Mariana Zaffaroni. Recuperó su identidad y ahora lucha por recuperar a un hermano o una hermana.

María Emilia Islas estaba embarazada cuando fue trasladada desde Orletti en Argentina a Uruguay en 1976
Mariana Zaffaroni podría tener un hermano o hermana sobreviviente. El último rastro que existe sobre este aspecto son unas declaraciones del liberado Alvaro Nores.

Víctor Carrato |

El represor Manuel Cordero le dice a Nores, en la sede del SID de Bulevar Artigar y Palmar en diciembre de 1976, que iban a dejar a María Emilia Isla Gatti de Zaffaroni viva porque era muy bonita y estaba embarazada.

Para que María Emilia Islas de Zaffaroni hubiera tenido a su hijo o hija, debería haber sobrevivido hasta marzo de 1977. Mariana Zaffaroni -tenía un año y medio cuando sucedieron estos hechos- busca a su hermana o hermano decididamente y su padre captor fue detenido y procesado en Buenos Aires. Este miércoles fiscales argentinos vendrán a tomar declaraciones en Montevideo, incluyendo a miembros del cuerpo diplomático uruguayo, entre ellos el ex embajador uruguayo en El Líbano Alberto Voss Rubio. No se descarta que también interroguen a algún militar actualmente detenido en la Cárcel Especial de Domingo Arena. El juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de Miguel Furci, ex agente de la SIDE, y le imputó su participación en 70 casos de secuestros y torturas cometidos bajo la dictadura argentina. Furci fue indagado y "reconoció la existencia" del centro clandestino Automotores Orletti. Furci era conocido como "el enfardador" de Orletti por su facilidad para hacer paquetes con los muertos, entre los cuales habría estado el hijo del poeta Juan Gelman. El "enfardador" es licenciado en ciencias políticas. No existen fotos de estos represores, salvo una que es producto de "sus buchoneadas" de otros represores a los cuales delató.

El juicio oral y público por los hechos de Orletti comenzará el 3 de junio. Un ex agente de la SIDE que actuó en el centro clandestino de detención Automotores Orletti fue detenido en el marco de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. Se trata de Miguel Angel Furci, un ex "agente orgánico y miembro de la custodia permanente" de la jefatura de la SIDE, a quien el juez federal Daniel Rafecas le imputó su participación en alrededor de siete decenas de secuestros y torturas de prisioneros en Orletti. Furci, por distintas razones había quedado afuera de las investigaciones, cuenta un testigo de la causa de Orletti a LA REPUBLICA. Miguel Furci es un agente que lleva cuarenta años trabajando en la Inteligencia argentina, con un sueldo de U$S 5.000 mensuales, pagados por fondos reservados en el vecino país, es adscrito o adjunto a la dirección de la SIDE y persona de confianza de Jaime Stiusso, director de la SIDE.

En los años 86-87 se convirtió en el apropiador de Mariana Zaffaroni. Se hace un análisis de ADN y se comprueba que Mariana Zaffaroni es la niña apoderada por Furci. Negocia con el presidente Alfonsín la entrega de un represor de alto nivel, que es Guglielminetti, que siendo jefe de la custodia presidencial de Alfonsín, realiza un secuestro extorsivo a un particular y se fuga a España. Posteriormente Furci aparece en Paraguay, donde trabaja para la SIDE, deteniendo a Mariana Zaffaroni, con la identidad cambiada de Romina Furci y trabaja en Paraguay para la SIDE. Furci detecta a su colega torturador Guglielminetti y lo entrega, al igual que otros dos represores.

Furci es detectado en Paraguay y es extraditado a la Argentina. Furci declara que el represor uruguayo José Nino Gavazzo es el responsable de la entrega de Mariana Zaffaroni. También, Furci es la primera persona que declara sobre las pistas del segundo vuelo de presos políticos hacia Uruguay. El declara que María Emilia Islas de Zaffaroni le entrega a Mariana en la escalerilla del avión, al punto de ser trasladada en el segundo vuelo a Montevideo y donde supuestamente le dice que "se la cuide bien". María Emilia Islas de Zaffaroni estaba encapuchada, esposada y a punto de ser trasladada en el segundo vuelo de la muerte de Buenos Aires a Montevideo, donde todos serían ejecutados posteriormente en el Servicio de Información y Defensa (SID) en la sede de Bulevar Artigas y Palmar.

Estando en Paraguay comienza en 1992, un proceso de extradición de Furci, a través del cual se traslada al represor a la Argentina y se le restituye la identidad a Mariana Zaffaroni. La joven sigue viviendo con sus captores y padres apócrifos y un año después Furci es condenado a siete años por el secuestro de Mariana Zaffaroni, pero es amnistiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida decretadas por el gobierno de Carlos Ménem.

Furci escapa a los reconocimientos fotográficos y muchos de los represores argentinos de la SIDE y de Orletti no presentan fotografías que permitan identificarlos.

Hay varios represores argentinos actualmente encarcelados como Raúl Guglielminetti, quien actuaba bajo el apodo "Guastavino" y era personal de Inteligencia del Ejército, y Eduardo Alfredo Ruffo, alias Capitán o Zapato, entre otros.

También se sentarán en el banquillo de los acusados Honorio Carlos Martínez Ruiz, otro ex SIDE, quien actuaba en Orletti con el apodo Pájaro o Pajarovich, y el comodoro de la Fuerza Aérea Néstor Horacio Guillamondegui, quien se desempeñaba como jefe de la División Operaciones Tácticas I de la SIDE. Completan la nómina de represores que deberán afrontar ese juicio oral y público el coronel del Ejército Rubén Víctor Visuara, quien sucedió en su cargo a Guillamondegui, y el general de División del Ejército Eduardo Rodolfo Cabanillas, que se desempeñó como jefe de la División de la SIDE Operaciones Tácticas 18. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se anulan los indultos de Ménem y se le da paso a la justicia. En los años 2005-2006 se encarcelan a varios represores de la época de la dictadura argentina y continúa la causa a nivel judicial.

Furci y otros represores pertenecían a la SIDE orgánicamente pero operaban con la banda de Gordon, que después del golpe de Estado en Argentina, formaron una banda que era la Triple A, organizada entre otros por el general Paladino, operando como rateros comunes, actuando con la Unión Obrera Metalúrgica de la CGT, una organización peronista, que actuaba con asesinatos en busca de botines monetarios. Se trata de unos setenta represores argentinos que ahora son reconocidos ante la Justicia.

Enlanzando alternativas : TALLER: Genocidio y luchas contra la impunidad

CUMBRE DE LOS PUEBLOS: ENLAZANDO ALTERNATIVAS – Madrid

TALLER: Genocidio y luchas contra la impunidad: Guatemala,  el Estado español y Argentina
Facultad de Matemáticas (Ciudad Universitaria)  Sala B13  (Metro Línea 6)
Sábado 15 de mayo – 18 horas

La Red Birregional Europa, América Latina y el Caribe, "Enlazando Alternativas" en articulación a nivel del Estado español con la "Campaña contra la Europa del Capital, la Guerra y la Crisis. Por la solidaridad entre los pueblos" convocan a la *"CUMBRE DE LOS PUEBLOS ENLAZANDO ALTERNATIVAS IV" y al "TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS que tendrán lugar en Madrid (Estado español) del 14 al 18 de Mayo 2010, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, de forma paralela a la reunión de Jefes de Estado de la Unión Europea (UE), América Latina y Caribe.

En la Cumbre de los Pueblos se realizarán en torno a 70 talleres de diferentes temáticas, donde participarán numerosas organizaciones y colectivos tanto latinoamericanos como europeos. En este marco, diferentes organizaciones nos hemos coordinado para desarrollar un taller sobre Genocidio y luchas contra la impunidad: Guatemala, Estado Español y Argentina: tres países en los que se enfrenta día a día las consecuencias del terrorismo de estado y la consiguiente impunidad y complacencia.

En GUATEMALA, el golpe militar de 1954, impulsado por EEUU, instauró décadas de gobiernos militares. Desde el comienzo de los años 60 hasta 1996, las acciones de los militares para acabar con toda la disidencia política causaron más de 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados y refugiados.

En ESPAÑA el pacto de la transición impuso el silencio, el olvido  y la impunidad de los crímenes  del franquismo, pero la lucha tanto de organizaciones como de familiares han activado la memoria colectiva y la reclamación de justicia para las víctimas.

En ARGENTINA, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos ha posibilitado, en los últimos años, la apertura de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de estado implantado en la última dictadura militar (1976-1983). Los organismos de derechos humanos están impulsando el desarrollo de las distintas causas judiciales debiendo afrontar diversos obstáculos, incluyendo amenazas y desapariciones de sobrevivientes.

El objetivo del taller es doble: por un lado, abordar las prácticas de genocidio en los tres países mencionados, y por otro presentar las iniciativas de lucha contra la impunidad y por la justicia universal

 
AEDD (Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos) – Argentina
Campaña de Apoyo a Juicios contra Genocidas en Argentina (Madrid)
Casapueblos  (Madrid)
CGT (Confederación General del Trabajo) – España
Associació d’Amistat amb el poble de Guatemala – Catalunya
Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África (Valencia)
Comité Internacionalista de Zaragoza

El infiltrado en la mesa familiar

El escritor Miguel Molfino había relatado en Página/12 que Marturet había sido novio de su hermana Marcela, que está desaparecida, y habitué de su casa durante los años ’70.

Por Laura Vales

Lo negó en privado: les juró a los integrantes de la familia Molfino que era un error, que él no había sido servicio de inteligencia durante la dictadura, que no había tenido nada que ver con la desaparición de Marcela, su novia de la adolescencia, ni con el secuestro de Noemí, la mamá de Marcela, asesinada también por un grupo de tareas. Julio César Marturet, subsecretario de Acción Cooperativa de Misiones, alegó que lo estaban confundiendo con otro y que el Marturet que apareció en los listados recientemente desclasificados de quienes trabajaron como personal de inteligencia del Batallón 601 no era él, aunque su nombre y su número de documento coincidieran con los que se leen en los listados. Pero ayer, finalmente, Marturet presentó la renuncia, y el gobernador Maurice Closs se la aceptó.

La destitución del funcionario era exigida por organismos de derechos humanos y sectores políticos de la provincia desde que la revista Superficie descubrió que Marturet figuraba en la nómina de los espías civiles que entre 1976 y 1983 reportaron al Batallón 601. En los papeles, su función era la de “agente de reunión”, un eufemismo que habitualmente designaba a quienes se infiltraban en universidades y sindicatos para marcar gente. Marturet había pasado la dictadura como estudiante universitario en la ciudad de Resistencia, Chaco, y en el ’82 se había mudado a Misiones, donde recuperada la democracia se vinculó con el radicalismo. Hasta que se desclasificaron los archivos de los servicios de inteligencia del 601, ninguna sospecha lo rozaba.
El jueves, Miguel Molfino, periodista y escritor, quien fue preso político de la dictadura y tiene a una hermana –Marcela– desaparecida y a su madre –Noemí Esther Gianetti de Molfino– asesinada por grupos de tareas, publicó en la contratapa de Página/12 un artículo contando que el Marturet denunciado había sido novio de su hermana y habitué de su casa (“se pasaba el día entre nosotros, como un hermano más”), en Resistencia, durante los ’70.
“Fuimos infiltrados en nuestro propio hogar”, señaló en la contratapa Molfino. Y relató que a la sorpresa de descubrir que había tenido al enemigo en casa, siguió el desconcierto de encontrar que el denunciado seguía en su cargo, sin que la gobernación se decidiera a cesantearlo.
Tras la difusión de la contratapa, la situación se definió. Pocas horas después se anunciaba la renuncia del funcionario. El paso al costado de Marturet fue confirmado ayer por el decreto 433 y publicado en el boletín oficial de la provincia.
Página/12 pudo saber que en las horas previas a la renuncia, todos los ministros de Misiones recibieron en sus casillas de mail la contratapa escrita por Molfino, que les fue reenviada por militantes de la provincia. El gobernador Closs –un radical aliado del kirchnerismo– llamó a su despacho al funcionario y le pidió que dejara el cargo. Los voceros del gobernador aseguraron que cuando Closs le comunicó su decisión, el renunciado no puso objeciones. “No conocemos que haya ninguna imputación judicial, pero el gobernador entendió que se trataba de una situación que Marturet tiene que esclarecer fuera de la función pública”, detalló el consultado.
El gobernador no salió a hacer declaraciones públicas. La encargada de fijar la posición oficial fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Amelia Báez: “El que colaboró para desaparecer tiene que dar un paso al costado y que la Justicia le caiga con todo el peso de la ley”, definió.
Los Molfino vivieron años muy duros en la dictadura. De los siete integrantes de la familia, Noemí y sus seis hijos, cuatro sufrieron en forma directa la represión. En 1976 detuvieron a Alejandra, que estaba estudiando ingeniería y tenía militancia gremial en el sindicato docente. Después de un año presa en Devoto, le dieron la opción de salir del país y se exilió en Francia. En febrero de 1979 secuestraron a Miguel, que había pasado por el PRT y se había vuelto muy visible trabajado como periodista para el diario El Mundo; legalizado, de la Brigada de Investigaciones de Chaco lo llevaron a la cárcel.
En octubre de ese mismo año, su hermana Marcela y su pareja, Guillermo Amarilla, los dos militantes de Montoneros que habían regresado al país en el marco de la contraofensiva, fueron secuestrados y de-saparecidos. Marcela estaba embarazada y dio a luz en cautiverio a un varón. En 1980, Noemí, convertida en Madre de Plaza de Mayo, viajó al Perú con la idea de denunciar los secuestros y desapariciones ante el gobierno electo de Belaúnde Terry. Un comando del Batallón 601, que entró al país amparado por el Plan Cóndor, la secuestró. Su cuerpo apareció 60 días más tarde en la habitación 604 del apart hotel Muralta, de Madrid. Por los asesinatos de Noemí, de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla no hubo ninguna condena. El hijo de Marcela y Guillermo, que había sido apropiado por un represor, recuperó su identidad el año pasado, luego de presentarse en Abuelas por su propia iniciativa.