martes, 15 de noviembre de 2016

El sobrino de Von Wernich es el director de DDHH del Servicio Penitenciario Bonaerense

Guillermo Von Wernich, sobrino del ex capellán de la Bonaerense condenado por haber colaborado con la dictadura, ocupa un cargo jerárquico en la estructura penitenciaria.

Un área del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) está presidida por un familiar de un represor de la última dictadura cívico-militar. Se trata de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que está a cargo de Guillermo Von Wernich, sobrino del ex capellán de la Bonaerense que fue condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad.

El sobrino del represor fue designado por Fernando Díaz, el ex jefe del organismo que semanas atrás fue desplazado por el gobierno de María Eugenia Vidal en medio de cuestionamientos de entidades de derechos humanos por las condiciones de tortura y hacinamiento en las cárceles y por su imputación en una causa por corrupción.

Christian Von Wernich, tío de Guillermo es sacerdote y ex capellán de la Policía provincial que en 2007 fue condenado a reclusión perpetua por su participación en casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios en los centros clandestinos de detención del "Circuito Camps", que dependía del ex jefe policial Ramón Camps

martes, 8 de noviembre de 2016

Denuncian al Fiscal General de Mar del Plata por haber espiado a Madres en dictadura

La Comisión Provincial por la Memoria acusó a Fernández Garello por delitos de lesa humanidad. Lo señalaron como espía de la Policía Bonaerense y pidieron su juicio político.

En plena dictadura, quien ahora es el fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, se infiltró en reuniones de Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal en su rol de espía policial de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA). Así lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que aportó documentos hallados en el archivo de la dirección de espionaje policial en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. El organismo provincial de DDHH también pidió el juicio político para el funcionario.

La CPM aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la DIPPBA, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. Entonces era oficial subinspector de la repartición policial de espionaje y participó tanto del operativo conjunto, coordinado con la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la Zona Militar IV. La delegación DIPPBA San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Además de la denuncia en los juzgados federales, el organismo provincial denunció a Fernández Garella ante la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense: “ante la gravedad institucional del caso, la CPM solicita su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones”, dijo en un comunicado la comisión presidida por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

De espía de la dictadura a fiscal.

Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Todas esas acciones quedaron registradas en el archivo de la DIPPBA, que está bajo control de la CPM. Según esos documentos, en su rol de policía Fernández Garella realizaba espionaje político y gremial: operó en conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También hizo registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas.

La DIPPBA era una suerte de policía política del Terrorismo de Estado que tenía por objetivo la búsqueda de “delincuentes terroristas”, como definían la persecución del comunismo como identificación de toda oposición política a la dictadura. Sus espías se infiltraban en organizaciones sociales y políticas, y Fernández Garello interviene en el informe que implicó para su desarrollo la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo. También se infiltró en cooperadoras escolares e incluso de una agencia de turismo que promovía como destino al Kremlin.

“La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado”, denunció la CPM.

Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo. Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad.

viernes, 4 de noviembre de 2016

La impunidad continúa : El juez Bejas se excusó y no citará a indagatoria a César Milani

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado que el ex jefe del Ejército debía ser citado a indagatoria en los tribunales tucumanos por la desaparición del soldado Ledo.

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara que el ex jefe del Ejército, César Milani, debe ser citado a indagatoria por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo durante el Operativo Independencia, el juez federal N°1, Daniel Bejas, se excusó de seguir interviniendo en la causa. A principios de 2015, el magistrado no había hecho lugar al pedido para que el entonces titular de las Fuerzas Armadas fuera llamado a declarar. Milani ocupó el cargo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Bejas tomó la determinación luego de dos presentaciones efectuadas por el fiscal general Gustavo Gómez (subroga al fiscal federal N°1 Carlos Brito).

Por un lado, Gómez había presentado una solicitud de pronto despacho, argumentando que Bejas llevaba 106 días sin resolver la citación. El juez la rechazó y sostuvo que el trámite procesal se desarrolló de manera "regular, normal y permanente” en relación a los tiempos de resolución de otras causas que investigan delitos de lesa humanidad. Deslizó críticas a Gómez por el tenor del escrito y el "nivel de exposición mediática que emprendió el fiscal”. "Resulta sorpresivo que quien no registra intervención en ninguna causa de lesa humanidad y quien sólo interviene en este caso de manera esporádica y circunstancial efectúe una presentación que a todas luces no refleja la realidad procesal de la causa, poniendo al descubierto la carencia en dicho funcionario, de un conocimiento real y exhaustivo de la causa”, cuestionó. Bejas señaló que no hubo dilaciones y rechazó el requerimiento.

Violencia moral

Por el otro, Gómez había pedido que se cite efectivamente al ex titular del Ejército. Bejas consideró que en los argumentos, Casación resolvió sin indicar los lineamientos a seguir por él para dictar un nuevo pronunciamiento y que, pese a ello, se le ordenó una nueva definición. "Dicho temperamento me coloca en una situación de violencia moral para una nueva de decisión. Afirmo ello, ya que al no haberse rebatido y analizado mis argumentos, me encuentro impedido de reanalizar la cuestión debatida con iguales fundamentos y adoptar posición distinta a la ya sustentada en el decisorio cuestionado”, afirmó. Adujo entonces la imposibilidad de abocarse a la misma cuestión con idénticas evidencias, que ya rechazó, y sin orientación del tribunal de alzada, y se excusó. Recordó que él había cuestionado la investigación y añadió que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán recomendó profundizar la pesquisa.

Los expedientes estuvieron tres años en sus manos. Ahora el juez federal N°2, Fernando Poviña, deberá analizar si acepta el caso, que ya cuenta con 15 cuerpos. La querella de la familia Ledo, encabezada por los abogados Adriana Mercado Luna y Bernardo Lobo Bugeau, expresó que espera que la causa avance en el marco del debido proceso. Adelantó que no ejercerá recurso alguno y consentirá la intervención del nuevo juez.

El 20 de octubre, la sala I de Casación rechazó dos recursos de queja presentados por la defensa del imputado en contra de dos resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos desestimaron dos recursos: uno era contra la resolución que no hizo lugar al pedido de apartamiento del fiscal Brito y el otro, contra la determinación de dejar sin efecto el pronunciamiento de Bejas sobre la citación. El 2 de junio, la Cámara Federal de Tucumán resolvió que Milani sea llamado a indagatoria y dispuso que Bejas resuelva la situación procesal del ex militar. Asimismo, el Tribunal resolvió que el magistrado siga al frente de la investigación y convalidó la elevación a juicio en lo que respecta a la acusación sobre el ex capitán Esteban Sanguinetti, implicado en los hechos.

Deserción o desaparición

Ledo era un estudiante riojano de 20 años. Cursaba la carrera de Historia en la UNT. En 1976, cuando desapareció, cumplía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja. En mayo de 1976, un grupo de esa dependencia se trasladó a Monteros presuntamente bajo las órdenes de Milani y de Sanguinetti. Entre los que llegaron a la provincia estaba Ledo. Habría sido secuestrado del sitio en el que se encontraban afincados, el predio de una escuela. El Ejército, sin embargo, sostuvo que desertó. Disfrazar la desaparición forzada de conscriptos bajo la figura de "deserciones” fue una mecánica habitual durante el terrorismo de Estado, de acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la justicia federal. Según el ex capitán José Luis D’Andrea Mohr, 129 jóvenes soldados desaparecieron entre 1975 y 1983. Al menos 12 fueron vistos por última vez en Tucumán.

Según el fiscal Brito, Milani habría encubierto los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el soldado Ledo y falsificado el sumario de deserción. En julio de 2013, cuando se presentó espontáneamente en los tribunales federales locales, Milani había explicado que entre el 75 y el 76 estuvo 40 días en la provincia, en dos oportunidades, con la unidad de ingenieros de construcciones, a la que pertenecía. En ese entonces tenía 21 años y era subteniente, según dijo. "Estuvimos en una escuela en Monteros y reparábamos y limpiábamos caminos. No tuvimos que ver con la parte de inteligencia, de operativa ni con nada”, había explicado.

"Trató de favorecerlo siempre"

Graciela Ledo vio por televisión cómo César Milani se presentó el miércoles en Tribunales para declarar ante el juez Daniel Rafecas por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La hermana de Alberto Agapito Ledo, por cuyo secuestro y desaparición está denunciado Milani, está convencida de que la imagen del ex jefe del Ejército durante la última etapa del kirchnerismo pasando frente a un juez se repetirá próximamente.

Ledo cuestionó duramente al juez federal N°1, Daniel Bejas, y su desempeño durante los tres años que tuvo el caso. "Todo este tiempo nos negó a las víctimas el derecho a la verdad. Es una causa que tiene pruebas y testimonios que involucran a Milani”, expresó.

Afirmó que había pensado en denunciar a Bejas ante el Consejo de la Magistratura porque consideraba que no su actuación no se ajustaba a derecho.

"Tuvo una pésima actuación. Trató de favorecer a Milani con las dilaciones y al no indagarlo. También sabemos que hay tirantez entre él y el fiscal. Por otro lado, el personaje (por Milani) es fuerte y poderoso. Son muchos factores los que pesaron y no deberían haber pesado en la Justicia”, reflexionó.

En relación a Milani, consideró que pretende "limpiar su imagen” afirmando que es perseguido por haber sido una figura relacionada con el kirchnerismo. "Quiere hacerse pasar por víctima, pero los hechos son de hace más de 30 años. Tiene cuatro causas en La Rioja, además de la de Tucumán”, consignó. Aseguró que esperan que desde ahora el proceso se encauce: "es una causa casi terminada, falta citar a indagatoria a uno de los imputados y profundizar a otros responsables. Estamos seguros de que hay más gente que sabe lo que sucedió con él”, concluyó.

viernes, 26 de agosto de 2016

Revista desde la cárcel que reproduce el pensamiento de los presos por violaciones a los derechos humanos

La revista de los genocidas que festejó

Los represores firman con seudónimo y se declaran víctimas de la persecución del kirchnerismo. Usan la publicación para presionar prerrogativas como las domiciliarias. Un relato de los festejos por la derrota de “la viuda”.

 Por Alejandra Dandan

El domingo 27 de abril de 2014, los represores del Pabellón 5 del módulo “lesa humanidad” de Marcos Paz, conocidos como los duros, comenzaron a publicar Te cuento... La Semana. Es una furiosa revista digital que en dos años pasó de dos a catorce páginas y se presenta como la voz de los “presos políticos” de varias cárceles del país. Tiene cartas de lectores, la sección “Resistencia”, un chiste como editorial y fotos que aparecen en peligrosa clave de escarnio público. Lejos de parecer pobres ancianos al borde de la muerte, propulsan campañas contra los juicios y coordinan estrategias para obtener prerrogativas como las domiciliarias.

Las tapas son explícitas, temas como festejar la domiciliaria de Eduardo Rodolfo Cabanillas, un “instructivo para documentar y certificar martirios y muertes ilegales en prisión”, y una suerte de llamado a la huelga de hambre de los mayores de 70 años, para poder irse a casa. Pese a que se horrorizaron cuando Barack Obama visitó el Parque de la Memoria del brazo de Mauricio Macri, la revista festejó el cambio de gobierno con un título de tapa breve: “Esperanza”.
La redacción

Las firmas de la revista son conocidas, y cada nombre es seguido de la sigla PP, Preso Político. El director-editor firma “Profesor Carlos A. Sfulcini PP” y fue condenado en 2013 a veinte años de prisión en la causa Guerrieri II, que investigó 27 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 14 asesinados. El secretario de redacción y todo el “consejo de redacción” usa nombres falsos: JL Afgano PP, Alberto Eduardo PP, Charlie PP, Raúl Pucho PP. Y hay notas firmadas como Cronista PP o Brotweiller PP, ésta acompañada por la foto de un perrazo. Los artículos son firmados por “el doctor Gustavo Demarchi PP”, juzgado en Mar del Plata por crímenes de 1975; por “Alfredo Ignacio Astiz PP”; por Miguel Clements, juzgado en ESMA III; y, por el prolífico ex carapintada Víctor Gallo PP, condenado por la apropiación de Francisco Madariaga.

El 13 de diciembre, la revista festejó el recambio de gobierno. Eliminó de la portada un contador de números invertidos que estaba desde el primer número y puso “un sol por ahora de esperanza”. Cronista PP dio cuenta de los sucesos dentro del penal en la noche del 9 al 10 de diciembre: “Ya todo estaba en silencio siendo las 23:50. Los viejitos ya casi todos se habían guardado, los teléfonos raramente estaban casi desocupados y la televisión aún estaba encendida con pocos televidentes alrededor. Alguien duchándose tardíamente y de repente se escuchan algunos ruidos, golpes, pero no se había caído nada. Parecían hechos voluntariamente. Faltaban pocos minutos para las 00:00, hora en que la reina se convertiría en calabaza (…). Comenzó a sonar la señal de las 00:00 y el caos se desató. Como en aquellas épicas jornadas de 2001 en que las cacerolas se enseñorearon de las ciudades argentinas, todo elemento contundente sirvió para hacer sonar estentóreamente la descarga de tanto tiempo de bronca, como si la injusticia se cobrara con fuertes ruidos, palos de escoba contra los sonoros metales de las escaleras, las manos desnudas golpeando las puertas, tapas de cacerolas a modo de platillos musicales, sartenes contra sartenes, todo fue útil para la batucada de despedida, cualquier cosa que hiciera ruido servía, todo el pabellón en prendas menores haciendo su parte durante diez minutos mágicos. Hasta algún celador asustado escuchó el escándalo y se asomó imaginando algún motín septuagenario, que pronto entendió y se alejó entendiendo lo que pasaba”. Lo que pasaba era que a esa hora Cristina Fernández de Kirchner era despedida por una plaza repleta frente a la Casa de Gobierno. La ex presidenta es para la revista “la viuda” o la “viuda millonaria”.

De acuerdo a la información del propio portal, esta es una “revista de los `presos políticos` de Argentina al mundo. Este modesto semanario sale a la luz, con la sola pretensión de acercar a nuestros camaradas P.P., información que pueda sernos de interés y/o utilidad, para no sentirnos aislados del mundo exterior, y a la vez, llevar un mensaje de esperanza y algunas notas de humor, que hagan un poco más llevadera la vida.”

La revista tiene secciones, como el “directorial”, un editorial de su director, una sección de cartas de lectores con reproducciones de cartas publicadas en La Nación y de otras “todavía no publicadas”, varias secciones de opinión, una llamada Resistencia y las efemérides con muertos militares. Se publican horarios de misa y de confesionario, cine en el Penal y avisos de la proveeduría San Cayetano, ubicada frente al Complejo Penal II Marcos Paz con una publicitada caja de ahorro. En el final, con entretenimientos y consejos de salud aparece el “chiste”. En uno, hay dos presos y una rata como personajes.

–¿Qué estas cocinando Horacio?

–La última cena, Fede. Mañana los de más de 70 empezamos la huelga de hambre.

El chiste siempre termina con un comentario de la rata. En este caso: “A estos jueces prevaricadores, si no los amenazas con morirte, no te dan la domiciliaria”.

En estos meses de macrismo, se percibe un lobby de las excarcelaciones y domiciliarias, con entrevistas y consejos de abogados. Y una segunda línea más tenebrosa que camina a la reinvención del enemigo interno con juego de asociaciones entre kirchnerismo, militancia y atentados, en un contexto editorial que todo el tiempo mira a Siria y el eje Estados Unidos y Rusia disputando lo que llaman “tercera guerra mundial”.

Chiste: “¿Viste, Horacio, que en Mar del Plata le tiraron piedras a Macri?” “Sí, Fede. Porque no se animó a mentir con los 30.000 y osó decir ¡guerra sucia!”

Rata: La Hebe le mandó la orga, quiere que Mauricio le tenga miedo.
En campaña

La revista cambió después de las elecciones. Luego del ballottage, publicaron una tapa con la palabra “Amanece”. “Catorce días sin contacto con nuestros lectores, catorce días que el país vivió con mucha intensidad y nosotros con demasiada ansiedad”, señaló. “La niebla al fin se disipó y el horizonte se ve más claro. Sólo 11 días nos separan de otra Argentina, una Argentina que por ahora sólo conocemos por su envase pero que para nosotros los presos políticos aparece cargada de esperanza”.

Esta tapa, bien diferente a otras, según dijeron, la usaron “como un mensaje esperanzador”. Y escribieron un suerte de proclama política que con el paso del tiempo parece ir cumpliéndose: “Disfrutemos este primer momento, dejemos que el contador con el número 11, se muestre en 0, dejemos luego que el gobierno pueda atender la emergencia económica, que incluye también nuestros retiros y los haberes que reciben nuestras familias para sobrevivir, démosle los meses de gracia que todo nuevo gobierno espera sabiendo que ya no están manejando el tema quienes querían que estuviéramos en esta situación”.

Para enero, ya tenían la situación más en claro. La edición del 17 mostraba en la tapa la foto del secretario de derechos humanos Claudio Avruj abrazado a los integrantes del Centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas. “¡Los apropiadores de DDHH se retuercen!” titularon. “Las víctimas del terrorismo de Estado entraron a la ESMA”. El vínculo con el gobierno mostró cierta tensión cuando en el 27 de marzo publicaron espantados la imagen de Obama y Macri de recorrida por el Parque de la Memoria: “La moneda de cambio de la democracia. Políticamente incorrecto”.

La desbocada nota de “tapa” de Brottweiller PP dice que “la casa blanca confirmó un homenaje a las víctimas de la `guerra sucia`”. Y en línea con la editorial de La Nación, comparó a las víctimas de la dictadura con los autores de los atentados en Europa. Luego de preguntar si hay “un mundo que se puso al revés”, la misma edición criticó con fiereza al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la organización en la ciudad de Buenos Aires de “una noche por la memoria” en el marco de los 40 años del aniversario del golpe.

No es el caso del ministro de Justicia Germán Garavano, que aparece de modo amigable con reproducciones de notas que dicen que los detenidos de más de setenta años deben irse a su casa “según la ley”. En esa línea aparecen una serie de estrategias donde coordinan todo tipo acciones. Hay una entrevista al médico Mariano Castex sobre los derechos entre salud y domiciliarias, consejos de la Asociación Justicia y Concordia y un llamado a tomar “aquellos casos emblemáticos en cuanto a irregularidades y sacarlos a la luz”. También citan opciones como pedir “directamente la inconstitucionalidad de todo lo actuado y entrevistas personales con jueces de la cámara federal, casación, juzgados federales intentando contactos personales”. En un artículo del comisario retirado de la provincia de Buenos Aires “Claudio Kussman PP” hay un instructivo que convoca: “Guardemos fotos, documentación, videos, grabaciones sonoras, correspondencia postal y digital, recibos, certificaciones, etcétera” para documentar lo que llaman “exterminio”. Esa lógica a través de la cual buscan prerrogativas por “razones humanitarias” es una de estrategia para presentar reclamos internacionales.
En huelga

El 24 de julio los PP festejaron la salida de la cárcel de Cabanillas con una tapa. El jefe del centro clandestino Automotores Orletti era uno de los detenidos de mayor jerarquía. “¿Los jueces comienzan a cumplir con la ley?” se preguntaron. Cabanillas había iniciado una huelga de hambre días antes y escribió una carta que publicó la sección de carta de lectores de La Nación. Recibió muestras de adhesión de otros camaradas de armas que publicaron otras dos cartas en el mismo diario. En las vacaciones de invierno, la sala de feria de la Cámara de Casación Penal le otorgó finalmente la domiciliaria por edad, condiciones de salud y razones humanitarias, en un nuevo encuadre jurídico que entendió que podía irse a su casa aunque no estuviera en fase terminal como marcaba la jurisprudencia.

Bajo el título “Cabanillas rumbo a su casa”, un cronista escribió: “Bajo una lluvia de aplausos, sinceros palmeos en la espalda y el grito de Viva la patria”. Así “el general” Cabanillas “recorrió los últimos metros que separan las celdas de la puerta de salida de la UP 31. El hombre que hace unas semanas se preparó para irse a su casa o encaminarse a la tumba, recibió el mendrugo de lo que significa la prisión domiciliaria para un soldado a quien le han rapiñado sus derechos. El general fue retirado del Pabellón por personal de la División Traslados. Lo antecedía como siempre en estos casos la camilla que oficia de carretón en el que lleva sus efectos personales, algunos de los cuales dejó como recuerdo a sus camaradas de Pabellón”.

También se destacó una carta de lectores que decía “estimados señores sé del esfuerzo que pusieron para lograr la domiciliaria del señor general Cabanillas. Por lo tanto y con todo respeto les solicito desarrollar mi idea en la cual propongo que el mismo día a la misma hora, todos nuestros prisioneros y en forma coordinada y preestablecida inicien una huelga de hambre. Dos mil a la vez y con mucha fuerza, ya la edad es determinante cuando uno cree que está todo perdido. Les ruego lo analicen y que esto ocasionara un grave problema político si se muere alguien. Firma: My R Av. Mil FAA A J Sesin Toro 1”.

En esa misma edición, escribió el ex subcomisario de la policía bonaerense condenado por apropiación, José Félix Madrid, para “hacer saber a las autoridades que corresponden mi negación a ingerir alimentos y medicación hasta la hora de mi muerte o liberación inmediata”.

Y el chiste: “¿Viste Fede cómo vuelan los caranchos?” “Sí Horacio, debe haber un animal muerto en el campo”.

Rata: “¡Que va! Los caranchos se enteraron que los jueces están por firmar una domiciliaria”.

sábado, 20 de agosto de 2016

Militantes de derechos humanos de Catamarca denuncian amenazas - Comunicado de ex-presxs Mendoza

Fueron víctimas de llamados intimidatorios y distintas persecuciones. Ayer radicaron la denuncia.

Dos militantes y activistas por los derechos humanos de la provincia que también fueron testigos en juicios por delitos de lesa humanidad, denunciaron ayer ante la Justicia federal que fueron víctimas de distintas maniobras amenazantes e intimidatorias. Teniendo en cuenta otros hechos ocurridos en Tucumán, se dispuso que sean custodiadas.

Dos personas relacionadas con estas causas recibieron llamadas intimidatorias y fueron víctimas de persecuciones, contó el abogado Guillermo Díaz Martínez, quien se presentó como patrocinante de las mujeres en la denuncia que formalmente se radicó en la jornada de ayer.

Díaz Martínez explicó que "estos hechos se dieron en un contexto muy particular, porque primero supimos del atentado que sufrió Laura Figueroa, que es la abogada querellante de la familia Carreras. Ella estuvo presente en Belén por los actos que se realizaron por la entrega del cuerpo del joven que fue identificado por el EAAF, y al llegar a su domicilio en Tucumán se dio con que su casa había sido destrozada, descartando que se haya tratado de un robo”.

En la continuidad de su relato, Díaz Martínez explicó que "a eso se sumó una persecución que sufrieron familiares de desaparecidos que vinieron a Catamarca  a participar de los actos que se realizaron por la Masacre de Capilla del Rosario, y que cuando regresaban a su provincia fueron perseguidos por un vehículo  que finalmente los cruzó con claras intenciones de hacerlos volcar. Afortunadamente, sólo se salieron de la cinta asfáltica, pero estuvieron a punto de volcar”, indicó el referente de los derechos humanos.

"Una de ellas recibió llamados a su teléfono celular, los que venían siendo constantes desde hace un tiempo, pero que en las cercanías a estas fechas se hicieron aún más frecuentes. Por otro lado, otra de las compañeras el sábado, a las 6 de la mañana, fue perseguida hasta la Casa de la Memoria por un vehículo desconocido, que unos metros antes de llegar al lugar, tomó otro rumbo. Encontramos más que sospechoso que estos hechos se hayan registrado justo en estos momentos clave, por lo que fuimos a la Fiscalía Federal, donde se puso a nuestra disposición el fiscal Rafael Vehils Ruiz, y a través del jefe de la Policía, se dispuso custodia policial para las dos compañeras”, explicó.

"Este tipo de amenazas son preocupantes y generan temor, porque notamos una organización y planificación. No parecen ser hechos aislados”, manifestó Díaz Martínez, indicando que por estos momentos se reúnen pruebas y testimonios de los  episodios ocurridos a los militantes en estos últimos días

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE EX-PRESAS Y EX-PRESOS POLÍTICOS DE MENDOZA.

Mendoza, 15 de agosto de 2016.
Condenamos los ataques a la periodista Cynthia García; a la médica Virginia Creimer, quién dictaminó sobre la salud de Etchecolatz; y a Laura Figueroa, abogada querellante en los Juicios de Lesa Humanidad de Tucumán; familiares y militantes de derechos humanos que fueron testigos en juicios por delitos de lesa humanidad fueron víctimas de amenazas e intimidaciones. 

Desconocidos entraron al domicilio de la periodista Cynthia García lo destrozaron, robaron su computadora personal y dejaron un mensaje mafioso. Días antes el perro de la médica fue apuñalado y el cuchillo ensangrentado fue dejado en la puerta de su casa. Mientras transcurre el juicio sobre el Operativo Independencia, una patota de 6 personas entraron a la casa de Laura Figueroa destrozando el domicilio sin robar nada. Familiares de desaparecidos que fueron a Catamarca para participar de los homenajes  por la Masacre de Capilla del Rosario  cuando regresaban a su provincia fueron perseguidos por un vehículo que intentó hacerlos volcar.

El país no puede volver a ser víctima de bandas parapoliciales o paramilitares actuando impunemente.
Exigimos que el Estado tome medidas para proteger la integridad de abogados querellantes, fiscales, victimas, testigos y jueces en todo el país. Así mismo, responsabilizamos al Estado de cualquier daño que sufran dichas personas
Además, repudiamos los dichos del Presidente de la Nación negando la existencia criminal del Terrorismo de Estado en nuestro país e ignorando el genocidio llevado a cabo.
Adherimos al repudio de CAMIT Tucumán y nos solidarizamos con Cynthia García, Laura Figueroa y Virginia Craimer. También con los familiares y testigos que han sido víctimas de amenazas y de persecuciones poniendo en riesgo su vida, tal como lo denunció el abogado querellante.

sábado, 30 de julio de 2016

La causa penal sobre los bastonazos

El expediente judicial que se abrió por la represión policial contra estudiantes y docentes.

De los documentos judiciales se desprende que el ataque a la comunidad académica de la UBA, el 29 de julio de 1966, fue organizado y dirigido en persona por el general Mario Fonseca, entonces jefe de la Policía Federal. Pese a la denuncia del decano Rolando García y a los testimonios recabados, los acusados fueron sobreseídos.

 Por Guido Lichtman

La lectura de la causa penal iniciada hace cincuenta años con motivo de los incidentes registrados durante la llamada “Noche de los Bastones Largos” permite inferir que la sangrienta represión desplegada por la policía dentro de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires contra estudiantes y profesores formó parte de la “Operación Escarmiento”, urdida por el entonces jefe de la Policía Federal, el general Mario Adolfo Fonseca, una de las personas más influyentes del gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía.

El viernes 29 de julio de 1966 se había publicado el decreto-ley 16.912 por medio del cual Onganía anulaba el gobierno tripartito de la universidad y subordinaba al Ministerio de Educación de la Nación a las autoridades –rectores y decanos– de las ocho universidades nacionales, a quienes otorgaba 48 horas para aceptar su nombramiento como interventores.

Rolando García, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, cuya sede quedaba por entonces en la Manzana de la Luces, decidió rechazar la intimación, al igual que el resto de la comisión directiva.

Ese mismo día, cuando la intervención de la universidad era un secreto a voces, García les dijo a un grupo de estudiantes que lo iban a tener que “sacar a palos” del edificio de Exactas. Y así fue.

Aquella noche, bautizada luego como de Los Bastones Largos, la Guardia de Infantería de la Policía Federal ingresó y reprimió a alumnos y profesores en las facultades de Filosofía y Letras, de Ingeniería, de Arquitectura y, especialmente, de Ciencias Exactas.

En esta última facultad, el operativo contó con cinco carros de asalto, una autobomba y un centenar de agentes de Infantería. Los heridos por los bastonazos policiales fueron más de cien y hubo cerca de 150 estudiantes detenidos que fueron distribuidos en las comisarías 1ª, 2ª, 4ª y 22ª de la Capital Federal.

García, quien esa noche recibió palazos en la cabeza y al cual le fracturaron un dedo, estaba convencido de que el operativo en Exactas había sido liderado por el jefe de la Policía Federal en persona, el general Fonseca.

Días después de la represión, y con el patrocinio del abogado Carlos González Gartland, García se presentó como querellante en la causa penal iniciada a raíz de lo ocurrido en la Facultad de Exactas y acusó a Fonseca y a sus subordinados por los delitos de lesiones graves calificadas en razón de la alevosía y el ensañamiento empleados durante la represión policial.
Los paraguas asesinos

La denuncia tenía pocas probabilidades de prosperar y así se lo habían hecho saber a García diferentes abogados con los que consultó antes de llegar a González Gartland.

Antes de aceptar el pedido, González Gartland le dijo: “Usted está mal de la cabeza. ¿Hacerle un juicio a Fonseca, uno de los cuatro generales que dirigen el país? Usted está loco… pero, peor aún, se ha encontrado con otro loco: vamos a iniciarle juicio a Fonseca”.

La causa se radicó primero en el entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, a cargo de Jorge Alberto Aguirre, pero años más tarde pasó al Juzgado Criminal de Instrucción N° 12, de Raúl de los Santos.

Cuando presentaron la querella, González Gartland y García se encontraron con un acta inicial, firmada por el comisario Osvaldo Raúl Zotta, titular de la seccional 2ª, y según la cual el accionar policial parecía salido de un libro de cuentos.

Allí constaba que la policía había ingresado al edificio de Exactas, en Perú 222, porque desde el interior del edificio, que tenía sus puertas cerradas, se arrojaban pedazos de sillas y bancos, y se oían gritos de estudiantes que querían salir de la facultad.

Según el relato policial, al entrar en la casa de estudios y ser recibidos con proyectiles, los agentes no tuvieron más remedio que defenderse de las agresiones y arrojar gases lacrimógenos. En el acta consta que “algunos estudiantes esgrimían paraguas con los que castigaban al personal policial”.

Para el subcomisario Héctor David Marcos, “la defensa policial estaba en un plano de notoria desventaja con respecto a los estudiantes, por cuanto estos conocían las características del teatro del suceso”. Casi como decir que los policías enfrentaban al Vietcong.

De cualquier modo, según surgía del acta, a la policía le llevó tan solo 45 minutos “dominar la situación y restablecer el orden”. Se detuvo a los alumnos que “no cesaban en su actitud belicosa hacia el personal policial” y continuaban entregados a “sus depredaciones en el interior del edificio”.

En el expediente se dejaron asentados los daños supuestamente producidos por los estudiantes: muebles rotos, trozos de vidrio e incluso “un aparato telefónico tipo monofón negro completamente destrozado en su vaquelita (sic) dentro de la oficina de Vedelía” (sic).

Esa noche fueron detenidas más de 150 personas en las comisarías 2ª y 4ª, acusadas por “atentado, resistencia, desobediencia directa a la autoridad, lesiones y daños”.

Si bien unos de los comisarios reconoció que algunos estudiantes y directivos de la facultad presentaban heridas leves, no se pudo explicar “en qué circunstancias y cómo resultaron lesionados”. Por su lado, uno de los agentes afirmó que la punta de su sable se había roto al tener que utilizarla para “contener los golpes que le dirigían los estudiantes”.
Operación Escarmiento

Si la versión oficial obviaba cualquier mención a la represión policial y atribuía las lesiones de los estudiantes a un misterio inexplicable, la querella presentada por García era terminante: acusaba a Fonseca y demás funcionarios policiales por el delito de lesiones graves calificadas por su alevosía y ensañamiento, y en subsidio, del delito de vejaciones y apremios ilegales.

En su denuncia, García explicaba que, terminada la reunión de la comisión directiva que analizaba la situación de la universidad, unos estudiantes le avisaron que fuera del edificio se encontraba la policía, que había dado por megáfono la orden de desalojo, pero el decano no salió porque esperaba la notificación oficial que nunca se produjo.

En su lugar llegaron los gases lacrimógenos que obligaron a los estudiantes y profesores a salir al patio. Allí, las fuerzas policiales, gritando e insultando, les ordenaron salir con los brazos en alto. Según el escrito de García, los policías “semejaban una horda bárbara al asalto de un templo”.

El decano se presentó frente a un oficial, a quien le dijo que el despliegue de fuerza era innecesario, pero por toda respuesta obtuvo un garrotazo en la cabeza.

Luego se ordenó a los universitarios colocarse de frente a la pared del patio, mientras “les aplicaban fuertes palazos en la región lumbar, en la espalda, en estado de indefensión”.

Para salir del edificio los obligaron a pasar por el medio de una doble hilera de policías, donde docentes y estudiantes fueron apaleados. García mismo recibió varios golpes en la cabeza y, al querer defenderse con sus manos, un bastonazo le quebró el dedo meñique de su mano derecha.

Ya en el exterior de la facultad, el decano observó que, desde un auto, un hombre impartía órdenes a los policías. Al consultar con uno de los oficiales, éste le comentó que dentro del vehículo estaba “el general de brigada Mario Fonseca, jefe de la Policía Federal”, que estaba a cargo del operativo.

García afirmó que llegó incluso a escuchar el nombre que le habían puesto al procedimiento, Operativo Escarmiento, y que según él había sido “minuciosamente preparado e instrumentado para castigar la pacífica rebeldía de los científicos argentinos”. Más adelante, también sostuvo que el fin del procedimiento era “vejar y apalear al personal docente, auxiliar, directivo y a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales”.

En una entrevista concedida con motivo de los 30 años de la Noche de los Bastones Largos, el decano había especulado con que la “Operación Escarmiento” constituía la venganza de los militares por la “agresión” que habían sufrido el 19 de octubre de 1965, en un acto frente al monumento al general Roca sobre Diagonal Sur y Perú, cuando los estudiantes de Exactas arrojaron monedas de un peso y cincuenta centavos desde la terraza de la facultad contra los funcionarios presentes, entre ellos el general Onganía, por entonces jefe del Ejército.
El amigo americano

Warren Ambrose era un profesor estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que estaba de visita en la Argentina y que se encontraba en la facultad de Exactas la Noche de los Bastones Largos.

A raíz de lo que presenció ese día, escribió una carta que luego fue publicada por el New York Times, en la que criticaba al gobierno de Onganía y en la que pedía a los lectores del diario que enviaran cartas de protesta al gobierno argentino.

Sin necesidad de un traductor, Ambrose declaró en la causa penal, donde explicó que una vez terminada la reunión de la comisión directiva había decidido permanecer en el edificio “para ver qué pasaba”, aunque aclaró que en ningún momento se había comentado la posibilidad de resistir a la intervención policial.

Según el profesor norteamericano, “el personal policial comenzó a golpear a las distintas personas que se encontraban en el lugar, a pesar de que no oponían resistencia”. Una vez en el patio y de cara a la pared, “si alguna persona bajaba los brazos era nuevamente golpeada”.

Ambrose detalló que, al formarse la doble hilera de policías, “se hacía salir a cada uno de los detenidos espaciadamente, de manera que no se acercaran mucho a la persona que iba adelante, de modo de posibilitar a los policías el golpearlos efectivamente”.

En ese pasillo, Ambrose recibió golpes en la cabeza, cintura y espalda, por lo que al momento de su declaración los hematomas eran todavía visibles, tal como consta en el acta judicial.
La sombra de Fonseca

Si bien el general Fonseca nunca fue llamado a declarar, su presencia en las inmediaciones de la Facultad de Exactas fue probada en la causa penal a través de diferentes testimonios.

Así, el comisario Zotta admitió que el jefe de Policía había estado en el lugar en “algún momento de la noche” y presumía que lo había hecho “para enterarse de las novedades”.

Por su parte, el subcomisario Marcos declaró que al salir de la facultad vio un coche particular en la esquina de Perú y Diagonal Sur, donde se encontraba el general Fonseca junto a dos comisarios inspectores que le informaban lo ocurrido.

Uno de esos comisarios, Anzulovic, sostuvo luego que Fonseca sólo había hecho una “pasada” por el lugar cuando la policía ingresaba en la facultad y que había regresado más tarde cuando los universitarios “estaban siendo sacados de la casa y derivados a la comisaría”.

La presencia de Fonseca en los alrededores de Exactas fue corroborada también por dos profesoras de Filosofía y Letras que se encontraban cerca del monumento a Roca en el momento del operativo. Una de ellas, Manuela Amanda Tauber de Albertotti, refirió que un policía le había comentado que era un procedimiento “importante” que era dirigido “personalmente por el señor jefe, el general Fonseca”. Incluso declaró que había visto a Fonseca en la rotonda del monumento, “rodeado de policías que permanentemente lo consultaban” por lo que “era absolutamente evidente que nada se hacía en el lugar sin consulta previa al general Fonseca, quien efectivamente dirigía en forma personal el procedimiento”.

Una colega que estaba a su lado, Noemí Fiorito de Labrune, afirmó en el expediente que un policía les había dicho que el operativo lo dirigía personalmente Fonseca, a quien pudo ver desplazándose dos o tres veces hacia la puerta de la facultad y dar órdenes, por lo cual concluyó que el jefe de Policía “efectivamente dirigía la operación”.

Incluso dos periodistas del diario La Nación que cubrieron el hecho prestaron testimonio en el sentido de que esa noche oyeron que Fonseca había estado en las inmediaciones de la Facultad, aunque no habían podido verlo.
Sobreseimiento provisional

En 1968, dos años después de iniciada la causa, el juez federal Jorge Aguirre resolvió no hacer lugar al pedido de procesamiento de Fonseca y remitir las actuaciones a la Justicia ordinaria.

A criterio del magistrado, en el expediente se presentaban dos versiones de los hechos. Una “policial”, según la cual los agentes se limitaron a repeler la agresión de los estudiantes, y otra “universitaria” en la que se describía la inusitada violencia empleada por las fuerzas del orden.

El juez admitió que, si bien existían elementos para procesar al menos a dos funcionarios policiales (el comisario Zotta y el subcomisario Marcos), no se justificaba la competencia federal del caso por no existir pruebas para procesar al jefe de la Policía.

En la misma resolución desestimó los testimonios de las profesoras de Filosofía que habían declarado haber visto a Fonseca impartiendo órdenes, por considerarlos “meras conjeturas”. Asimismo, consideró que lo manifestado por los periodistas de La Nación acreditaba que Fonseca recién había llegado al lugar cuando el procedimiento ya había terminado.

Es curioso que el magistrado descartara los testimonios directos de las profesoras como “meras conjeturas”, mientras le daba plena validez a la declaración de los periodistas que habían admitido no haber visto a Fonseca.

La resolución fue apelada por García, pero la Cámara Federal confirmó la declaración de incompetencia aunque exhortó al juez a resolver la situación procesal de Fonseca.

Por tal motivo, a las pocas semanas Aguirre declaró el sobreseimiento provisional del jefe de Policía por “ausencia de elementos procesales de juicio y por no resultar suficiente la sola responsabilidad funcional” que le imputara la querella y según la cual Fonseca era culpable por haber actuado por omisión, al no haber impedido que las fuerzas policiales reprimieran violentamente a docentes y estudiantes.

Si bien el sobreseimiento provisional implicaba que Fonseca podía seguir siendo investigado y se contraponía a la opinión del fiscal que había solicitado el sobreseimiento definitivo, en los hechos la resolución del juez implicaba el fin de la causa contra el jefe de la Policía.
A la Justicia ordinaria

La causa pasó al Juzgado Criminal de Instrucción n° 12 para investigar a los demás policías, pero en julio de 1970 el juez decidió sobreseer provisionalmente “la causa” por entender que no se había podido establecer quién había tenido “la iniciativa en la agresión desencadenada” y dado que los hechos se habían desenvuelto “en un clima de total confusión, en recintos de escasa iluminación y con gran número de participantes”.

Así fue cómo la “Operación Escarmiento” del general Fonseca quedó impune mientras centenares de científicos tuvieron que emigrar del país en busca de mejores destinos.

jueves, 21 de julio de 2016

Desaparecen las huellas de los asesinos de una madre de Plaza de Mayo en Madrid

Noemí Gianotti de Molfino fue asesinada por un comando de la dictadura argentina hace 36 años. Sus asesinos dejaron una serie de pruebas de gran valor judicial que no figuran en la causa. Una investigación realizada por PÚBLICO apunta al Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid y a la Audiencia Nacional, lugares por donde pasó la documentación.
Noemí Gianotti de Molfino, la madre argentina asesinada en Madrid.
 
DANILO ALBIN


MADRID.- Julio no es un buen mes en casa de los Molfino, una familia argentina que fue brutalmente golpeada por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El día 21 de este mes se cumplen 31 años del asesinato en Madrid de Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos que luchaba contra el horror… Hasta que el horror cayó sobre ella. Tres décadas después, sus asesinos siguen beneficiándose de la misma impunidad que entonces: según ha podido confirmar Público, las huellas que dejaron en la escena del crimen han desaparecido. No están. O alguien quiere que no estén.

Ya sea en los duros años setenta o en pleno siglo XXI, la historia de los Molfino es la historia de la lucha contra la impunidad. Marcela, una de las hijas de Noemí, fue secuestrada junto a su marido, Guillermo Amarilla, el 17 de octubre de 1979, poco después de que regresaran al país tras haber estado algo más de un año en París. Cuando los verdugos enviados por el Ejército les arrancaron de su casa, la joven estaba embarazada del que sería su cuarto hijo. Nadie lo sabía. Ni siquiera ella, que se enteró de la noticia cuando ya estaba en manos de los militares y no podía compartirlo con su pareja.

Todo indica que Guillermo murió antes que Marcela. ¿El motivo? Al igual que en otros tantos casos, la dictadura esperó que diese a luz, luego le quitó a su hijo recién nacido y entonces sí la mató. Quizás la hayan tirado de un avión. O quizás la fusilaron al borde de su propia fosa. Solo sus verdugos, que hoy podrían seguir vivos, lo saben. Lo único que está claro es que el niño fue entregado a un funcionario del Batallón 601 del Ejército y su mujer, quienes se hicieron pasar por sus padres biológicos y lo anotaron con el nombre de “Martín”. El joven –que hoy se llama Guillermo Amarilla Molfino- recuperó su identidad gracias a la lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Mamá coraje

Vuelta al infierno de finales de los setenta. Mientras Marcela y Guillermo engrosaban la larga lista de desaparecidos, su madre pasó a formar parte de ese grupo de mujeres valientes que buscaban a sus hijas e hijos. Noemí –que había quedado viuda varios años antes- no dudó en recorrer varias oficinas de organismos internacionales para pedir auxilio. Tenía motivos de sobra: otro de sus hijos, Miguel Ángel, se encontraba preso en una de las cárceles legales del régimen, a la que había llegado tras sobrevivir a las torturas más crueles que la mente humana pueda imaginar.

Esta “madre coraje” llegó incluso a la sede de la ONU en Ginebra, donde compareció ante la Comisión de Derechos Humanos. Su voz empezó a molestar a la dictadura, que por entonces –primeros meses de 1980- realizaba una intensa campaña internacional para tratar de limpiar su imagen. Por esas mismas fechas, España ya era un aliado incondicional del régimen: tal como reveló Público, el gobierno de Adolfo Suárez concedió préstamos millonarios a la Junta Militar, además de mostrarle su apoyo en diferentes organismos internacionales. No en vano, España fue el primer país que reconoció oficialmente a los golpistas.

En ese marco, la Reina Sofía viajó a Argentina en junio de 1980 para participar en los actos por el 400 aniversario de la fundación de Buenos Aires. Mientras ella ofrecía una recepción en la embajada española con la participación de varios uniformados, un comando de la dictadura ponía fin a las denuncias de Noemí Gianotti de Molfino contra la dictadura. La mujer fue secuestrada en Lima (Perú), donde por entonces estaba afincada Noemí junto a Gustavo, uno de sus hijos. En el operativo también fueron secuestrados otros tres ciudadanos argentinos que se encontraban en esa misma ciudad, mientras que Gustavo, que por entonces tenía 18 años, logró salvar su vida gracias a que en ese momento se encontraba fuera del hogar.

El caso tuvo una amplia repercusión internacional. En España, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) denunció públicamente los secuestros y advirtió sobre la escalada represiva del régimen más allá de sus fronteras. Aquello fue un preludio de lo que estaba por venir: 36 días después de su secuestro en Lima, Noemí Gianotti de Molfino llegaba a Madrid en el vuelo 742 de Varig, procedente de Sao Paulo, Brasil. Viajaba acompañada por dos hombres que, según contaría posteriormente una azafata, no la dejaban ni ir sola al baño. En el aeropuerto de Barajas eran aguardados por otros dos individuos que un par de días antes habían alquilado una habitación en el aparthotel situado en el número 37 de la calle Tutor. Los dos agentes introdujeron a Noemí por la zona de la cafetería, evitando así que el personal de recepción notase su presencia. Poco después pidieron un pollo al chilindrón, pan y vino blanco. Esa misma tarde, la madre argentina fue envenenada por sus captores.

Una vez consumado el crimen, los enviados de Videla colgaron el cartel de “No molestar”, invirtieron algunas horas en limpiar minuciosamente las huellas y abandonaron al lugar. Antes de irse, aquellos misteriosos individuos colocaron sobre la mesa de noche varios pasaportes falsos, con el objetivo de pintar el crimen como un “ajuste de cuentas” entre miembros del grupo armado Montoneros. Uno de los documentos llevaba la foto de Noemí, pero estaba a nombre de una desconocida María del Carmen Sáenz. Sobre la misma mesilla colocaron un ejemplar de Diario 16 en el que podía leerse un sugerente titular: “Los terroristas muertos eran de un comando legal”, decía la noticia principal, en referencia a un operativo contra ETA que se había realizado esa misma semana.

Tres días más tarde, cuando la empleada de la limpieza hizo de tripas corazón y abrió la puerta de la habitación 604, el cadáver de Noemí estaba tan hinchado que resultaba irreconocible. Sus asesinos habían cubierto el cuerpo con una manta, lo que facilitaría su rápida descomposición y, de paso, borraría de su organismo cualquier rastro del veneno suministrado. También intentaron eliminar cualquier rastro que pudiese identificarlos, pero no lo consiguieron: tras revisar el lugar, los efectivos de la Policía Judicial de Madrid hallaron dos huellas en un vaso que se encontraba en el lavabo, así como cinco colillas de cigarros que habían quedado en un plato del salón. De ahí bajaron al aparcamiento, donde permanecía el coche alquilado en el aeropuerto por los verdugos. Los policías madrileños buscaron más huellas, y las encontraron en un espejo del quitasol y en un paquete de tabaco de la marca “Benson and Hedges” que habían dejado sobre la bandeja del salpicadero.

De acuerdo a la documentación obtenida por Público, estas huellas sólo fueron cotejadas con la base de datos dactiloscópica de España, donde no dieron resultados positivos. En Argentina, lugar desde el que habían partido los agentes, jamás se comprobaron. El 20 de noviembre de 1980 -coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte de Franco- el juez encargado de este caso, Luis Lerga, decretó ese día el cierre de las investigaciones.
Misteriosa pérdida
31 años después, el destino de esas valiosas pruebas sigue siendo un auténtico enigma. Tras las denuncias formuladas en el documental No me olvides. El año que Videla mató en Madrid en torno a la ausencia de una investigación seria sobre las huellas, los familiares de Noemí consiguieron que el juzgado especial de delitos de lesa humanidad ubicado en San Martín (Buenos Aires) solicitase a España el envío de la causa judicial. Actualmente, este caso forma parte de la causa denominada “Contraofensiva”, que incluye otros 85 casos de asesinatos cometidos por la dictadura en Argentina, Brasil y Perú.

La solicitud de la causa judicial fue tramitada por la jueza argentina Alicia Vence a través del ministerio de Exteriores de ese país. Sin embargo, no valió de nada: fuentes próximas a la familia Molfino han confirmado a Público que en la documentación remitida por los tribunales españoles “no están las huellas”.

De manera paralela, este periódico comprobó ese mismo extremo en el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) de Buenos Aires, donde existe otra copia de la causa judicial. Tras revisar la voluminosa documentación judicial, Público ha confirmado que las huellas tampoco figuran en esta copia, entregada al ministerio de Justicia argentino en enero de 1999 por el Consulado General de ese país en Madrid, bajo el sello de “reservado”. Otro detalle importante: en esta documentación faltan algunos folios, que fueron omitidos sin ningún tipo de explicación.

Los misterios no terminan ahí. En el marco de una larga investigación periodística, el autor de este artículo accedió en enero de 2013 a las diligencias realizadas a finales de los noventa por el juez Baltasar Garzón, quien por entonces tramitaba una querella contra la cúpula militar argentina por crímenes de lesa humanidad. El denominado “caso Molfino” fue incluido en aquella causa a petición de los familiares de la víctima, por lo que todas las pruebas recabadas en 1980 –incluyendo las huellas- deberían haber sido enviadas a ese juzgado. Sin embargo, allí tampoco aparecieron.

Curiosamente, algunos días antes de que la Audiencia Nacional permitiese el acceso a esta documentación, una funcionaria identificada como “Laura” –en el formulario localizado por este periodista no aparecía su apellido- solicitó de manera “urgente” las piezas documentales 125 y 147 de esa misma causa, por lo que finalmente no pudieron ser consultadas por el responsable de esta crónica. Nunca fue posible establecer el contenido de esas carpetas. 36 años después del asesinato de Noemí, su historia sigue teniendo el mismo título: impunidad.