identidad de Clara Anahí ni por el homicidio de los compañeros de Daniel y Diana que fueron asesinados en esa casa.
Por todo esto, y más teniendo en cuenta el cinismo con el que Miguel Osvaldo Etchecolatz tras 35 años de silencio planteó durante su indagatoria el pasado lunes 3 de octubre contar con pruebas sobre el paradero de Clara Anahí pero sin haber ofrecido ningún tipo de información concreta, consideramos necesario denunciar la maniobra que una vez más se busca someter por medio del dolor a Chicha, y reafirmamos nuestra admiración, nuestro respeto y compromiso con la lucha que ella sostiene minuto a minuto.

Convocamos por todos los medios a acompañarla en su declaración y solicitamos una vez más a toda la sociedad que en este como en todos los casos de apropiaciones, es fundamental que se acerque cualquier dato que conozcan para dar con el paradero de los niños, hoy jóvenes, a quienes se les robó su identidad, y sigamos exigiendo al estado que de manera urgente ponga a disposición de la justicia todos los archivos de inteligencia e investigaciones de las fuerzas armadas y de seguridad.

APARICIÓN CON VIDA YA! DE JORGE JULIO LÓPEZ.
30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!
 
Justicia Ya!  La Plata.
11 de Octubre de 2011

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados Populares,  La Ciega ; Comité de Acción Jurídica (CAJ); CTA-La Plata y Ensenada; HIJOS  La Plata ; Insurrectos-Trabajo Social, UNLP; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Unión por los Derechos Humanos. Integrantes de Justicia Ya!  La Plata.

lunes, 10 de octubre de 2011

A la espera del veredicto por el secuestro y asesinato de Miguel Ragone

"Ni sus enemigos pudieron mancharlo”

Mañana se conocerá el veredicto en el juicio por el secuestro y el asesinato del ex gobernador de Salta. Su nieto habla del rol de la policía y la complicidad judicial. “Todavía no encontramos el cuerpo, que es lo que estamos buscando”, dice.

 Por Alejandra Dandan

Un cura que ahora es capellán del Ejército de Salta fue vicepresidente del club de gallos de riña cuando Miguel Ragone era presidente. Su declaración en el juicio oral por el secuestro y asesinato del ex gobernador de la provincia abrió una grieta a partir de la cual ahora piden su destitución. El papel de la Justicia federal y los policías a los que Ragone desplazó de la fuerza y luego volvieron a matarlo, o las nuevas hipótesis sobre el lugar donde puede estar su cuerpo aún desaparecido, son algunos elementos que deja el histórico juicio oral que mañana tendrá su veredicto. “Todavía no encontramos el cuerpo, que es lo que estamos buscando”, dice su nieto y querellante de la causa, Fernando Pequeño Ragone. “Pero ahí está la esposa de él, de 91 años, que fue dos veces al juicio y siente que se va a morir viendo que se hizo algo.”

Mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dará a conocer el veredicto en la ciudad judicial donde se lleva a cabo el debate desde comienzos de abril. Hijos Salta y los organismos de derechos humanos convocaron a las 9 a esperar la sentencia de algunos jefes de la represión entre los que están Carlos Mulhall, jefe de la guarnición militar local; Miguel Gentil, jefe de la policía; y Joaquín Guill, uno de los hombres más simbólicos, jefe de Seguridad de la policía y responsable de los operativos clandestinos (ver aparte). El juicio deja efectos a largo plazo. No sólo sobre las nuevas pistas del cuerpo o de un pedido de imputación para el ex juez federal Ricardo Lona, como parte de la estructura represiva, sino también efectos simbólicos: el juicio funcionó como una pequeña Conadep y empezó a poner palabras ante un silencio de más 35 años.

“El martes es el veredicto después de una semana en la que los acusados tuvieron derecho a decir las últimas palabras”, dice Pequeño Ragone. “Ese es otro de los datos de estos juicios: sentir la cantidad de garantías procesales que tienen cuando mi abuelo no tuvo ninguna, a veces da bronca, pero si las garantías permiten que la democracia se consolide y que podamos avanzar con los juicios, está bueno. Muchos acusados nunca dieron la cara, pero hay cosas que me llenan de orgullo como algún defensor que reivindicó la figura de mi abuelo, o sea que ni siquiera sus enemigos pudieron mancharlo.”

–¿Cómo fue para el resto de la gente?

–La gente no acompañó en la sala, en los juicios hubo 15 o 20 personas, pero sí lo siguieron por los medios. En los diarios, en televisión, no llamaban a los programas porque en ese sentido hay todavía un gran silencio, pero nos lo decían a nosotros: por mail, por chat, venían a vernos. Cuando la gente vea que hay sentencia, que estos tipos van presos, se van a abrir muchísimas puertas. Hay mucha gente que se acerca, pero todavía hay mucho miedo y descreimiento.

–¿Qué nuevos datos le aportó el juicio?

–A mí me quedó claro que hubo dos proyectos de peronismo. Uno, que encarnaba mi abuelo, que fue derrotado, y otro que después se transformó en otra cosa y está ligado a la Triple A. Pero el juicio abrió las puertas para una investigación profunda sobre la policía y la responsabilidad del ex juez Lona. Y sobre el cuerpo de Ragone. Hay dos o tres hipótesis importantes y una testigo que trajo un dato que si bien no fue preciso se puede investigar: su marido estuvo en la caravana que mató a Ragone y le dijo que fue asesinado por la misma policía. Ella dijo que, esa noche, su marido cayó drogado a su casa, muy alterado, que él no sabía a quién estaban matando y que se puso muy mal cuando se enteró. Dijo que habían tirado el cuerpo en el camino a San Lorenzo, una villa veraniega a 6 kilómetros del centro de la ciudad. También hubo un testigo que dice haber estado en la caravana como policía, un famoso arrepentido al que el juez (Miguel) Medina que llevaba la causa lo quiso neutralizar y lo declaró inimputable. En el juicio declaró el psiquiatra que lo revisó y se echó atrás con la declaración. Ahora estamos pidiendo que se tenga en cuenta aquel relato que dice que en un momento Guill se subió a un auto con un silenciador y le pegó un tiro. Que después lo subieron a otro auto y fueron al dique.

–¿El Equipo Argentino de Antropología Forense revisó esos lugares?

–El EAAF exhumó doce cadáveres del cementerio de la ciudad, pero no encontró nada. Estuvieron dos veces en el juicio porque exhumaron el cuerpo de Arredes (Santiago Arredes, que cayó asesinado en el mismo operativo) para ver si la bala que lo mató tenía orificio de salida, pero lo que encontraron fue que no le hicieron autopsia, lo cual involucra más al ex juez Lona porque tendría que haberlo pedido.

–¿Usted vinculó a Lona con el actual capellán del Ejército?

–El cura era vicepresidente del club de gallos de riña, del que mi abuelo era presidente. Una de las cosas que no entendí de mi abuelo fue que siendo tan humanista tuviera esta cuestión. Me acuerdo de haberlo acompañado, yo tenía 8 años cuando lo mataron, así que calculo que entre los 5 y los 6 iba con él. El cura llamado Escobar Saravia le dijo al principal testigo del juicio, Daniel Mendoza: “Mañana lo van a matar”. Pero cuando declaró en el juicio lo negó, dijo: “Yo no me acuerdo”. Y dijo que no conoció a mi abuelo. Para mí, él forma parte de los civiles que actuaron en complicidad con el ex juez Lona, el único juez federal de esos años. Ahora es capellán del Ejército. Lo que yo quiero es que lo saquen porque quizá no tenga condena porque no hay pruebas, pero la condena social es necesaria.

–¿Cómo fue el trabajo con la policía de su abuelo?

–Mi abuelo trató de desandar lo que hizo la policía en los 18 años de proscripción del peronismo, que fueron los años en los que se estructuró la cúpula que lo mató después. El, su ministro de Gobierno y su jefe de policía –que fue asesinado por la policía– pidieron juicio político a 20 policías. Los desplazaron, a algunos los mandaron a sitios lejanos y a otros les pidieron la destitución. La Cámara Penal Oral de Tucumán ordenó la restitución de los policías cuando mi abuelo ya había sido destituido por Isabel Martínez; entonces quedó desamparado con todos los policías de vuelta adentro, una sentencia a muerte.

Los nombres de los acusados

El fiscal Horacio Azzolin y las querellas pidieron reclusión perpetua para Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guill y perpetua como autor directo para el policía Andree del Valle Soraire. Todos están acusados, además, del homicidio de Santiago Arredes, testigo del secuestro de Ragone, y del intento de homicidio de Margarita Martínez de Leal, otra testigo. Los pedidos alcanzaron a los policías Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera por encubrimiento. Pidieron 10 años de prisión por coacción agravada para Jorge Héctor Zanetto, un ex pistolero de la UOM. Para el ex juez Ricardo Lona, hasta ahora imputado por encubrimiento en otro tramo, pidieron que sea juzgado como parte de la organización represiva.

jueves, 6 de octubre de 2011

Denuncia al interventor de la Caja de Ahorro y Seguros durante la dictadura

Los desaparecidos de la Caja

La agrupación HIJOS pidió que se investigue a Héctor Walter por su responsabilidad en el secuestro de veintiséis empleados de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Es el padre del candidato del PRO Pablo Walter, que proviene del bussismo.

 Por Victoria Ginzberg

Adrián Horacio García Pagliaro era empleado de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Fue secuestrado el 28 de marzo de 1977, cuando se retiraba de su trabajo. Los policías y el personal de vigilancia que estaban en el lugar cerraron las puertas para impedir que García Pagliaro se refugiara dentro. Sigue desaparecido. El 2 de junio, en la puerta de la misma institución, fue secuestrada Carmen Graciela Floriani, que fue llevada al centro clandestino Mansión Seré y luego liberada. La agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) denunció ayer ante el juez federal Daniel Rafecas a quien fuera interventor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el coronel retirado Héctor Walter, que es padre del candidato a diputado por el PRO Pablo Walter.

La denuncia realizada por HIJOS vincula a Walter con secuestros, desapariciones y posibles homicidios de 26 empleados de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Según se menciona en la presentación judicial, Walter nació en Tucumán el 29 de abril de 1926, ingresó en el Colegio Militar el 12 de marzo de 1945 y egresó en 1947. Fue compañero de promoción de los jerarcas de la dictadura ahora condenados por delitos de lesa humanidad Antonio Domingo Bussi, Reynaldo Benito Bignone, Cristino Nicolaides, Llamil Reston, Adolfo Sigwald y Juan Bautista Sasiaiñ, entre otros. Walter se retiró del Ejército en 1974, pero el 24 de marzo de 1976 fue nombrado interventor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

En la denuncia que hizo ante la Conadep, la madre de Adrián García Pagliaro relató que su hijo “se desempeñaba desde 1972 en la Caja como ayudante, siendo delegado de oficina en la institución, y que el 28 de marzo de 1977 a las 17.15, cuando se retiraba de su empleo, fue secuestrado e intimidado por disparos de armas de fuego por seis personas vestidas de civil, de sexo masculino, que no se identificaron como pertenecientes a ninguna arma y que luego de golpearlo en reiteradas oportunidades, ante las miradas atónitas de sus compañeros y personas que transitaban, lo introdujeron en un Peugeot amarillo que era seguido por un Ford Taunus blanco con techo negro”. La mujer destacó que “ambos vehículos y sus ocupantes estaban estacionados previamente en la playa reservada para la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), cuyo ingreso sólo estaba permitido a vehículos oficiales” y que “el procedimiento fue reservado por el personal de vigilancia y por un agente de la Policía Federal que estaba de custodia en la puerta de la institución que no sólo no intervinieron, sino que al intentar mi hijo reingresar a la institución, cerraron las puertas impidiéndole resguardarse y dejando encerrados dentro al resto del personal que se retiraba”. Isabel García Pagliaro responsabilizó al interventor y a los jefes de seguridad del lugar. Y reveló que cuando le preguntó a Walter por lo que le había sucedido a su hijo, éste le contestó que “había sido secuestrado por elementos subversivos que habían ingresado a la playa del CAL con documentos falsos”.

Carmen García Floriani contó que fue secuestrada y llevada a la Mansión Seré, donde fue torturada. Allí le dijeron que tenían a García Pagliaro.

Trasladaron al represor Duret desde Mendoza

Duret ya está preso en Marcos Paz

El coronel retirado Alejandro Duret fue trasladado ayer desde Mendoza al penal de Marcos Paz, donde deberá cumplir la condena de quince años de prisión por el secuestro y la desaparición de Carlos Alberto Labolita-  El represor se había ido a Chile un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución. Tras la decisión de la Justicia, el gobierno chileno lo expulsó, la policía lo detuvo en Santiago de Chile y lo entregó en el cruce fronterizo del Cristo Redentor a la Gendarmería argentina.

Duret pasó las primeras horas de su detención en la Unidad Penitenciaria 52 de Mendoza. Una comisión de la Gendarmería lo trasladó en la noche del jueves a la provincia de Buenos Aires. Llegó al penal de Marcos Paz a las dos y media de la mañana del viernes, donde el juez federal Carlos Rozanski había pedido que le destinaran una plaza en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad.

Al represor no se le abrirá una causa judicial por su salida del país, ya que ésta ocurrió antes del fallo de Casación. La condena por el secuestro y desaparición de Labolita no está firme, pero el episodio de su salida a Chile le cerrará cualquier intento de pedir la excarcelación, ya que quedará como un antecedente de que existe peligro de fuga.

Labolita, militante de la Juventud Peronista; fue secuestrado junto a su compañera, Gladis, y llevado al Regimiento de Azul, donde estaba el entonces joven oficial Duret. Gladis, que sobrevivió, y la madre de Labolita identificaron a Duret como uno de los militares que actuaron en el operativo.

El represor había logrado inicialmente resultar absuelto por el crimen, pero la Cámara de Casación revocó su absolución, ordenando el cumplimiento de la condena.

martes, 4 de octubre de 2011

Casación Penal condenó a dos acusados por la desaparición de Carlos Labolita

La Sala IV del Máximo Tribunal penal confirmó la sentencia a prisión perpetua de Pedro Mansilla y revocó la absolución de Alejandro Duret, condenándolo a 15 años de prisión. Carlos Labolita había sido secuestrado en 1976, en la localidad bonaerense de Las Flores

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua de Pedro Mansilla por la desaparición de Carlos Labolita, hecho ocurrido durante el último gobierno militar, y revocó la absolución de Alejandro Duret, condenándolo a 15 años de prisión por el mismo hecho.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Augusto M. Diez Ojeda, quienes resolvieron casar parcialmente la decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata, cuyo veredicto había sido dado a conocer el 3 de julio de 2009 y su fundamentación, el 7 de agosto de 2009.



lunes, 3 de octubre de 2011

Aprueban el reclamo judicial por un desaparecido

Era defensor oficial y su hijo solicitó sueldos no gozados desde el '76 hasta noviembre del '78. El mendocino Ostropolsky, se opuso.
Eduardo Ayassa - eayassa@losandes.com.ar

En su último plenario y por mayoría (con tres votos en contra, uno de ellos del mendocino Daniel Ostropolsky) el Consejo de la Magistratura aprobó finalmente, el reconocimiento del reclamo de 1996 realizado por Martín Díaz Lestrem, hijo de Nelly Esther Ortiz y de Guillermo Díaz Lestrem, desaparecida y asesinado, respectivamente, durante la última dictadura.

Entre los muchos temas puestos sobre la mesa se trató el reclamo de Díaz Lestrem, cuyos padres fueron víctimas de la represión ilegal y por lo que se reclamaba el pago de haberes no abonados.

Guillermo Díaz Lestrem, conocido como "El chino", se desempeñaba como defensor oficial y fue secuestrado dos veces durante la última dictadura militar. La segunda de ellas mortal, ya que su cadáver apareció en los bosques de Palermo. Otro tanto ocurrió con su esposa, Nelly Esther Ortiz, desaparecida en noviembre de 1976, y que fue declarada judicialmente ausente con presunción de fallecimiento.

Ahora, el dictamen proponía reconocer el reclamo de su hijo Martín "en cuanto heredero de Nelly Esther Ortiz" y ordenó a la Administración General del Consejo a que pague el beneficio "que va desde noviembre de 1976 a mayo de 1978, incluidos los aguinaldos y aumentos correspondientes".

Fundamentos

Sin embargo, al momento de decidir sobre el dictamen Mario Cimadevilla, representante legislativo, expresó que este "chocaría con cuestiones legales" puesto que, para el senador, "no tenemos nosotros ninguna facultad". En el mismo sentido se expresó el consejero diputado Oscar Aguad, quien argumentó que "no se puede pagar lo que está prescripto".

En sentido contrario opinó el consejero representante de los magistrados Ricardo Recondo, al explicar que "el dictamen jurídico es el fundamento de la decisión administrativa", algo que fue resuelto por un dictamen de Asuntos Legales, al señalar que "debe aplicarse la dispensa" al heredero.

Al haber diversas expresiones, y a pedido del consejero representante del Poder Ejecutivo y que elaboró el dictamen que reconoce el beneficio, Hernán Ordiales, se pasó a votar nominalmente.

Votación

Así fue que uno a uno los consejeros debieron levantar la mano y mostrar la decisión de votar a favor o en contra. Hernán Ordiales, Ricardo Recondo, Manuel Urriza, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez, Stella Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes y Carlos Moreno, se mostraron a favor de aprobar el dictamen. En tanto que el voto en contra estuvo dado por Mario Cimadevilla, Oscar Aguad y Daniel Ostropolsky.