martes, 31 de mayo de 2011

Uruguay : los pasos atrás en beneficio de genocidas

Los delitos de lesa humanidad prescriben

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay ratificó que las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar son delitos comunes, no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1º de noviembre próximo. El Ejecutivo estudia cómo abrir juicios en los 88 casos existentes, dijo ayer un senador del Frente Amplio.

El pronunciamiento del máximo tribunal responde a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 “homicidios muy especialmente agravados”. Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, que había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de desaparición forzada, considerados de lesa humanidad.

El fallo de la Corte explicó que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de de-saparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito. De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1º de noviembre próximo, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.

La abogada Hebe Martínez Burlé, letrada de la familia del senador Zelmar Michelini, secuestrado y desaparecido junto a Héctor Gutiérrez Ruiz en la Argentina, dijo que no coincide con la decisión de la Corte. “Uruguay es signataria de todos los tratados internacionales desde los juicios de Nuremberg a la fecha, incluido el de San José de Costa Rica, que consideran de lesa humanidad e imprescriptibles las torturas, el secuestro, el asesinato y las de-sapariciones en el marco del terrorismo de Estado”, precisó la letrada. A su juicio, “es un gran dilema lo que ocurrirá luego del 1º de noviembre, porque hay muchas demandas iniciadas, pero hay una mitad de la biblioteca que dice que pueden prescribir y la otra mitad dice lo contrario”.

Reconoció que “lo cierto es que la Corte marcó un paso y será muy difícil seguir con los juicios”, aunque indicó que, de todos modos, “hay casos que podrán seguir bajo juicio por jurisdicción universal, como en el caso de los represores uruguayos juzgados en España”. Martínez Burlé añadió que la resolución de la Corte, tomada por mayoría de cuatro de los cinco jueces, “no tiene precedentes, porque Nuremberg apartó de la ley común los casos de terrorismo de Estado y genocidio, y gracias a ello el pueblo judío aún persigue nazis 50 años después del Holocausto”.

Por su parte, el senador frenteamplista Alberto Curiel dijo que el presidente José Mujica estudia qué hacer con “los juicios de 88 casos a los que mandatarios anteriores no hicieron lugar”. Afirmó que el Ejecutivo está estudiando “la apertura de todos esos casos” juntos, o “caso por caso”, y su “andamiento por el artículo cuarto de la Ley de Caducidad”, pero antes del 1º de noviembre. El dirigente reconoció que el fallo pone al gobierno en una encrucijada. “Constituye un gran desafío para la izquierda y el Frente Amplio.”

Y es que la misma coalición de centroizquierda Frente Amplio fracasó en su intento de acabar con la impunidad en Uruguay. El 19 de mayo pasado, los diputados frentemaplistas no lograron darle sanción a un proyecto que postulaba anular la Ley de Caducidad. Esta norma impide que se juzgue a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ese frustrado texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Ley de Caducidad.

La norma fue aprobada en 1986, durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos plebiscitos, aunque cuestionados en su validez por los mecanismos utilizados. La administración de Tabaré Vázquez (2005-10) dejó por fuera de la Caducidad algunos casos, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-85) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.

Los votos por la impunidad



El Consejo Superior Universitario (UNS) avaló por 15 votos a favor, 12 en contra y una abstención la continuidad de la ex secretaria del juez Madueño durante el terrorismo de Estado, Gloria Girotti, como titular de la cátedra "Derecho de los contratos" x 7 años.

La Universidad Nacional del Sur, con el voto de 15 de sus consejeros superiores, institucionalizó la impunidad. La revalidación del cargo a la abogada Gloria Girotti constituye un acto que avergüenza a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía bahiense. Estamos hablando de la misma Universidad que a partir del 28 de Junio será sede de los juicios a los genocidas por la causa del V Cuerpo. Se hace evidente un doble discurso peligroso.

 La hipocresía demostrada anoche por la mayoría de las autoridades universitarias debe ser conocida y repudiada por todos. Desde la Comisión de Apoyo a los Juicios dimos a conocer nuestro rechazo a la designación de Girotti por su desempeño como secretaria del juez genocida Madueño durante la dictadura cívico militar.

Los argumentos dados para su aceptación carecieron de fundamentos sólidos,  fueron maliciosos y constituyeron un atropello a los Derechos Humanos.

Frente a la hipocresía y la impunidad resaltamos la postura representada por la consejera Telma Alonso y la decana Adriana Rodríguez, el voto completo del claustro Alumnos contra la designación de Girotti y el dictamen sólido de la Comisión de Interpretación y Reglamento que fue desoído a pesar de su abrumadora relevancia.

Los nombres de quienes mantienen cómplices del genocidio al frente de las aulas son: Guillermo Lucanera; César Lombardi; Gastón Milanesi; Andrea Castellano; Sebastián Arruiz; Diego Martínez; Miguel Ángel Cantamutto; Adriana Lista; Valeria Scherger; Marta Carlavan; Andrés Bouzat; Pedro Doñate; Liliana Castro; María Susana Rodríguez; y Miguel Lliteras. A ellos se sumó la particular abstención del decano Ricardo Sabbatini.

Juicio y castigo a todos los culpables.
Basta de dilaciones en el proceso judicial.
Revocación de las excarcelaciones a los 36 genocidas.
Cárcel común y efectiva a todos los genocidas.
Restitución de la identidad a los hijos apropiados.
Aparición con vida de Jorge Julio López y castigo a los culpables.
30.000 compañeros desaparecidos ¡PRESENTES!
COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS

En "Vida sin cuerpos", publicado en Italia, se cuenta la búsqueda de justicia por los desaparecidos

La reconstrucción del horror y la lucha

Italia se comprometerá hoy a abrir todos los archivos sobre la dictadura argentina. Giancarlo Maniga, Marcello Gentile y Nicola Brigida son los abogados que realizaron el proceso contra los represores argentinos en Italia y cuentan la conmoción que vivieron con cada testimonio.

 Por Elena Llorente

“Aquella noche no pude dormir: Tampoco las sucesivas, por lo menos hasta que terminó la primera fase en la que escuchamos a los testigos.” El abogado penalista italiano Giancarlo Maniga confiesa así su inesperado dolor en el libro Vite senza corpi (Vidas sin cuerpos) publicado recientemente en Italia, sobre el proceso realizado en Roma por los desaparecidos italianos en la Escuela de la Mecánica de la Armada.

Maniga, Marcello Gentile y Nicola Brigida son los abogados que se ocuparon de estos casos. Maniga y Gentile lo hicieron desde 1989 y gracias a ellos en parte se logró condenar en Italia a siete militares argentinos en el llamado Proceso Suárez Mason concluido en primera instancia el 6 de diciembre de 2000, y a cinco exponentes de la marina en el Proceso ESMA que terminó en primera instancia el 14 de marzo de 2007.

Hombres de temple, de gran capacidad de comprensión y sensibilidad, Gentile y Maniga viajaban desde Milán para las audiencias. Habían sido contactados en esta ciudad del norte de Italia por un comité promotor integrado por varias asociaciones. Entre ellas, la Liga por los Derechos de los Pueblos liderada por Aldo Sessa, al que se le agregó desde el primer momento el argentino Jorge Ithurburu, uno de los coordinadores de este libro y punto de referencia del tema “desaparecidos” en Italia.

Entrevistado por Página/12, Maniga contó que cuando él y Gentili decidieron asumir la defensa de los familiares de los desaparecidos en 1989, el proceso conocido como “Suárez Mason” ya había comenzado en Roma pero estaba prácticamente detenido. “Los primeros testimonios que escuché me impactaron terriblemente –contó–. No porque fueran los más importantes sino porque era la primera vez que escuchaba cosas tan atroces. Fue como una patada en el estómago y me llevó un cierto tiempo poder digerirlo... Después, claro, se hace el callo, uno se acostumbra. No obstante eso, las imágenes que se repetían de vez en cuando en mi mente eran desgarradoras, incluso para un penalista como yo que debería en cierto modo estar vacunado por trabajar siempre en contacto con el crimen.”

Pero eso no impidió que después de muchos años Maniga siga recordando esos procesos contra los militares argentinos como “dos de los momentos más significativos” de su carrera como penalista. “Porque se trataba de derechos humanos, porque esos procesos tuvieron una validez universal que fue mucho más allá de los casos individuales”, dijo.

Maniga, como los demás que participaron de Vite senza corpi, Editorial Gorée, tuvo a su cargo un capítulo que tituló “La cotidiana banalidad del mal” en tácita referencia al libro de Hannah Arendt La banalidad del mal sobre el exterminio orquestado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Gentili por su parte, escribió un capítulo dedicado a los sufrimientos de las madres que tuvieron sus hijos –luego robados– en la ESMA y que fueron asesinadas.

El volumen estuvo bajo la coordinación de Jorge Ithurburu y del italiano Cristiano Colombi y cada capítulo está firmado por una persona que tuvo que ver con el llamado “Proceso ESMA”. En este juicio fueron condenados a cadena perpetua, por la desaparición de Giovanni Pegoraro y su hija Susana y de Angela María Aieta madre del actual diputado Dante Gullo, cinco exponentes de la Armada argentina: Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febres. Este último apareció muerto poco después en una cárcel argentina donde había trascendido su intención de colaborar con la justicia. El juicio se hizo en ausencia de los imputados, una posibilidad contemplada por la Justicia italiana a diferencia de otros países europeos, como por ejemplo España, que exigen la presencia física del acusado.

El libro incluye capítulos escritos por uno de los testigos, Mario Villani, un físico ex desaparecido que estuvo en la ESMA y que logró salvar a algunos torturados cambiando la potencia de la picana eléctrica que los militares le daban para reparar, y Vera Vigevani Jarach, italiana de origen judío que escapó de la península siendo niña a causa de las leyes raciales impuestas por Benito Mussolini antes de la Segunda Guerra y es una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Pero también incluye comentarios y presentaciones de otros personajes conocidos en Italia, como el presidente de la provincia de Roma, Nicola Zingaretti, hombre muy sensible a los asuntos de derechos humanos, el secretario de Derechos Humanos argentino Eduardo Luis Duhalde, además del texto del pedido de condena por parte del fiscal Francesco Caporale.
El papel del periodismo

El rol de algunos periodistas –y no de toda la prensa– en el caso de los italianos desaparecidos, ha tenido una gran importancia a lo largo de estos años. La historia comenzó en 1983 cuando Giangiacomo Foa, corresponsal del Corriere della Sera en América latina, publicó por primera vez una lista de 297 italianos desaparecidos en los campos clandestinos. Foa dio así pie a las primeras investigaciones de parte del gobierno italiano e incluso a la posición de condena del entonces presidente y ex partigiano Sandro Pertini. No menos hizo, entre otros, Italo Moretti, enviado especial del canal tres de la Televisión RAI (Radio y Televisión Italiana) que contó a los televidentes decenas de historias sobre los desaparecidos.

En el caso específico del proceso ESMA no se puede dejar de mencionar el rol de dos periodistas que con sus historias, publicadas en el diario romano La Repubblica y en la radio RAI, contribuyeron a difundir el proceso y a crear en el público italiano una cierta conciencia de lo que había ocurrido a algunos de sus compatriotas en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Anna Maria De Luca, del diario romano La Repubblica, reconstruyó la historia de emigración a Argentina desde Fuscaldo (Calabria, sur de Italia) y la posterior persecusión y desaparición de Angela María Aieta, la madre del ex dirigente de la Juventud Peronista Dante Gullo (ocho años en la cárcel), asesinada en la ESMA en 1976, y de su hermano menor Salvador, desaparecido en 1979.

Pero fue Cecilia Rinaldini, la periodista de la radio RAI, quien para un programa titulado “Planeta olvidado” y destinado a los problemas existentes en los países del Tercer Mundo,

“Mi primer contacto con el tema de los desaparecidos se produjo en 2006, cuando fui a la presentación de un libro sobre los casos de algunas ex desaparecidas. Después de leer el libro entré en coma por dos días”, contó Cecilia Rinaldini en una entrevista con Página/12. El proceso ESMA comenzó poco después. “Desde entonces no pude separarme de esas audiencias nunca más. El tribunal me autorizó a grabarlas y entrevisté a todos los personajes que pasaron por las aulas judiciales”, desde la ex desaparecida Norma Berti al periodista Horacio Verbitsky y al director cinematográfico y ex desaparecido Marco Bechis, contó.

“Por primera vez –añadió– tomé conciencia de lo que significa no tener el cuerpo de un ser querido supuestamente fallecido, sobre todo cuando alguien contó alguna vez que una de las madres había encontrado los restos de su hijo y que acariciaba los huesos, el cráneo, como si estuviera vivo.”

“El encuentro con las mujeres que estuvieron en los campos clandestinos fue lo más impresionante para mí. Así empecé a sentir una necesidad imperiosa de estar siempre presente en las audiencias. Por suerte tenía en la radio un jefe muy comprensivo que cuando yo le proponía una vez más un servicio sobre los desaparecidos argentinos temiendo que me lo rechazara, me decía ‘Tranquila, Cecilia, sobre el Holocausto y sobre los desaparecidos no se habla nunca suficientemente’”, contó.

Para Rinaldini estos procesos han tenido una gran relevancia, y no sólo por las condenas. “Durante el juicio se dicen cosas que de otra forma no se sabrían. Porque muchas personas que tienen cosas para contar, tal vez ya no pueden hacerlo dentro de las propias familias porque la familia no puede más. Pero en el juicio, con esos recuerdos están escribiendo algunas páginas importantes de la historia del propio país.”

jueves, 26 de mayo de 2011

Corrientes : ordenan la detención de represor que no se presenta a las audiencias

Se trata de Leopoldo Cao, acusado en el juicio por crímenes contra los derechos humanos que se realiza en Corrientes. Lo dispuso el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, luego de que el imputado no se presentara a la audiencia prevista para este jueves

El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó este jueves la detención del ex militar Leopoldo Cao, en el marco del juicio oral que se realiza en esa ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Así, los jueces dispusieron aquella medida luego de que Cao no se presentara a la audiencia prevista para este jueves, que fue suspendida.

En el debate, además de Cao, son juzgados los tres ex policías Dermidio Ramón Romero, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; los tres ex militares Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi, Edmundo Bertolero y Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos.

El debate se realiza en el marco de la causa “Panetta”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 25 víctimas cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara en el ex Club Hípico de la ciudad de Goya.

miércoles, 25 de mayo de 2011

Un represor declarado "demente" con una ajetreada vida social

Fotografiado en una fiesta. Un insano con mucha vida social

El represor Edmundo Bertorello evitó ser juzgado por padecer “demencia senil”. Estuvo en una fiesta y planeaba asistir a una reunión de ex compañeros de colegio. “Del juicio no tengo nada que decir. Está en la Justicia”, le dijo a un periodista.

Ex jefe de la Compañía de Ingenieros VII de Goya, Corrientes, el general retirado Edmundo Aldo Bertorello debería afrontar en estos días su primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Una pericia del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, dictaminó que padece “demencia senil” y le permitió seguir gozando de impunidad. La incapacidad es cuanto menos leve: el militar, radicado en Buenos Aires, participó días atrás de una fiesta en Córdoba, provincia a la que tenía previsto regresar para reencontrarse con ex compañeros de secundario. “Una muela me tiene loco”, le confió a un periodista de La Voz del Interior. Según los registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad, del CELS, hay diecisiete represores imputados que fueron declarados incapaces, entre ellos el general José Vaquero, jefe de Estado Mayor del dictador Leopoldo Galtieri; el ex director del Hospital Militar de Campo de Mayo, Agatino Di Benedetto, y el ex médico de La Escuelita, de Bahía Blanca, Jorge Streich.

Las gestiones para obtener el certificado de insania de Bertorello las inició en 2008 el defensor oficial Carlos Pujol, a quien el condenado Horacio Losito (dos perpetuas en el haber) agradeció días atrás por su “defensa militante” en el juicio por la Masacre de Margarita Belén. Dos exámenes psicológicos oficiales dictaminaron deterioros cognitivos que dificultaban la capacidad del acusado para defenderse, pero el juez federal Carlos Soto Dávila, que lo había procesado, no lo apartó de la causa. El beneficio se lo concedió la Cámara Federal de Corrientes, integrada por Luis González, Hugo Cabral y Lucio Portel, quienes hicieron propio el argumento del defensor: no es necesario demostrar la incapacidad mental, alcanza con la mengua para declarar la inimputabilidad.

Querellantes y fiscales analizaron la posibilidad de apelar la resolución pero ante la elevación de la causa desistieron, para evitar más demoras y –por la prolongación de las prisiones preventivas– más excarcelaciones. El 5 de mayo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzó a juzgar por secuestros, torturas y desapariciones en Goya y localidades vecinas a los ex policías Juan Antonio Obregó y Romualdo Baigorria, a los militares Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Leopoldo Cao, y al prefecto Luis Leónidas Lemos. Bertorello siguió con su vida normal.

La fiesta que tuvo al represor de invitado fue en una quinta de Villa Nueva: un ex compañero del Colegio Nacional de Villa María, donde se formó Bertorello antes de ingresar al Colegio Militar, celebró sus bodas de oro matrimoniales. Según testigos presenciales consultados por el corresponsal de La Voz del Interior en Villa María, el imputado de 74 años se movilizó sin ayuda, conversó con normalidad y reconoció a personas que no veía desde hacía años. En las fotos se lo ve conversando, posando para el fotógrafo y saludando a una pareja en una carroza.

“Ando con una muela que me tiene loco. Si puedo voy. Depende de lo que me diga el odontólogo”, le confió el imputado al periodista cuando le preguntó si viajaría a reunirse con sus ex compañeros. “No puedo andar viajando mucho porque me canso y tengo una o dos muelas que me perturban permanentemente y no me dejan tranquilo”, amplió Bertorello, que vive en un departamento del piso 13 en Juramento 1347. Cuando Ferreras cambió de tema y lo consultó sobre la causa en Goya, el militar prefirió no opinar. “Del juicio no tengo nada que decir. Está en la Justicia”, respondió. Agregó que no tenía “nada que ver” y que “son esas cosas que ocurren”. Ante la insistencia del periodista sobre si se daba cuenta de los casos por los que le preguntaba, dijo: “Me acuerdo relativamente, tantos años que han pasado... No estoy en condiciones de dar ninguna opinión firme”.

sábado, 21 de mayo de 2011

Marcharon en silencio


 Por L. B.

Desde Montevideo

Uruguay marchó ayer en silencio. Otro 20 de mayo con la Ley de Caducidad a cuestas. Los organismos de derechos humanos aspiraban llegar a esta fecha simbólica sin la norma que impide el juzgamiento de los represores, pero ayer fracasó el intento del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Miles de personas volvieron a encolumnarse detrás de una única bandera: la que pedía verdad y justicia.

La esquina de Jackson y Rivera se llenó de gente mucho antes de las 19, hora en que estaba convocada la concentración. Uno a uno se fueron abriendo paso quienes portaban las fotos de los casi 200 desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) y se ubicaron detrás de la bandera que aunaba su reclamo, el mismo que desde hace dieciséis años los empuja a las calles de Montevideo. “Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado”, se leía en la pancarta que lideraba la manifestación.

El silencio era el lenguaje que empleaban los que caminaban por la Avenida 18 de Julio, la principal de la capital uruguaya. El silencio denunciaba las ausencias: la de los desaparecidos, la de la verdad y la de la justicia. Algunos se secaban las lágrimas en las veredas de las calles, mientras la marcha iba deteniéndose frente a cada facultad de la Universidad de la República. Los estudiantes acompañaban desde las escalinatas, sin banderas ni identificaciones partidarias. Algunos enarbolaban la bandera uruguaya, otros se envolvían en la de la campaña para anular la Ley de Caducidad. Algunas mujeres prendían unas velas. Más atrás, se veía algún que otro estandarte partidario. Uno denunciaba: “Abajo el pacto con los milicos”.

Entre los que caminaban en silencio estaban algunos de los parlamentarios frenteamplistas que intentaron torcerle el brazo a la amnistía, pero no lo lograron. Entre ellos, uno de los hijos del legislador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976 junto con Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El senador Rafael Michelini lamentó tener otro aniversario más del asesinato de su padre con la Ley de Caducidad en sus espaldas. “Siempre hemos luchado contra la impunidad. Hicimos un muy buen intento ayer. Hemos erosionado mucho la Ley de Caducidad. Es cierto, nos queda este marco de impunidad, pero ya lo sacaremos”, confió a Página/12.

Las Madres y los Familiares de los Detenidos-Desaparecidos también aprovecharon antes de la marcha para pedirle al gobierno de José Mujica que abra la puerta para dar con la verdad sobre el destino de sus seres queridos. “La impunidad va mucho más allá de la ley, por eso nuestra lucha sigue”, dijo Oscar Urtazún, de ese organismo. Desde otras entidades fueron aún más duros a la hora de pasar facturas al gobierno. Baldemar Tarocco, de la asociación de ex presos políticos Crysol, disparó: “Yo no sé qué pactos tiene Mujica con los militares, pero Víctor Semproni le hizo un mandado”. La central obrera PIT-CNT también protestó por la vigencia de la Ley de Caducidad y llamó a sus afiliados a redoblar los esfuerzos para terminar con la norma.

Con los desaparecidos en alto, con los reclamos, con la certeza de que van a tener que seguir gastando los zapatos mientras desandan el camino por la verdad y justicia, los manifestantes llegaron hasta la plaza Libertad. No hubo documentos ni discursos. Cantaron el himno, derramaron sus lágrimas, abrazaron a sus compañeros de tantos años y de tantas caminatas y disolvieron la concentración. Algunos plegaron las banderas que denunciaban que los militares siguen teniendo la verdad secuestrada. Las guardaron. Saben que van a tener que volver a usarlas.

Uruguay : continúa la impunidad gracias a un voto de un frenteamplista

El Congreso de Uruguay extendió la impunidad

En una maratónica sesión que terminó con una votación empatada en 49, la Cámara baja de la Legislatura uruguaya desestimó el proyecto oficialista. La oposición festejó, pero los frenteamplistas ya buscan nuevos caminos para anular la amnistía.

 Por Luciana Bertoia
Desde Montevideo

La impunidad sigue siendo ley en Uruguay. Después de catorce horas de debate, el Frente Amplio no logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad, lo que podría abrir una crisis en la coalición centroizquierdista después de que uno de los diputados no votara junto a su bancada. Mientras los partidos tradicionales celebran por haber ganado una nueva batalla, sectores frenteamplistas ya empezaron a pensar estrategias para eliminar la norma que desde 1986 impide que los represores sean llevados a la Justicia.

La tercera fue la vencida. El FA había logrado, en octubre del año pasado, que la Cámara baja aprobara el proyecto interpretativo que dejaba sin efecto tres de los artículos de la Ley de Caducidad. Con algunos tironeos, el proyecto también había salido airoso el 12 de abril pasado en el Senado. Pero cuando la Cámara de Diputados tuvo que ratificar los cambios introducidos en la propuesta, un legislador se rebeló y la posibilidad de terminar con la norma se le escapó de las manos.

El debate arrancó a las 15.30 del jueves y duró hasta las 5.30 de la madrugada de ayer. En todas esas horas, el FA trató de defender su iniciativa. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente fueron sacando de la galera varios elementos para impugnarla. Sin lugar a dudas, el más utilizado fue la acusación de que si se eliminaba la ley 15.848 no se estarían respetando las consultas populares de 1989 y 2009, que avalaban su permanencia.

La intervención del diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio, en el FA) de las 5.25 dejó en claro que no todo estaba perdido. “Mientras haya un desaparecido, esta fuerza política va a seguir bregando por la verdad, la memoria y la justicia”, prometió el hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado hace 35 años en Buenos Aires. Segundos después, se abrió la votación. Con impotencia, los diputados frenteamplistas escucharon el resultado: 49 a favor y 49 en contra. Había un diputado que podría haber resuelto la votación a favor del oficialismo, pero argumentó en contra y se retiró de la sala: el oficialista Víctor Semproni.

“Discrepamos con la propuesta porque creemos que hay mejores”, se excusó el parlamentario del Espacio 609, que en octubre del año pasado había votado junto con su bancada para darle media sanción a la misma iniciativa. En ese momento había explicado: “Quiero aclarar que voy a votar afirmativamente este proyecto, pero no lo hago por disciplina partidaria. Lo voto porque soy biológicamente frenteamplista desde el nacimiento de nuestra fuerza política; lo voto porque en mi vida he sido un demócrata auténtico y siempre he aceptado las decisiones que por mayoría se toman en los ámbitos en que participo”. El paso de los meses hizo mella en la naturaleza de Semproni, ya que ayer se negó a seguir el mandato del plenario del FA que llamaba a todos sus diputados a pronunciarse por la eliminación de la Ley de Caducidad. Según comentó a este diario, Semproni envió una carta al presidente de la coalición para ser sometido a un juicio ético. El ex militante tupamaro y ex preso político durante la dictadura (1973-1985) dijo que estaba dispuesto a abandonar su banca si así se lo pedía el Espacio 609 al que pertenece.

La oposición festejó el resultado de la votación. “No era bueno que se aprobara. El gobierno no tiene derecho a crearle un problema más al pueblo. El gobierno no está para generar enfrentamientos y este proyecto iba en contra de pronunciamientos populares”, dijo a Página/12 el senador blanco Francisco Gallinal, uno de los más férreos opositores a la iniciativa que ayer se rechazó. Pero el referente del Partido Nacional no dejó cerrada la puerta al diálogo. “Si el gobierno quiere buscar instrumentos para buscar la verdad, estoy a las órdenes y dispuesto a legislar.” Aunque Gallinal desestimó que fuera a apoyar la propuesta de derogar la Ley de Caducidad, que ya está circulando dentro del FA.

Muchos de los integrantes de la coalición gobernante no salen del asombro y evitan caer en declaraciones que agraven la crisis que ya está sacudiendo a la estructura partidaria. “Todo continúa, pero se abren nuevas etapas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y para que los crímenes no prescriban”, comentó a este diario el senador comunista Eduardo Lorier. Uruguay fue sancionado en febrero pasado por el organismo por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados los responsables de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Irureta Goyena, y de la apropiación de su nieta Macarena. Pero la impunidad no sólo envuelve al caso Gelman sino que se proyecta para cientos de casos de desapariciones, secuestros y torturas.

“Es un día de profunda tristeza para la gente que hace 35 años viene luchando contra la impunidad”, agregó el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el FA. El reconocido militante sindical y de derechos humanos no dudó a la hora de lamentar el papel que jugó el presidente José Mujica, quien se manifestó en contra del proyecto interpretativo pero, a última hora, le pidió a Semproni que votara con su bloque para no inmolarse en solitario. “Fue un rol confuso, con salidas intempestivas en un sentido o en el otro –reconoció ante Página/12 –. El FA como fuerza política jugó bien, resistió todos los embates. Pero hay dirigentes que no han jugado o que lo hicieron en contra”, se lamentó. Puig explicó que la izquierda uruguaya atraviesa un debate sobre qué hacer en esta materia. “Pero Uruguay no puede estar de espaldas a la tendencia de respeto los derechos humanos que se da en América latina”, apuntó el dirigente del PVP.

El FA tiene por delante el reto de recomponer sus filas y de decidir qué camino seguir para cumplir con lo que sus miembros decidieron en el Congreso Extraordinario de 2008: terminar con la cultura de impunidad y con su exponente máximo, la Ley de Caducidad. Y hay muchos que no se dan por vencidos. “Es una derrota que nos marca la convicción de profundizar la lucha”, insiste Puig.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Procesamiento a ex jefe del CCD La Perla

La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento del ex jefe del Centro Clandestino de Detención La Perla, el represor Héctor Vergez, por los delitos de torturas y asesinato cometidos durante la última dictadura militar en contra de Pablo Daniel Ortman y Marcelo Leónidas Espeche. La causa, que forma parte de una acumulación de hechos conocidos como La Perla, tiene como principal imputado por la cadena de mando al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien ya fue condenado a perpetua en los juicios realizados hasta el momento en la ciudad de Córdoba. La Sala A de la Cámara dictó anteayer el procesamiento de Vergez por los homicidios de Ortman y Espeche con las firmas de Roque Ramón Rebak, Luis Martínez y Octavio Olmedo.

domingo, 15 de mayo de 2011

Ushuaia: preocupación por el cierre de una causa que investigaba la protección a un represor

El conjuez Federal de Ushuaia, Antonio Aciar, desestimó en 24 horas un pedido de la Fiscalía para que se considere delito de lesa humanidad la protección que habría recibido en la ciudad de Ushuaia el ex capitán de navío Jorge Raúl Vildoza, uno de los represores prófugos más buscado del país.

De este modo, la causa donde se investiga si Vildoza vivió en Ushuaia durante 2001 y 2002, y lavó dinero apropiado a personas desaparecidas durante la última dictadura militar podría cerrarse por la prescripción de los ilícitos en que se encuadraron los hechos, indicaron fuentes judiciales.

Vildoza fue el segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1980, y está prófugo desde 1986, luego de negarse a comparecer en el Juicio a las Juntas.

A pesar de que nunca fue apresado, en 1998 se comprobó, mediante un análisis de ADN, que uno de sus hijos había sido apropiado a un matrimonio de desaparecidos, Cecilia Viñas y Hugo Penino.

El represor, que también enfrenta pedidos de detención por imputaciones similares en España, habría vivido en diferentes períodos en Austria, Sudáfrica y Paraguay, aunque hay indicios que lo sitúan en el Fin del Mundo en los primeros años de este siglo.

El nexo entre Vildoza y Tierra del Fuego es la empresa American Data SA que regenteó los casinos electrónicos Oshowia, en Ushuaia, y Casablanca, en Río Grande.

El titular de la firma es Jorge Ernesto Vildoza, uno de los hijos del ex militar prófugo, y para quien trabajó desde 1995 el abogado oriundo de Misiones Oscar Beccaluva.

A principios de 2001, American Data le encomendó a Beccaluva viajar a Ushuaia para iniciar una demanda civil contra el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) para reclamar el cobro indebido de cánones, en momentos en que el gobierno provincial había resuelto no renovar la licencia de los casinos.

Según los directivos de la empresa, le enviaron al abogado el importe de la tasa de justicia (unos 34 mil pesos de la época) y éste se quedó con el dinero y tramitó un beneficio para litigar sin gastos.

Como consecuencia, otros letrados de la firma denunciaron penalmente a Beccaluva por presunta defraudación y se formó una causa penal.

Cuando el ex abogado de American Data declaró ante la jueza María Cristina Barrionuevo por ese caso, el 28 de abril de 2006, resolvió contar en detalle las supuestas actividades de la familia Vildoza en Tierra del Fuego.

En esa oportunidad explicó sus vínculos con el ex capitán de navío desde el regreso de la democracia, la relación que habría entre los casinos y el dinero apropiado a desaparecidos y la forma en que Vildoza habría vivido en Ushuaia bajo la protección de otras personas.

Según el testimonio de Beccaluva, el represor recibió ayuda de dos abogados locales, Jorge Kresser Pereyra y Demetrio Martinelli, siendo este último el que lo denunció en la causa de la presunta estafa a American Data.

La declaración del letrado misionero fue girada luego, por razones de competencia, al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, donde se formó una causa por separado.

Sin embargo, Calvete se excusó de intervenir por mantener "trato familiar" con Martinelli, y el caso pasó a manos del conjuez Aciar.

Beccaluva declaró como testigo en ese expediente el 7 de diciembre de 2010, y ratificó lo que había dicho cuatro años antes, con detalle de nombres, fechas y lugares.

Pese a ello, Aciar interpretó que el presunto delito de encubrimiento que se le imputa a Martinelli y Kresser Pereyra se encontraría prescripto, y dictaminó en el mismo sentido.

En cambio, desde la Fiscalía Federal respondieron que correspondía reformular la acusación contra los abogados para que se los investigue por presunto lavado de activos, siendo el delito fuente la apropiación de bienes de desaparecidos y por lo tanto un delito de lesa humanidad, que no prescribe por el paso del tiempo.

Ese es el requerimiento que el conjuez rechazó en 24 horas, y que terminó de definir la intervención de los organismos de derechos humanos.

EEUU no entrega la información que posee sobre los desaparecidos

Cámara baja EEUU rechaza medida sobre Argentina
Una propuesta del legislador demócrata Maurice Hinchey para que el director nacional de inteligencia entregue al Congreso información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura argentina (1976-1983) fue rechazada el viernes en la cámara baja con 214 votos en contra y 194 a favor.

La propuesta buscaba que los organismos estadounidenses de espionaje entregaran a comisiones de inteligencia en ambas cámaras información confidencial sobre las violaciones del gobierno militar argentino que dejó 30.000 desaparecidos, según las denuncias de grupos de derechos humanos, con el objeto de "arrojar luz sobre el destino desconocido de cientos de niños argentinos que nacieron en cautiverio y fueron distribuidos a integrantes de los cuerpos de seguridad".

Una medida similar de Hinchey en 1999 provocó la difusión de al menos 24.000 documentos sobre Chile durante el mandato del presidente Bill Clinton que ayudaron a enjuiciar crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los documentos demostraron que el gobierno de Estados Unidos había estado muy involucrado en la desestabilización del gobierno y economía de Chile durante casi dos décadas.

Durante el debate del jueves sobre la medida, el representante republicano Mike Rogers, presidente del comité de espionaje, expresó su oposición argumentando que sería una distracción de tiempo y de recursos para los organismos estadounidenses de espionaje, que necesitan concentrar sus esfuerzos en desmantelar a organizaciones terroristas como Al-Qaida.

"No se comprende cómo un país puede proclamarse defensor de los derechos humanos y su Congreso poner obstáculos para que una abuela pueda reencontrase con su nieto", afirmó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes denunciaron la desaparición de 500 niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de tortura o secuestrados junto a sus padres. En su mayoría los niños fueron adoptados ilegalmente por otras familias, generalmente de militares, y anotados con otra identidad.

Hasta el momento fueron identificados 104 nietos, hoy adultos de entre 30 y 35 años.

Iud recordó que archivos desclasificados del Departamento de Estado sirvieron de prueba en varios juicios contra represores por crímenes de lesa humanidad.

"Para Abuelas sería muy importante poder acceder a esa información que podría ayudar a localizar a los nietos", destacó el abogado.

Hinchey la calificó como una oportunidad desperdiciada.

"Estados Unidos puede jugar un papel vital en levantar el velo de confidencialidad que ha rodeado los terribles abusos de derechos humanos de los déspotas regímenes militares que gobernaron Argentina", dijo Hinchey en un comunicado.

"Nuestros organismos de espionaje pueden tener la llave que ayude a abrir algunos misterios sobre las identidades de cientos de ciudadanos argentinos que fueron separados de sus familias biológicas como resultado de las atrocidades", agregó.

La cámara baja había aprobado una medida similar en 2008, 2009 y 2010, pero las tres veces naufragó en el Senado.

Finalmente detuvieron al árbitro y represor

Detuvieron al “réferí” y represor José Bujedo

El ex integrante del Servicio de Inteligencia de la Marina (SIM) durante la década del '70 José Bujedo fue detenido en Mar del Plata, acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Así lo confirmó a 0223.com.ar el Juez Federal Rodolfo Pradas. “Le tomamos declaración testimonial a Edgardo Gabbin el jueves pasado y fue clarificadora”, dijo el Magistrado, por ello se ordenó su detención que fue concretada en la noche de este viernes por la Policía Federal.

Bujedo fue apresado en su domicilio de México y Chacabuco. Sobre él pesa la acusación por la detención y apremios ilegales en perjuicio de Edgardo Gabbin, que declaró ante la Justicia en el marco de los Juicios por la Verdad y en la causa denominada Base Naval Mar del Plata.

Conocido como "El Réferi" por haber actuado como árbitro de fútbol en la Liga marplatense, Bujedo quedará alojado en la delegación local de la Policía Federal hasta que se resuelva su situación procesal.

viernes, 13 de mayo de 2011

Informe de AI :se juzga a represores y siguen casos de tortura y malos tratos.

Argentina juzga a represores, mientras siguen casos de tortura y malos tratos

Amnistía Internacional alerta de torturas y malos tratos en prisiones y comisarías de Argentina, un país donde continúan los procesos contra responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1976-1983).

En su informe de 2011 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que se presenta hoy en Londres, Amnistía Internacional (AI) indica que al finalizar el año pasado 110 personas habían sido condenadas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, otras 280 estaban procesadas y se seguían celebrando trece juicios, según datos oficiales.

Entre los declarados responsables de estos hechos se encuentran los exdictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, el primero por la tortura y muerte de más de 30 presos en Córdoba en 1976 y el segundo por torturas, asesinato y secuestros en el centro de detención del Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires.

También el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez y el exjefe de Inteligencia de la policía de Tucumán Roberto Albornoz fueron condenados a cadena perpetua.

Mientras tanto, el año pasado continuó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía (con lesiones y muertes de personas) y las condiciones de reclusión inhumanas, según AI, que alude a informes sobre torturas y otros malos tratos en prisiones y comisarías, en especial en las provincias de Buenos Aires y Mendoza.

Además, Amnistía denuncia que las mujeres y menores embarazadas a causa de violaciones se enfrentan a grandes trabas a la hora de acceder al aborto legal.

Respecto a la justicia internacional, la organización defensora de los derechos humanos recuerda que se concedió la condición de refugiado a Sergio Galvarino Apablaza y se cerró su expediente de extradición a Chile en relación con el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, en 1991.

Sobre los pueblos indígenas, AI destaca la falta de aplicación de la ley de emergencia nacional que suspendía la ejecución de las órdenes de desalojo y expulsión de éstos de sus tierras tradicionales, hasta que se efectuara un estudio a nivel nacional.

Así, la policía dispersó violentamente a personas de la comunidad toba qom que cortaban una carretera en protesta por los planes de erigir en sus tierras una universidad y quemó los alojamientos temporales de esta población indígena, en unos hechos en los que murió un agente y un miembro de ese colectivo.

Los miembros de comunidades indígenas y campesinas fueron también los principales afectados por los 120 conflictos relacionados con la tierra y el medioambiente en la región del Chaco.