martes, 5 de diciembre de 2017

El gobierno impulsa dar domiciliarias a 110 genocidas

la retaguardia




No hay descanso para la lucha por Memoria Verdad y Justicia. Apenas terminada la lectura del veredicto en el juicio más grande de la historia judicial y política del país, el tercer tramo de ESMA, La Retaguardia accedió a un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. Entre ellos están el Tigre Acosta (chacal de la ESMA), Miguel Etchecolatz (sospechado de la segunda desaparición de Jorge Julio López), Héctor Vergez (asesino serial en La Perla, Córdoba) y el cura Christian Von Wernich (genocida que oficia misas en Marcos Paz), entre otros condenados en todo el país. Ahora deberá resolver cada juzgado. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)

El 3 de noviembre publicamos una nota acerca del informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad que dirige Jorge Auat. Allí queda expuesto que del total de 1064 personas presas por delitos de lesa humanidad, más de la mitad, 533, ya estaban en prisión domiciliaria a fines de octubre. Todo indica que, en silencio y a cuentagotas, la idea de que los genocidas no estuvieran en cárceles comunes se fue llevando adelante. Ahora parece que la intención es abrir la canilla.
La Retaguardia accedió a varios listados en los que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sugiere a juzgados de todo el país que incluyan en un plan de acceso a libertad morigerada con el uso de tobilleras electrónicas a 1499 personas, entre ellas 110 genocidas.
La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43.Citamos un tramo: "Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial". Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 "las condiciones infrahumanas" en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes.
En la acordada citada, la CSJN intima al (SPF) a resolver el problema de la Unidad 28. En una nota enviada a cada tribunal, el SPF recomienda una solución súper progresista: "Por lo que, en respuesta al requerimiento efectuado, esta instancia cumple en informar que de acuerdo con las disposiciones del 'Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera eleótrónica)' desde esta Instancia se le hizo saber mediante atenta Nota de estilo a los jueces naturales, sobre los internos que reunirían las condiciones requeridas para su incorporación al citado protocolo". Es decir, sugiere liberar de las penosas condiciones de detención a casi 1500 personas. Hasta aquí, maravilloso; solo cabría preguntar por qué tardaron tanto. Pero al recorrer las listas, todo toma otra dimensión.
En los listados hay 7 mujeres embarazadas, 25 internas alojadas con sus hijas/os, 357 mujeres con hijos/as de hasta 10 años, 82 internos con discapacidades, 2 con patologías terminales, 3 con pronóstico reservado, 974 internos que cumplieron el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, 49 internos comunes mayores de 70 años y los 110 internos de lesa humanidad mayores de 70 años, cuya lista publicamos. Es una decisión acertada, un avance enorme para el resto de los presos y presas comunes, pero no para genocidas multivioladores y asesinos seriales.



Tobilleras para todos y todas (sobre todo para genocidas)

Más allá de que seguramente alguien está haciendo un gran negocio proveyendo las tobilleras electrónicas, no es tendencioso pensar que el objetivo central de la movida sea meter a los genocidas en el paquete garantista. Tomemos para el caso unas declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, realizadas a partir de la filtración de un video en el que Elisa Carrió dice que habría que revisar los juicios. El 30 de octubre, 11 días antes de que el SPF remita las sugerencias a los juzgados, en diálogo con Ernesto Tenenbaum y Gustavo Grabia en Radio Con Vos, Garavano dijo: "Desmiento que haya un proyecto de alcance general para revisar los juicios. Sí tenemos un problema de personas muy mayores en cárceles donde nosotros creemos que podría funcionar con una prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria está funcionando muy bien con dispositivos electrónicos que van en los tobillos de las personas. Acá se está usando muy poco este dispositivo que en otros países funciona muy bien. (...) Ya le presentamos esto a la Corte y a una comisión que dirige el juez Gustavo Hornos". El camarista Hornos dirige una comisión de cárceles. Allí aparece al desnudo la estrategia oficial. La preocupación no son los presos comunes sino los genocidas, que no están en situaciones de hacinamiento porque tienen pabellones especiales. Todas las fuentes judiciales que consultó La Retaguardia para esta nota, han coincidido en ese punto central: los genocidas no están hacinados en las cárceles; la población común, sí. Por lo tanto no habría razón alguna para que los manden a sus casas con tobilleras bajo ese pretexto. En todo caso, y de paso vale que lo aclaremos, es una noticia más que positiva para las otras personas, ya que la idea de la tobillera electrónica parece ser un gran recurso para garantizar lo que el Patronato de Liberados, a cargo de monitorear las prisiones morigeradas, en general ha hecho mal. Pero la necesidad urgente de Garavano expresa una razón, más que humana o de derecho, política: el gobierno niega que quiera terminar los juicios, pero aun si fuera cierto que no pretende colocarles un punto final, quiere a los genocidas fuera de la cárcel, en sus casas, como bien explicó el ministro.



La excusa de ser justos

En la misma entrevista le preguntaron si que sean delitos de lesa humanidad anula el acceso al benficio. Garavano respondió con contundencia: "No, para nada. es un beneficio del régimen penitenciario que establece el código penal. En Argentina, por lesa humanidad, se agregó una doctrina judicial al código penal que en caso de lesa humanidad se agregó el tema de salud como requisito como si fueran dos requisitos juntos. El año pasado se extendió el beneficio de domiciliaria a todo el país. Hasta acá se aplicaba en Buenos Aires y era un tratamiento VIP, tipo Jinkis", dijo, en alusión a la familia de empresarios incluidos en el FIFAgate. Le sugieren que para la sociedad no es lo mismo un delincuente común que Etchecolatz y él responde: "Permítanme. Yo no tengo ninguna simpatía (se supone que por Etchecolatz) y resuelve cada juez, pero es muy complicado que el derecho penal se aplique por nombres. No importa que hayan cometido los delitos más aberrantes". Todo indica que el gobierno quiere aplicar un plan para descomprimir el problema de las cárceles para poder meter a los genocidas en el combo. El ministro tira una explicación que hasta parece justa: no puede aplicarse el código penal por nombres. Más allá de que parecería ser precisamente lo que está haciendo la justicia ahora (focalizar en causas contra funcionarios/as del gobierno anterior), por sentido común, sí deberían aplicarse (o no) algunos derechos del codigo penal según la gravedad del delito. No es lo mismo una mujer embarazada, incluso si hubiera matado a una persona, que el Tigre Jorge Eduardo Acosta, que comandó la ESMA, el Auschwitz argentino, por el que pasaron cerca de 5000 personas. La domiciliaria es un beneficio al que se puede acceder, pero no es una obligación de los juzgados concederlo. Y eso queda más que claro porque en algunos casos se aplicó y en otros se rechazó, según la mirada de cada juez/a.
Al cierre de esta nota, las querellas de la megacausa ESMA se estarían notificando de que todas las personas que recibieron penas bajas en el veredicto de la semana pasada, se irían a sus casas con sus tobilleras puestas.
Es probable que el gobierno no haga nada para obstaculizar la continuidad de los juicios, pero si avala que un genocida como Acosta, que acaba de recibir la semana pasada su segunda condena a prisión perpetua, se vaya a su casa, les estará quitando una parte importante de su valor simbólico y real. Hasta el mismo SPF diferencia a los genocidas mayores de 70 años de los presos comunes. Lo pone en esos términos: presos comunes y de lesa humanidad. Son dos listados diferentes. No son lo mismo. Para nadie. Para el gobierno tampoco. Quizá justamente por eso algunos funcionarios los quieren en sus casas.

Unas sospechas que no se disipan

La declaración de los gendarmes involucrados en la represión que terminó con la muerte de Maldonado
La investigación judicial por la muerte de Santiago Maldonado suma fojas. Una de las gendarmes confirmó la presencia del funcionario Noceti el día de los hechos. Un mapuche reveló otro rastro detectado por uno de los perros.

Por Adriana Meyer

El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas.
El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas. 

La investigación judicial por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado suma fojas y avanza, no con el ritmo ni en el sentido que desearían los familiares del joven mochilero pero tampoco se disiparon, como pretende el Gobierno, las sospechas sobre la Gendarmería y los propios funcionarios de Cambiemos. De hecho, la semana pasada, durante la ronda de declaraciones testimoniales, la gendarme Romina Gisel Voelkli admitió que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti estuvo en el lugar de los hechos. Además, uno de los mapuches que participó del rastrillaje del río Chubut cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago afirmó que minuto antes uno de los perros que participaban del operativo detectó un rastro humano en la orilla de enfrente. En tanto, la justicia se dispone a volver al lugar del hallazgo donde quedaron pendientes varias medidas de prueba tales como la toma de muestras de agua y peritajes de agrimensura. 

Recusaron a un camarista

Interrogada en el juzgado federal de Esquel, la gendarme Voelkli dijo que llegó a la Lof en Resistencia de Cushamen en 31 de julio cerca de las 16, que pasó la noche allí “como voluntaria en el cruce de la ruta 15 y la 40 porque estaban con el tema de tirar piedras, problema de los mapuches con los gendarmes”. Miembro del escuadrón 35 de El Bolsón, la testigo participó de la detención sobre la ruta, ya durante la mañana del 1 de agosto, de Soraya Maicoño, Neri Garay y Nicolás Hernández cuando salían del territorio recuperado para informar sobre la represión pero no pudieron hacerlo porque quedaron seis horas allí incomunicados con sus celulares secuestrados. “Se encontró un par de folletos que se reparten en las protestas, como golpes de Estado diría yo, en contra del gobierno por decirlo así”, expresó la gendarme. Preguntada por la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, si mientras hizo ese procedimiento vio al señor Pablo Noceti, respondió que sí. “En un momento sí, no sabía quién era, supuse que era importante porque venía en un vehículo oficial y pasó hacia el otro procedimiento que estaba en la parte de la tranquera, después volvió, bajó del auto y les preguntó si estaban bien y en qué situación estaban los ocupantes del auto (de los mapuches detenido allí sobre la ruta)”, respondió. Agregó que “se enteró de quién era luego por el noticiero donde mostraron su imagen”. 

El gobierno en principio había negado la presencia del funcionario de Patricia Bullrich, luego lo admitió pero dijo que sólo pasó a saludar, hasta que PáginaI12 detectó que estuvo en el lugar cerca del mediodía del 1 de agosto, y volvió a pasar cerca de las seis de la tarde. Los peritajes del celular de Noceti solicitados en la causa hace meses por la Procuración de Violencia Institucional para que sus llamadas sean cruzadas con las de los gendarmes y con las del ex juez del caso, Guido Otranto, son de las tantas medidas que siguen pendientes. Noceti habría dicho en su despacho a los gritos que antes de entregar su teléfono a la justicia prefería romperlo, según publicó el periodista Ricardo Ragendorfer.

Entre las otras tres gendarmes que declararon estuvo Yanina Saldaño, encargada de la toma de imágenes, quien dijo no haber hecho nunca un curso de fotografía, y que la cámara oficial estuvo también en manos del sargento Orlando Yucra, quien sacó fotos al gendarme herido Emmanuel Echazú. “En un momento, cuando una piedra pasa cerca de mi cabeza y por no tener indumentaria de protección dejé de filmar porque me asusté”, fue la explicación de Saldaño sobre las incompletas filmaciones de la Gendarmería. Luego relató que ella también fotografió a Echazú, “que estaba cerca del río”. En coincidencia con los relatos mapuches, Saldaño dijo que el camión Eurocargo estuvo todo el tiempo en el predio, junto a una camioneta blanca, y otra camioneta que ingresaba y salía.

El perro Milo 
El cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado por un buzo de la Prefectura Naval, con la intervención de perros entrenados en la detección de restos cadavéricos que reaccionan ante la presencia de dióxido de carbono en el agua. Mientras los bomberos voluntarios que los acompañaban en aquel rastrillaje se adjudicaron el logro, fuentes de la causa afirmaron que el mérito fue del suboficial Rodolfo Altamirano. Lo que no se sabía, y quedó revelado en la causa es, que poco antes del hallazgo uno de los perros marcó un rastro humano a unos 300 metros de ese lugar. Así lo relató en su declaración testimonial Fernando Jones Huala, una de las personas que acompañó al equipo de 22 prefectos y policías durante el operativo del 17 de octubre en la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen. “Fuimos caminando río abajo y transcurridos 400 0 500 metros aproximadamente, (el bombero Alfredo) Roncoroni se me acercó y me dijo: ‘Fernando, los perros están marcando rastros’”, sostuvo uno de los seis hermanos Jones Huala.

La fiscal María Guadalupe Gómez, que reemplaza a Silvina Avila, le preguntó si sabía qué tipo de rastros seguía el perro. “Al principio, cuando Roncoroni nos explicó cómo íbamos a trabajar, nos dijo que buscaba rastros de personas muertas. Pero en el momento en que me dice que el perro (Milo) estaba marcando un rastro de personas, me dijo que depende de lo que encuentre tiene una forma de marcar qué tipo de olor encuentra. Gómez quiso saber por qué no siguieron el rastro, a lo que Jones Huala respondió: “No sé, el que dirigía el trabajo era Roncoroni”. El lugar de esa marcación fue a unos 300 metros del sitio donde poco después fue encontrado el cuerpo de Maldonado. Tras la declaración de Jones Huala, en un grupo de los investigadores quedó la sospecha de que los perros captaron el olor de Santiago porque su cuerpo pasó por esa zona, lo que habilitaría la posibilidad de que haya sido arrojado río arriba el mismo día que desapareció. 

Según la reconstrucción realizada por Agencia Cadena del Sur, los gendarmes que llegaron al río no hicieron mención de Echazú, y tuvieron varias contradicciones entre lo que declararon ante Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, y sus dichos en la justicia. No está claro aún cuántas veces disparó al río Darío Zoilán, a quién arrojó las piedras Neri Robledo, por qué hubo dos gendarmes que quisieron meterse al río y recibieron la orden de no hacerlo y qué papel jugó Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel, que observaba todo desde la pendiente.

Santiago y Rafael
La semana pasada también declaró el docente Eduardo Pastorini, quien acudió el 1º a solidarizarse por la represión pero negó haber estado el 31. “Salieron dos artículos en el diario Clarín con noticias absolutamente falsas, me indicaban a mí diciendo que era una de las personas que estaba ahí, pero es falso, el 31 fue lunes y estaba cursando en el profesorado”, declaró. 

De las testimoniales sigue participando el abogado Lionel Castro, que en teoría representa a Echazú, pero este gendarme no está formalmente imputado sino que logró ser tomado como parte mediante una presentación espontánea que hizo cuando trascendió que la justicia pretendía establecer el origen de las heridas que recibió aquel día. 

A cuatro meses de la desaparición de Santiago, aunque fue confirmado por los peritos de partes que murió por asfixia por sumersión en el río, por hipotermia, y que su cuerpo no habría salido durante casi 80 días del agua, el informe final de la autopsia aún no fue firmado ni entregado a las querellas. La familia requirió el peritaje de los elementos encontrados en los bolsillos de su pantalón, el juez hizo lugar pero aún no hay resultados.

viernes, 24 de noviembre de 2017

Los asesinos que “podían no saber”

 La Cámara Federal liberó a ocho policías acusados de crímenes de lesa humanidad

Los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron los procesamientos de los acusados pero señalaron que podían desconocer que estaban cumpliendo una orden ilegal. Se trata de policías que participaron en operativos que terminaron en asesinatos.

Por Alejandra Dandan

(imagen : Los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.)

Primero fueron las absoluciones en Catamarca por el regreso de la teoría de los excesos. Luego llegaron las del Operativo Independencia por el “error de prohibición” que exculpó a militares por el decreto de aniquilamiento vigente antes del golpe. Ahora, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia despierta un nuevo estado de alerta. Los mismos jueces que negaron la excarcelación de Julio De Vido ordenaron la libertad de ocho policías de Coordinación Federal y Seguridad Metropolitana procesados por haber cometido los crímenes más aberrantes entre 1976 y 1977. Para hacerlo, cambiaron la jurisprudencia de las causas de lesa humanidad. Uno de los argumentos dice que los policías pudieron no saber que iban a cometer los hechos, una línea que parece alentar la vuelta de la obediencia debida. Y si bien los jueces confirmaron los procesamientos, las excarcelaciones son un mensaje al resto de los juzgados. Entre los liberados está el entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Alfredo Hugo Vidal, famoso como Poroto Vidal y parte de la banda de Comisarios que a fines de los ‘80 secuestró a Mauricio Macri.

Para construir esta postura, Bruglia y Ballestero trabajaron tres argumentos. 1. Que la mayor parte de los policías no tiene antecedentes en otros casos; 2. que los policías pudieron no saber, porque las comisarías tenían un doble rol: uno legal y otro ilegal y clandestino; y 3. la falta de sistemática: que los tres hechos en análisis podrían ser aislados o salen de lo sistemático del plan criminal de la dictadura que contempló el secuestro, la tortura para obtener información y la desaparición. Y que no tenía como práctica –según los jueces– homicidios a cielo abierto. En sus palabras, “debe destacarse que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia”. También señalan, sobre la participación de los policías que, “de acuerdo al ‘doble rol’” de las comisarías, “la sola circunstancia de estar destinado en una dependencia legal donde paralelamente funcionó un centro clandestino no es el único aspecto del cual se pueda inferir el aporte de una persona al plan criminal, como así tampoco que su intervención concreta en un procedimiento lo sea en favor de éste”. Y subrayan: “En consecuencia, resultará relevante poder determinar que la participación de cada imputado en los acontecimientos no estuvo enmarcada únicamente en una actividad regular propia de la fuerza, sino que existió un ‘plus’ en cuanto al efectivo conocimiento de la ilegalidad de la orden”.

La causa tramitó en primera instancia en el juzgado de Daniel Rafecas, uno de los jueces más cuidadosos con las imputaciones. Es un análisis de tres hechos descubiertos en una primera investigación sobre los documentos de los Consejos de Guerra. En las tres casas se probó que los disparos provocaron la muerte de todas las víctimas cuando se encontraban indefensas, algunas de las cuales recibieron más de diez disparos y todas fueron fusiladas o rematadas. En los operativos intervinieron dos grupos de la Policía Federal Argentina: un grupo del Departamento de Sumarios -área operativa– de la Superintendencias de Seguridad Federal y otro grupo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la que dependían las comisarías. Para quienes trabajaron en la causa, la interpretación de Cámara es completamente nueva y muy rara. “Claramente las víctimas eran parte del colectivo que la dictadura había identificado como ‘subversivos’ y para ellos merecían ser objeto de la represión ilegal. Unos eran de Montoneros y otros del ERP”.

La decisión se conoció la semana pasada y generó un alto grado de preocupación entre querellantes. Primero, porque no está controvertida la prueba, dado que los homicidios están probados. Segundo, porque libera a quienes el abogado Pablo Llonto define como imputados de gravísima peligrosidad. Tercero, por el filón de la obediencia debida. En este caso, la resolución dice que no está claro que los policías sabían la entidad del hecho que estaban cometiendo. Pero ocurre poco después de un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que en septiembre absolvió a cuatro acusados luego de probar los hechos y declararlos de lesa humanidad pero considerar que los acusados cumplieron órdenes. Por último, este fallo preocupa por los posibles efectos en el cortísimo plazo. Leopoldo Bruglia, además de camarista con poder en ascenso en Comodoro Py, aún integra el Tribunal Oral Federal 5 a cargo del Juicio ESMA III. El megajuicio por los crímenes ocurridos en uno de los centros clandestinos más importantes del país culmina el próximo 29 de noviembre. Allí están en debate las responsabilidades de 54 personas por 798 hechos, y por primera vez se juzga responsabilidades de cinco imputados en los vuelos de la muerte. ¿Qué hubiese pasado en el juicio anterior si este criterio hubiese estado vigente con casos como el crimen de Rodolfo Walsh, asesinado en San Juan y Entre Ríos antes de llegar al centro clandestino? En este caso, los policías de la SM concurrieron a una de las casas luego de una orden emanada del Primer Cuerpo del Ejército. Los problemas no terminan ahí. La ESMA –como las comisarías y otras tantas estructuras operativas de la represión– también mantuvo una doble función en la dictadura. Mientras funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio permaneció abierta como escuela para suboficiales de la Armada. Lo mismo sucedió con estructuras de la Armada de las que dependió el abastecimiento de aeronaves. Por eso, todo esto significa que además de los enormes desafíos jurídicos que ya plantea este tramo del juicio por la falta total de sobrevivientes de los vuelos para probar las imputaciones de pilotos y navegantes, la sola invocación a una doble función podría estar anticipando la vocación de buscar todo tipo de argumentos para habilitar una lluvia de libertades o absoluciones.

Entre los liberados, además de Vidal, se encuentran: el oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspector Daniel Pablo Amarillo, sargento 1° Manuel Luis Ichicovich, los cabos 1ro. Juan Adolfo Ríos y Osvaldo Néstor González, Miguel Olarte y el entonces comisario Inspector Alberto Mattone.

miércoles, 25 de octubre de 2017

Comunicado de Prensa : Verdad y Justicia por Santiago Maldonado !

COMUNICADO DE PRENSA


Verdad y Justicia por 
Santiago Maldonado!

En el marco del estado de alerta y movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, a 3 meses de la desaparición forzada de Santiago y luego del doloroso hallazgo de su cuerpo en el río Chubut, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de trabajadores , de derechos humanos, y al pueblo en general a movilizarnos en forma conjunta el miércoles 1° de noviembre, en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país contra la impunidad y el encubrimiento del gobierno y para exigir verdad y justicia.


ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
24 de octubre DE 2017

Asamblea Pachamama Uruguay : "Todos somos Santiago"

JUEVES 26, HORA 8 AM: UNA PERFORMANCE POR SANTIAGO


En el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de DDHH en Montevideo, donde el jueves participarán altos funcionarios del gobierno argentino y familiares de Santiago Maldonado, realizaremos una performance bajo la consigna "Todes somos Santiago".

Concentraremos en Plaza 1º de mayo, contra Gral. Flores y Agraciada. Vestiremos de negro, con capucha si es posible, y portaremos máscaras con el rostro del compañero asesinado en Chubut. Como las máscaras se están "fabricando" en estas horas, solicitamos a quien desee sumarse nos confirme por privado a efectos de reservarle una.
La idea es que tanto los altos funcionarios del gobierno argentino (que tal vez vienen a Montevideo tranquilos por creer que este es territorio "neutral") como los familiares de Santiago, sepan que la solidaridad y la indignación ante el asesinato del compañero, trascienden fronteras y banderas.

La tierra se defiende y cada compañero es parte de ella!

Asamblea Pachamama Uruguay

viernes, 13 de octubre de 2017

La familia de Santiago Maldonado desmiente otra vez a los medios de comunicación

Ante las versiones que circularon en algunos medios de comunicación en el día de hoy, que indicaban que el celular y la mochila de Santiago Maldonado que tenía al momento de su desaparición estaban en manos de la familia Maldonado, mediante un comunicado desmienten tal versión y explican lo sucedido. 

Por ANRed Foto por Otra Ópticca

Ante las versiones que circulan en algunos medios de comunicación en el día de hoy, que indicaban que el celular y la mochila de Santiago Maldonado que tenía al momento de su desaparición estaban en manos de la familia Maldonado, mediante un comunicado desmienten tal versión y explican lo sucedido.

Comunicado de la familia Maldonado

Ante las versiones que circulan en algunos medios de comunicación en el día de hoy, creemos necesario expresar que pocos días después de la desaparición de Santiago, Sergio concurrió a la casa donde vivía su hermano y retiró algunas pertenencias personales de Santiago entre la que se encontraba una mochila de tatuador con elementos para tatuar y otras pertenencias.

Cabe aclarar que no es la mochila que Santiago portaba en el momento de su desaparición y la cual es motivo de investigación.

Asimismo le fue entregado un celular con el que Santiago se comunicaba con su familia, este teléfono solo contiene sms y llamadas que ya fueron analizadas en los primeros días de la investigación. Y no es el teléfono con numeración de Chile que portaba al momento de su desaparición.

Ni Sergio u otro familiar de Santiago fueron citados a declarar como testigos por el anterior magistrado a cargo de la causa.

En la primera oportunidad en que se le preguntó sobre este tema, en su declaración testimonial ante el Juez Lleral de la semana pasada, Sergio refirió esa circunstancia y el Juez le requirió que en el transcurso de esta semana esos objetos personales de Santiago sean llevados al juzgado para su análisis. Este compromiso se concretará en los próximas días.

Mayores detalles sobre el trámite de la causa al respecto serán suministrados por nuestra abogada.

jueves, 5 de octubre de 2017

Masiva concentración en plaza de Mayo a 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

 Al cumplirse dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la represión del 1º de agosto al Pu Lof Cushamen, que realizó Gendarmería Nacional hacia los integrantes de esta comunidad mapuce, compartimos nota con Sergio su hermano mayor, junto a las imágenes de la multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. Reproducimos el comunicado emitido por la familia del joven desaparecido, por el que se movilizan cientos de miles en todo el país y en muchas ciudades del mundo también, bajo la consigna 
¿Dónde está Santiago Maldonado? Por ANRed.

Multitudinaria concentración en Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también en más de 100 plazas de todo el país. En distintos horarios se realizan manifestaciones en otras partes del planeta.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas acompañan a la familia de Santiago a dos meses sin respuestas por parte del Estado y el Poder Judicial.

Mientras se llenaba la Plaza de Mayo, la pantalla del escenario reproducía adhesiones de personalidades de distintas ramas artísticas, de derechos humanos y familiares de Santiago.

También se pidió por la libertad de Milagro Sala ante la revocatoria de la prisión domiciliaria, por la libertad del referente wichí Agustín Santillán, detenido en Formosa, y por el lonko mapuce Facundo Jones Huala en Chubut y de todos presos/as políticos/as.

Con la llegada al palco de las Madres de Plaza de Mayo, integrantes de organismos de derechos humanos y los familiares de Santiago (Stella Maris Peloso, la madre visiblemente emocionada), comenzó a sonar la canción que Germán, uno de sus hermanos, le dedicó.

Palabras finales de Sergio Maldonado

Reproducimos comunicado de la Familia

Hoy se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante el operativo de la Gendarmería Nacional en la Pu Lof de Cushamen, en la Provincia de Chubut.

Agradecemos todas y cada una de las innumerables muestras de solidaridad y el apoyo de todas las personas, que en nuestro país y en el mundo , siguen reclamando día a día por la aparición con vida de Santiago.

El reclamo por la desaparición de Santiago no es un acto político ni partidario: es un grito por uno de los derechos más fundamentales, es algo que nos involucra a todos.

Durante estos sesenta dolorosos días, el Gobierno Nacional no nos ha dado ninguna respuesta sobre la pregunta que millones de personas se hacen: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.

El Ministerio de Seguridad ha desviado la investigación; a través de la Gendarmería ha hecho espionaje de forma ilegal sobre los familiares de Santiago, ha presupuesto hipótesis falsas y sólo ha intentado desprestigiar a Santiago y su Familia. Nunca se trabajó seriamente en investigar a la única fuerza de Seguridad que se encontraba el 1ro de Agosto en el lugar: La Gendarmería Nacional.

Esta actitud del Gobierno no hace más que reforzar la única hipótesis posible: la desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería Nacional.

Lamentablemente se han perdido dos valiosos meses en la búsqueda de la verdad. 
Por esto exigimos una respuesta urgente del Estado Nacional y la renuncia de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Seguiremos luchando por el profundo dolor que sentimos.

Aparición con vida de SANTIAGO,
VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO.

Transmisión en vivo desde plaza de Mayo: